Estamos justo a un año de que se celebren las elecciones más complejas en la historia de nuestro país, ya que el primer domingo de julio de 2018 se disputarán poco menos de 3 mil 500 cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal entre los que se encuentran la Presidencia de la República, 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las 500 diputaciones federales, los 128 escaños en el Senado además de alcaldías y diputaciones locales en 30 entidades.
El reto organizacional para las autoridades electorales -que han sido objeto de fuertes cuestionamientos- es enorme, y las condiciones políticas, económicas y sociales en que se van a celebrar distan mucho de ser las mejores. La inseguridad, la corrupción, el mediocre desempeño económico así como la consecuente precariedad -y angustia- en que sobreviven día a día millones de familias han provocado una gran irritación social. En 12 meses todo puede pasar y, como lo revelan las recientes experiencias internacionales en España, Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia, la creciente inconformidad ciudadana y profunda desconfianza que enfrentan los partidos políticos nos pueden llevar a escenarios imprevisibles, pero probablemente muy competidos.
En este momento la discusión gira en torno a la necesidad de instaurar una segunda vuelta para que el ganador cuente con una sólida base de apoyo del electorado y por tanto la posibilidad de encabezar un gobierno fuerte -aunque a estas alturas se antoja imposible desde el punto de vista jurídico, legislativo y operativo-, así como la pertinencia de impulsar un frente opositor que ha generado un amplio debate con posiciones muy encontradas.
Lo que parece claro, es que las fuerzas políticas tradicionales tienden a alinearse en tres bloques que incluso podrían llegar a ser cuatro: el primero que encabeza el PRI y que representa la continuidad del gobierno y del sistema; el de López Obrador que ha buscado posicionarse -hasta ahora con éxito- como el anti-sistema, y el tercero que aún no está del todo definido por las negociaciones que se están llevando a cabo principalmente entre el PAN y el PRD.
En este último caso, si no se concretara el frente opositor, aparentemente Acción Nacional cuenta con la fuerza suficiente para constituirse por sí mismo como una opción electoral competitiva, en tanto que el PRD tendría que explorar la viabilidad de conformar una alianza de “izquierdas” con Movimiento Ciudadano y organizaciones sociales, decidir si postula candidato propio con el riesgo de que su participación sea marginal, o pasa por alto los calificativos que le ha endilgado López Obrador y se suma en su apoyo.
Además, no se puede descartar la posibilidad de que surja con fuerza una candidatura independiente -como podría ser la de Emilio Álvarez Icaza y su movimiento “Ahora” o la de Armando Ríos Piter-, que logre posicionarse como una alternativa ciudadana y se convierta en el vehículo que canalice el descontento social. Por lo pronto, la guerra de encuestas está en su apogeo, cada uno de los y las aspirantes despliegan sus estrategias y tratan de aprovechar cualquier espacio para posicionarse, pero más allá de los lugares comunes a los que recurren todos, no hemos conocido un solo planteamiento interesante que intente buscar soluciones a los problemas del país o responder a las preocupaciones de la gente. Ojalá entiendan que, en esta ocasión, difícilmente les van a funcionar las fórmulas de siempre.