La semana pasada luego la reunión de los titulares de la SEP y de la SEGOB, con representantes de la beligerante Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se levantó el bloqueo a la Cámara de los Diputados en medio de expresiones triunfalistas por parte de los secretarios de estado, del líder de la mayoría parlamentaria y del presidente de la Mesa Directiva, sobre el valor del diálogo y los acuerdos.
Al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta a qué acuerdos llegaron sobre la Reforma Educativa, lo que sí quedó claro es que los artífices del bloqueo lo levantaron bajo “alerta máxima” y señalaron con toda claridad que regresarían para hacer valer sus ilegítimas pretensiones en torno al control de plazas y privilegios laborales. La llamada “alerta máxima” debe ser una “alerta democrática” sobre el riesgo objetivo para la vida institucional y el Estado de Derecho.
Como era de esperarse, en las últimas horas diversos contingentes de éste grupo de presión tomaron nuevamente las instalaciones de la Cámara con un simulacro de bloqueo, sin que las autoridades capitalinas o del gobierno federal hicieran nada por impedirlo; esto a pesar de la petición expresa que hiciera el presidente de la Mesa Directiva para generar condiciones de orden para el acceso y pleno funcionamiento de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 61 constitucional y de la Ley Orgánica del Congreso que facultan al Presidente de la Cámara para velar por “el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.
Ante la omisión de las autoridades, el Poder Legislativo y de manera especial la Cámara de Diputados, ha quedado como rehén de un grupo de presión que ha paralizado no sólo el proceso legislativo de la pretendida contrarreforma educativa; sino además un sinnúmero de asuntos fundamentales para la vida institucional y democrática del país.
Esto es inaceptable por donde se le vea. El bloqueo a la Cámara de Diputados es un desafío que pone en riesgo el sistema democrático y nos pone al borde de un estado de excepción.
Aunque parezca increíble, esta delicada crisis institucional es un problema de fondo que amenaza al sistema democrático, la división de poderes y a las instituciones; y pone en segundo plano la discusión sobre la Reforma Educativa, de la cual depende el futuro de millones de niños, niñas y jóvenes a quienes se les está negando el derecho de recibir educación de calidad.
Esta situación es delicada porque todos sabemos que nuestro país enfrenta una “emergencia educativa” como lo demuestran las pruebas internacionales como la prueba PISA de la OCDE 2015, donde México quedó en el lugar 58 de 72 países evaluados, estando por debajo de todos los países miembros de la OCDE y de países latinoamericanos; o el Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial que colocó al sistema educativo mexicano en el lugar 108 de 137 países examinados.
A su vez, hay un enorme rezago entre los niños de escasos recursos y los niños de mayores recursos, no sólo en cuanto a las dificultades para acceder a la educación sino que aún accediendo a ella hay evidencias de que tienen un retraso académico de dos años respecto de los niños que viven en zonas con mayor desarrollo.
Uno de los temas centrales que llevó a la Reforma Educativa del 2013 fue la recuperación de la rectoría del Estado mexicano sobre el sistema educativo nacional, el cual estaba en manos de los sindicatos quienes controlaban plazas, ejercían una serie de privilegios y mantenían estructuras clientelares y corruptas al margen de cualquier sistema de evaluación. Regresar a esa vieja estructura representaría una involución educativa.
Tratándose de la educación, el criterio que debería de regir la discusión es el principio del Interés Superior de la Niñez a recibir educación de calidad, sin menoscabo ni detrimento del respeto a los derechos de los maestros mexicanos como artífices del proceso educativo.
Ante la incertidumbre del debate educativo y de la posición que adoptarán las autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México para dar garantías de seguridad que permitan el funcionamiento del Poder Legislativo, es preciso hacer un llamado reiterado a todas las autoridades involucradas para dejar de lado cualquier posición que sugiera que hay un desprecio al Poder Legislativo o peor aún, una estrategia de debilitamiento del Congreso ante una pretendida preponderancia del Poder Ejecutivo.