Gran parte de la ciudadanía ha experimentado la falta de empatía y eficacia de buena parte de la burocracia en la administración pública. Esta situación tiene múltiples causas: falta de mecanismos de evaluación del desempeño de cada persona y de las instituciones, sindicatos corruptos, la creación de numerosas estructuras extraordinarias ante la falta de resultados de las dependencias ordinarias, etc.
A este respecto resulta muy ilustrativo el comunicado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) publicado el 2 de junio pasado, donde informó que se le aplicará el recorte del 75 por ciento de gasto operativo determinado por el presidente López Obrador y ejecutado por la Secretaría de Hacienda.
El comunicado precisa efectos de los recortes que tienen que ver con gastos destinados a servicios generales, así como materiales y suministros:
· Una buena parte de quienes trabajan en la CEAV están contratados como eventuales o por outsourcing. Según el documento 60% del personal de sus oficinas en la CDMX trabaja bajo este régimen.
· No se contará con recursos para pagar renta de las oficinas, ni tampoco servicios básicos como teléfono, internet o agua.
· Tampoco se podrá cubrir la renta de computadores y servidores, lo que significaría perder información básica como el Registro Nacional de Víctimas e incluso el respaldo de los correos electrónicos de los trabajadores.
En el comunicado hay una lista larga de efectos negativos sobre los derechos de las víctimas.
Lo que aflora es la precarización del trabajo en la administración pública, pues buena parte de los empleados públicos están contratados como eventuales o mediante empresas de outsourcing, lo que supone negar a las personas trabajadoras sus derechos laborales.
Otra consecuencia que se hace evidente es que, al optar por no comprar bienes propios para el trabajo de las instituciones, todo se renta en favor de empresas que han encontrado un enorme nicho de negocios y, que por otra parte hace que las instituciones dependan en buena medida de terceros.
Sin duda que la precarización del trabajo en la administración pública tiene que ser revisada para hacer que las personas trabajadoras en la administración pública tengan empleos dignos y asegurados sus derechos laborales.
Parece posible que el recorte a la CEAV se revierta, lo que sería una decisión correcta para asegurar los derechos de las víctimas. Pero el recorte indiscriminado sigue siendo un problema, al cual habría que sumar la necesidad de una profunda reforma estructural de la administración pública.
Lamentablemente el decreto de austeridad del presidente López Obrador del pasado 23 de abril, lo que está haciendo es profundizar la precarización laboral en el sector público y acentuar la ineficiencia institucional.
El presidente es amante de las giras y del contacto con la gente, ocasiones en donde establece compromisos con personas y comunidades. La pregunta es ¿quién concreta dichas promesas si la administración pública se vuelve más inoperante?