La difusión de la detención de un funcionario de la policía municipal de Puerto Vallarta por abuso sexual infantil y de la cuestionable decisión del juez que ha provocado la indignación de la sociedad, nos recuerda el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente las mujeres en nuestro país, que es aún más preocupante en el caso de las y los menores de edad, así como las serias deficiencias de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
El pasado 26 de julio se descubrió al jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Pública de esa ciudad turística, adentro de su coche con una niña de 10 años sin ropa, quien declaró que le había tocado sus partes íntimas. Sin embargo, hace unos días el juez de control Jorge Solís Aranda determinó que únicamente se le procesaría por abuso sexual infantil desechando la acusación por corrupción de menores, lo que abría la posibilidad de que Luis Alonso N siguiera su proceso en libertad. El argumento que presentó Solís Aranda en la audiencia de vinculación para sustentar su decisión es brutal: “no hay corrupción de menores porque la menor no sintió placer y por tanto no fue corrompida”, lo que cuando menos muestra una actitud misógina de este juez que paradójicamente estaba adscrito al Centro de Justicia para Mujeres.
Afortunadamente la presión social provocó la intervención del gobernador, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco e incluso del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el pederasta seguirá en prisión preventiva, se suspendió al juez para investigarlo y se congelaron sus cuentas bancarias para revisar si hay movimientos irregulares. También habría que indagar si Luis Alonso N fue sometido a exámenes de confianza antes de ingresar a la corporación policial, o cuáles fueron los criterios para que alguien como Solís Aranda fuera asignado a un área que demanda especialización, así como gran sensibilidad y compromiso.
Por el momento, es difícil asegurar que se trata de un juez corrupto o que el agresor sexual está relacionado con redes de pederastas o trata de personas -como sospechan activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres quienes al parecer detectaron que el acusado se movía por las zonas en donde operan estas redes de pornografía y turismo sexual infantil que han proliferado en Puerto Vallarta-, pero sin duda hay una inadmisible cadena de errores que no se deben pasar por alto pues en el mejor de los casos evidencian negligencia e incapacidad, pero también reflejan que sigue predominando la cultura patriarcal.
Gracias a que el depredador sexual fue detenido en flagrancia, a la gran visibilidad que ha tenido este caso y a la movilización de la sociedad es que se ha podido evitar que quedara impune a pesar de las pifias de la Fiscalía o de la muy cuestionable actuación judicial. Pero lamentablemente se trata de una excepción pues en la mayoría de las ocasiones el desenlace es muy distinto. Las víctimas no denuncian ante el temor de enfrentarse a su agresor, a sus mismas familias que muchas veces no les creen, y a un sistema de justicia que las revictimiza por la falta de capacitación de policías, ministerios públicos, peritos y jueces que desconocen los protocolos de actuación como el que emitió la SCJN o las Directrices de la ONU sobre la Justicia para Niños Víctimas y Testigos del Delito ignorando el principio de máxima protección y el interés superior de la niñez, así como la corrupción y redes de complicidad que protegen a los pederastas. Es urgente que desde el gobierno, fiscalías, el poder judicial y la sociedad se mande un mensaje contundente de que a las niñas -y niños- no se les toca.