Consultas y derechos humanos
La noche del primero de julio, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Instituto Nacional Electoral reconociera que las tendencias de la votación lo favorecían, afirmó que atenderá sobre todo a los más humildes y olvidados; de forma especial a los pueblos indígenas de México.
En un contexto de alta conflictividad extendida por todo el país, es pertinente recordar uno de los temas más complejos que están relacionados con los derechos de las colectividades originarias: el de ser consultadas previamente frente a cualquier acción que pueda llegar a afectarles.
Esta problemática no es menor, en el país existen cientos de proyectos en los cuales están involucrados tanto empresas e instituciones gubernamentales en las que se han tomado decisiones contrarias a los intereses y los derechos de comunidades y pueblos indígenas, dando como resultado que, hasta ahora, ningún proceso de consulta se considera exitoso.
Infraestructura
Incluso a nivel global, diversos organismos han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos, tan graves como asesinatos y desapariciones, relacionados con la planeación y operación de proyectos de desarrollo e infraestructura, a pesar de existir normatividad de origen nacional e internacional que señala los requisitos que deben observarse para respetar el derecho de los pueblos a tomar decisiones frente a estos emprendimientos.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un documento denominado Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia (mismo que fue publicado en 2014) ha realizado una serie de recomendaciones para abordar los casos derivados de conflictos relacionados con la industria minera, petrolera, con la construcción de presas (ya sean hidroeléctricas o para almacenamiento de agua), trasvases hídricos, autopistas, vías urbanas, grandes proyectos inmobiliarios, turísticos, eólicos o de liberación de transgénicos. Todos estos proyectos generalmente se imponen en los lugares para beneficio de sus promotores y con la complicidad de las autoridades gubernamentales.
Defensa indígena
Afortunadamente, los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas han estado respondiendo (no siempre con éxito por las agresiones recibidas) a estas violaciones accionando las vías jurídicas (administrativas o judiciales) para intentar detener las afectaciones a sus recursos y a sus espacios vitales, fundamentados en su derecho a la libre determinación; sin embargo, dichas estrategias reivindicatorias están inmersas en relaciones de poder profundamente desiguales entre las empresas y las comunidades, lo que se agrava con la escasa o nula presencia e intermediación del Estado, cuyos operadores llegan en la mayoría de los casos, a tener una abierta alianza con los llamados “poderes fácticos”.
Cambiar la manera en que los funcionarios gubernamentales o estos poderes de hecho, han actuado frente a estos conflictos, será todo un reto para la nueva administración, pues implicará dejar de considerar a los colectivos indígenas como objetos de políticas y de decisiones que se toman desde afuera de sus comunidades; pasando por alto sus necesidades, sus prioridades y sus propias concepciones de desarrollo.
Quienes hemos atestiguado estos esfuerzos de defensa indígena, anhelamos un actuar gubernamental que NO promocione o justifique bajo el argumento del “progreso”, de generación de empleos, o del llamado “desarrollo”, enmascaradas afectaciones a los pueblos y de rendimientos que son trasladados fuera de las comunidades.
Compromisos
El compromiso del gobierno de AMLO deberá llegar hasta hacer respetar la relación primordial que los indígenas tienen con su territorio y los recursos naturales que se encuentran en él; atendiendo los mandatos de ley y las diversas resoluciones que la SCJN ha emitido y que establecen las características que deben ser observadas en estos procesos de consulta.
Implicará para los encargados gubernamentales, comprometerse con los pueblos y las comunidades para iniciar o reactivar procesos de consulta antes caracterizados por:
a) Constantes desacuerdos y miradas enfrentadas a partir de distintas concepciones de lo que es el desarrollo y el progreso.
b) Visiones discriminatorias que terminan por obstaculizar a las comunidades la toma de decisiones sobre sus bienes y espacios, cuando el derecho a la consulta surgió con el objetivo de poner fin a la exclusión histórica que los pueblos han sufrido.
c) Falta de reconocimiento de que los bienes que se disputan (su uso, la propiedad y la posesión) han sido reconocidos o titulados con anterioridad a los pueblos y comunidades que los reclaman.
d) Parcialidad gubernamental a favor de los proyectos, contrariamente al deber que tiene la autoridad de proteger y fortalecer la autonomía de los pueblos.
e) Consideraciones en las que el derecho a la consulta es un obstáculo para el desarrollo de proyectos o, peor aún, un instrumento para legitimar la violación a los territorios indígenas al ser burocratizada y concebida como trámite administrativo del “debido proceso” y no como un mecanismo de protección de derechos sustantivos, como es la libre determinación, la autonomía y el derecho al territorio.
f) Ausencia de mecanismos que intenten igualar el desnivel de poder y de recursos entre las empresas y las comunidades indígenas.
g) Inaplicación de los principios de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
A este complejo panorama de violaciones a los derechos colectivos de los pueblos originarios, se enfretará el gobierno de AMLO. Esperemos que logre abandonar la posición equívoca que mantuvieron los anteriores gobiernos a favor de los intereses de las empresas para cumplir con sus obligaciones constitucionales y compromisos formulados desde su campaña en relación a proteger a los grupos históricamente excluidos, promoviendo la igualdad, la autonomía y su participación plena.
Una preocupación final: Considero como una pésima señal el anuncio hecho en varios medios (entre ellos en El Financiero) sobre el plan de AMLO de crear la Secretaría de Minería, cuando para la atención de los pueblos indígenas habrá sólo una coordinación dentro de la Secretaría de Desarrollo Social.