Un aspecto fundamental de todas las contiendas de una justa deportiva, por ejemplo, como cualquier competencia, es que existan todas las condiciones de equidad para que los participantes se puedan desarrollan plenamente y ganen los mejores. Para ello existen reglas que los competidores deben de respetar ya que de lo contrario pueden incurrir en alguna falta que, dependiendo de la misma, puede significar, inclusive, la descalificación.
En elecciones funciona más o menos igual. Lo competidores se enfrentan en las campañas electorales los unos con los otros, hablando de candidatas, candidatos, partidos políticos, coaliciones y las y los candidatos independientes y coaliciones (alianzas formadas por dos o más partidos políticos). Esta competencia política tiene un objetivo fundamental: ganarse la simpatía de los posibles electores para que, si los convencen con propuestas acordes a sus necesidades, puedan votar por ellos el día de la jornada electoral.
Para la competencia electoral existen reglas denominadas leyes electorales que, tanto en el ámbito federal como en el local, establecen las normas de dicha competencia. Sin embargo, hay que decirlo, la propia normativa electoral, no termina del todo de dar garantías legales para que una contienda sea equitativa.
El árbitro de esa contienda es la autoridad electoral quien es la responsable de que los competidores se conduzcan con civilidad y, sobre todo, respetando las reglas electorales. Así, en el supuesto de que algunos competidores incumplan las reglas de la competencia, la autoridad electoral está obligada a imponer las sanciones que correspondan en proporción a la falta o faltas cometidas.
Un ejemplo de esto lo tenemos, ni más ni menos, en las organizaciones de ciudadanos que presentaron su solicitud para obtener su registro como partido político nacional y con ello poder competir en la próxima contienda electoral.
Hasta este momento son siete las organizaciones que siguen en la lucha para obtener su registro y que luego de acreditar diversos requisitos establecidos en la legislación electoral federal, la autoridad electoral ha realizado diversas revisiones que incluye:
· La verificación de validez de los registros de afiliados para descartar, en su caso, las afiliaciones indebidas;
· Que las organizaciones no hayan cometido actos prohibidos en la realización de sus asambleas como afiliaciones corporativas, que hayan recibido apoyos de gobierno, sindicatos, partidos políticos, entre otros.
· El análisis de la autoridad electoral de los reportes mensuales de ingresos y gastos presentados por las organizaciones.
Y justamente en este último supuesto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó recientemente diversas sanciones por un cúmulo de irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales de Ingresos y Egresos de las organizaciones sociales que buscan adherirse a los competidores electorales que ya todos conocemos.
El monto global preliminar impuesto a las siete organizaciones alcanza los 6.14 millones de pesos del periodo que comprende de enero de 2019 a febrero de 2020, justo el periodo en que estas organizaciones debieron realizar diversas actividades para cumplir con los requisitos y apoyos necesarios para buscar obtener su registro como partido político nacional.
Los montos desagregados por organización social se presentan a continuación:
Vale la pena indicar que en conjunto las siete organizaciones reportaron en sus informes mensuales un total de ingresos por monto de 113,391,044.41 pesos y gastos por 108,883,085.62 pesos.
Ahora bien, las lecciones que nos deja este proceso, al menos serían dos:
· La autoridad electoral está haciendo su trabajo como árbitro de la justa competitiva.
· Quedan a salvo los derechos de los actores políticos que quieran recurrir al juez electoral constituido en la figura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También este proceso nos permite ver que dichas organizaciones tienen mucho que construir si en verdad quieren ganarse un lugar como competidores en la justa electoral. De entrada, la imposición de sanciones es un referente de que algo hicieron mal y es una mala señal también para la ciudadanía que son los que definen con su voto que instancias deben o no estar en la arena política. Recordemos que, aún obteniendo su registro como partido político las organizaciones que en su oportunidad defina el INE, las mismas tendrán que demostrar en la contienda electoral, al menos que cuentan con una base sólida de electores del 3% de la votación.
Ahora vendrá en próximas semanas, la definición del INE respecto a que organizaciones acompañaran como partidos políticos, al resto de los competidores en la justa electoral, pero lo que queda claro es que en el cumplimiento de las reglas electorales tienen mucho que aprender estas nuevas organizaciones.
¡Hasta la próxima!