La participación de la sociedad civil es y ha sido un elemento sustancial en las nuevas relaciones entre el gobierno y la sociedad. En Hidalgo, varias mujeres, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, con distintas estrategias han logrado espacios de diálogo, la aprobación de distintas leyes, la creación del tipo penal del feminicidio en 2013 y los protocolos de investigación de este delito en 2015; y ahora la actualización del mismo, bajo estándares internacionales y nacionales dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta actualización se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 15 de enero de 2022 con el título “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio”, mismo que tiene una serie de novedades que abonan a la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de este delito.
Las innovaciones radican en que todas las muertes violentas de mujeres se investigarán como feminicidios; se deberá garantizar la perspectiva de género en todas las diligencias de la investigación pericial e incluso en el resguardo de la evidencia por los primeros respondientes; se establecen procedimientos claros de tipo social y antropológico evitando la revictimización.
Uno de los aspectos más innovadores del “Protocolo” es la Creación del “Comité de evaluación y seguimiento del procedimiento de investigación ministerial, policial y pericial en casos de muertes violentas de mujeres”. En este protocolo se coloca de manera imperativa la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Este protocolo garantiza que haya un mecanismo de comunicación e incluso de representación de las víctimas ante las investigaciones ministeriales en los casos de muertes violentas de mujeres. Por eso, las víctimas y sus colectivos necesitamos estar más organizadas, más articuladas, para conocer las barreras que se hallan en el sistema de procuración de justicia y de justicia penal, para que el Comité cumpla con sus tareas.
Que las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las víctimas, sus colectivas (os), así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos estén en este Comité permitirá que haya más transparencia en todos los procesos de investigación. Además de la rendición de cuentas, es decir, el cumplimiento desde las instituciones hacia la sociedad. Su trabajo estará vigilado por personas que representen a las víctimas.
La función principal del Comité es conocer los obstáculos para la implementación del “Protocolo”, así como hacer recomendaciones para mejora en la investigación y acreditación de las razones de género en los casos de feminicidio. Por lo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil se hará en función de su experiencia y conocimientos, ya que existirá la oportunidad de que se emitan opiniones técnicas, que se analicen, lo que llamamos “casos paradigmáticos” cuando éstos tienen una trascendencia social.
El fin último de que la sociedad civil, en sus distintas expresiones participe en este Comité, es que las víctimas accedan al ejercicio de sus derechos, a que sean tratadas con humanidad y respeto, que tengan información, que reciban asistencia de manera rápida y efectiva. Pero, sobre todo, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.
Sea este espacio, el llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a las víctimas y sus colectivos para generar mayores espacios de comunicación, de articulación, de profesionalización, de escucha y de propuesta. Con el “Comité” hay mucho camino por recorrer.