Como cada año, el primer sábado del mes de noviembre Pamela acudió al Soul Tech Festival, que se celebra en un terreno cercano a la carretera Picacho Ajusco, para disfrutar de la música electrónica que se oferta en el festín. Había juntado el costo de su entrada con lo que percibía como mesera en un restaurante ubicado debajo de su casa.
De 23 años, acudió con amigos y su novio, Jesús. Sus padres sabían que se iría el sábado y regresaría el domingo por la tarde, pues el festival dura más de 24 horas. Ya entrada la tarde dominical, la mamá de Pamela se extrañó de que aún no hubiera llegado por lo que le marcó al teléfono. El novio de su hija le contestó y le dijo que ya iban en camino.
En la madrugada, al ver que no llegaba Pamela, sus padres le volvieron a marcar al novio, quien les dijo que se le había perdido y no había sabido nada de ella porque se disgustaron. La última vez que la vio fue formada en una fila de camiones que regresaban al público asistente a zonas más céntricas de la ciudad de México.
Según el testimonio de Jesús, después de discutir se fueron a formar para tomar un autobús y regresar, pero él recordó que habían olvidado una silla plegable que llevaban y decidió regresar por ella al área del festival. Una vez que regresó a las filas para los autobuses se dio cuenta que Pamela ya había partido y tomó un taxi para intentar alcanzar los camiones pero la detención para una revisión del taxi en un retén en la carretera le impidió lograrlo.
Ante la ausencia de Pamela, su madre y padre recurrieron al Ministerio Público y a otras instancias como el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), pero tras 15 días sin recibir alguna noticia, decidieron emprender la búsqueda por su propio pie en las zonas aledañas.
A un año de los hechos, la madre de Pamela, junto con otros familiares y apoyo de organizaciones como el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, se apostó el pasado 5 de noviembre en la entrada de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para exigir la investigación del caso.
Recuerda que las autoridades le han dicho un sinfín de comentarios como que ya le dé vuelta a la hoja, que no hay recursos para emprender la búsqueda o que su caso no es el único. Además de tardar más de un mes para que se le otorgara la calidad de desparecida a Pamela, cuando habría tenido que ser a más tardar en 72 horas.
Sin embargo, con la vista vidriada por lágrimas y una voz que se debilita palabra tras palabra, asegura que todos los días está preocupada por saber si Pamela ya comió, ya desayunó, si la golpean, o incluso, la violan. Y enardecida porque 365 días después, en la procuraduría le dijeron que seguirán trabajando en su caso.
El caso de Pamela no es único. A las puertas de la dependencia capitalina también llegó Gerardo Herrera, padre de Itzel Herrera Zuñiga, de 16 años, quien desapareció el pasado 20 de octubre, a media noche, después de acudir a una fiesta por la colonia San Simón Tolnahuac. Le reportó ante Capea pero ni le han hablado a ya casi cuatro semanas de los hechos ni les han entrevistado. Lo único que obtuvo aquella tarde fue la promesa de abrir su expediente.
Y familiares de Sarai Maricarmen López Pérez, de 14 años, de quien se supo por última vez el pasado 26 de agosto. Su madre recuerda que el 25 de octubre, Sarai estaba muy inquieta, “como si algo quisiera decirnos”, pero no lo hizo, y por la noche fue sustraída de su habitación. El principal sospechoso, Abel, un ex empleado de sus padres, quien era chofer particular y ahora trae su carro con placas falsas.
La madre de Sarai externa su coraje porque a pesar de que le ha contado a las autoridades ministeriales que Abel acosaba a Sarai, al grado de seguirla a todas partes y en muchos momentos. Sospecha que la amenazaba con algo y por eso su hija estuvo inquieta y la noche que desapareció no ofreció resistencia, estas no lo han detenido cuando se presenta a declarar.
A lo largo del año, una red de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas bajo el nombre de Comité Alerta CDMX, ha exigido la declaratoria de la alerta de género en la ciudad y ha documentado que en el caso de las mujeres, niñas y jóvenes desaparecidas, el personal de los servicios de justicia no está capacitado en la materia ni utiliza los protocolos vigentes como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.