Algunas personas aún piensan que el embate del gobierno federal contra los organismos autónomos es un roce político más, pero en realidad es algo serio, grave incluso: se trata de un atentado contra la democracia.
La intención de borrar los instrumentos que garantizan el acceso a la información del gobierno y la protección de datos personales, o las instancias que regulan las políticas de telecomunicaciones o la industria energética, responde al deseo de seguir concentrando el poder en unas cuantas manos, algo que se combatió por décadas.
Durante la llamada “presidencia imperial” solo existía una voluntad, la del “Señor Presidente”, y cuestionar sus decisiones se pagaba con un costo personal muy alto.
Por eso desde la sociedad civil y los partidos políticos de oposición se sostuvieron largas y difíciles luchas para acotar al poder, porque una acción del gobierno afecta en varios sentidos vidas y destinos de comunidades y regiones.
Así fueron creadas instituciones para la defensa de los derechos ciudadanos, que fueran más allá de los sexenios y que tuvieran participación de la sociedad. Sobre todo fueron blindadas ante el poder del gobierno, el cual sólo interviene al incorporar su presupuesto al de la Federación.
Pero la tentación de frenar a los organismos autónomos desde el gobierno es grande, en buena medida porque su actuación a menudo molesta al poder.
Pero ser incómodos al poder es casi una obligación de quienes por ley deben presionarlo, obligarlo incluso, a abrir sus puertas y revelar contratos, licitaciones, sueldos, políticas.
Es incómodo al poder en todos los niveles que un organismo ajeno le diga: “te estoy vigilando”.
Esta presión sobre los organismos autónomos no es nueva.
Han tenido encontronazos con los gobiernos de todos los colores casi desde su creación, porque fueron creados para enfrentar la voluntad absoluta y convertirla en consenso, aunque a veces el gobierno no quiera.
Con las solicitudes de acceso a la información pública, los periodistas mexicanos han hecho investigaciones que revelaron esquemas de corrupción que incluso fueron usados como discurso electoral por Morena para ganar la elección y establecer el régimen actual.
Quizá por eso precisamente, porque se sabe del poder que implica su actuación de contrapeso y vigilancia, es que ahora el gobierno federal arremete contra los organismos autónomos.
Quizá también sea que, en una visión electoral, los organismos autónomos les estorban, porque limitan al poder, lo exponen ante la opinión pública, y son la llave para que todos sepamos lo que se hace dentro del gobierno.
Quizá por eso los quieren desaparecer.
Las y los ciudadanos, los partidos representados en el Congreso de la Unión, tenemos la obligación con nuestra patria de defender a los organismos autónomos. Son el garante de nuestros derechos y hoy están bajo ataque. Actuemos ahora para no lamentarlo después.