El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reconocía, a nivel federal, que las mujeres podían ser electas y votar para cualquier cargo de elección federal.
Ese día conmemoramos, no celebramos, el voto de las mujeres en México, aunque es cierto también que a nivel local este derecho se ejerció de manera previa a la esfera federal, en el que las mujeres ya votaban y habían resultado electas para ocupar espacios en los congresos locales.
Esta misma semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis, culminó un trabajo de más de una década, en el que los derechos políticos de las mujeres han avanzado de forma decisiva y definitiva en nuestro país. La Corte estableció que la equidad de género horizontal debe aplicarse de manera obligatoria en la integración de los ayuntamientos, cuestión que de manera arbitraria fue eliminada de la reforma constitucional de 2014.
La Corte cambió el criterio que había mantenido de 2014 a la fecha, en el que no reconocía como obligatorio el principio de paridad de género a nivel municipal, sino que dejaba a la libertad configurativa de los congresos estatales la determinación sobre su aplicación para resolver, en definitiva, que el principio de paridad es obligatorio a nivel municipal en sus dos dimensiones, vertical y horizontal.
Este año también será recordado como el año de la paridad total, reforma constitucional que fue aprobada este año, 66 años después de la publicación del decreto por el que reconocemos este día como el del voto a las mujeres en México. Esta reforma, la paridad total, hace obligatorio el principio de paridad en la integración de los tres poderes del estado y de los organismos autónomos a nivel federal y en todas las entidades federativas. El siguiente paso, será constatar que la legislación secundaria aplica este principio así como su estricto cumplimiento en todos los niveles de gobierno.
Ninguna ley ni reglamento prohíbe que una mujer sea presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas pero hasta ahora, en 2019, la primera mujer llegó a ese cargo y dos mujeres están al frente de las dos cámaras del Congreso de la Unión, cuestión inédita en nuestro país. Este año también será recordado por esto.
La conmemoración en este día, nos lleva a analizar la situación de las mujeres respecto al ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Constitucional y legalmente somos uno de los países más avanzados en el mundo; el Congreso de la Unión está entre los primeros 3 en el mundo con el mayor número de mujeres en ese espacio, alcanzando la paridad de género. A nivel estatal, el avance ha sido evidente con congresos locales integrados por mayoría de mujeres, superando la paridad. La integración de mujeres en los ayuntamientos también se ha elevado, aunque sigue estando por debajo del 25 por ciento.
El problema no son las leyes y garantías constitucionales, el problema es cultural, de educación y de Estado de Derecho. Cuando un país tiene funcionarios públicos locales y federales que violentan públicamente a las mujeres y a sus derechos y que, además, no reconocen la violaciones flagrantes que comenten contra los derechos de todas las mujeres en nuestro país y asumen las consecuencias de sus actos, renunciando, por ejemplo, o con la imposición de una sanción. Cuando todos los días somos testigos de la discriminación y la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos y privados; cuando no se toman políticas y acciones contundentes para evitar que 10 mujeres al día mueran en nuestro país en condiciones violentas. Cuando simple y llanamente la ley no se cumple, es claro que estamos muy lejos de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y de la aplicación estricta de la norma que garantice a las mujeres la vida, la integridad y el ejercicio pleno de sus derechos.
A 66 años del reconocimiento de un derecho político electoral para votar y ser electas, lo que queda claro en nuestro país es que tenemos que seguir cada día defendiendo y luchando por el pleno ejercicio de cada uno de nuestros derechos, comenzando con el de la vida, para conseguir una sociedad igualitaria y un Estado que proteja y garantice que las personas, independientemente de su género, cumplan el plan de vida que se han trazado.