En su concepto más puro, sano y natural, el Informe de Gobierno que año con año realiza el Ejecutivo federal tiene la finalidad de efectuar un ejercicio de rendición de cuentas sobre el esfuerzo realizado por la administración para hacer de México una sociedad de derechos.
Además, se dan a conocer las decisiones y medidas tomadas, en esta ocasión entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, según lo manda el artículo 69 de la Constitución y el 6 de la Ley de Planeación, por lo que los legisladores recibieron el 1 de septiembre, de manos de Adán Augusto López, el informe por escrito de Andrés Manuel López Obrador.
Estamos a mitad de sexenio y el Ejecutivo federal realizó “ajustes” en su gabinete con miras al cierre de su gobierno (2024); aunque bien podría ser un simple “juego de sillas” con los mismos personajes, pero en otros puestos.
La administración de López Obrador comenzó con esperanzas tras doce años de la búsqueda de la Presidencia de México, con un discurso sobre la eliminación de la corrupción, bajar los índices de la violencia, mejora en el sistema de salud, educación, y una descentralización de las dependencias gubernamentales, y promesas por crecer entre 4 y 6 por ciento en PIB.
Con una acumulación de poder, no ha alcanzado a realizar sus reformas ni a afianzar las políticas de la llamada 4T, con un enfrentamiento directo con los medios de comunicación, con los empresarios y, sobre todo, con la clase media del país.
El reto para los próximos tres años será titánico, bien parece que estamos ante un sexenio fallido, donde de todo lo prometido no se ha logrado consolidar nada. ¿Se logrará consolidar la 4T?
Tiempo al tiempo.