Hidalgo (La Silla Rota).- Por ocho meses, el gobierno de Hidalgo –a cargo de Omar Fayad Meneses– ha violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado– al omitir dar respuesta a solicitudes sobre gastos publicitarios, contratos a empresas y métodos de adjudicación, así como declaraciones patrimoniales. No obstante, el órgano local, encargado del cumplimiento de la normativa, afirmó que el Poder Ejecutivo no puede ser sancionado por esta evasión, aunque no negó la transgresión sistemática a la ley.
La Silla Rota acumuló ocho solicitudes de información, realizadas entre el 28 de mayo y el 25 de septiembre de 2017, sin respuestas, las cuales, con base en los términos legales, debieron ser entregadas en un plazo máximo de 20 días hábiles.
A través del folio 00619017, registrado en el sistema Infomex Hidalgo el 13 de septiembre, solicitó los contratos otorgados por el gobierno de Fayad a Javier Arturo Aguilera Peña y/o a la empresa producciones Autica, proveedora de la campaña a la gubernatura del priista, la cual fue favorecida con tres adjudicaciones directas por 67 millones 14 mil 799 pesos en los primeros ocho meses de la actual administración, pese a una restricción legal que obliga a que servicios u obras que superan los 70 mil pesos se sometan a licitación pública.
La firma provee sonorización, montaje, iluminación y producción de los eventos del mandatario y, además de las ganancias en los primeros meses, también participó en el festejo del último Grito de Independencia, que costó 13 millones 629 mil 999 pesos y contó con la actuación del cantante puertorriqueño Wisin y la banda Trakalosa de Monterrey, cantidad superior al subsidio anual a ocho universidades públicas, con base en el Presupuesto de Egresos del Estado, publicó La Silla Rota en su edición del 10 de noviembre.
No obstante, el resto de los convenios signados no han sido proporcionados ni están disponibles en el informe anual de adquisiciones que debe realizar el gobierno en su portal de transparencia, actualizado, en este rubro, hasta 2016.
Otro ejemplo es el folio 00648017, del 25 de septiembre, mediante el cual se requiere el gasto en publicidad para promocionar el primer informe de gobierno, por ejemplo, en medios digitales de la plataforma Google (Search, YouTube, Enterprise y Medios de Comunicación digitales), medio impresos y audiovisuales, omitido después de cuatro meses.
Dos casos más son los informes patrimoniales que presentaron exfuncionarios implicados en posibles actos de corrupción y los obsequios recibidos por Fayad Meneses y su gabinete, así como sus remitentes.
El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, Mario Ricardo Zimbrón Téllez, reconoció que es una violación a la ley que un sujeto obligado evada estas responsabilidades; no obstante, expuso que no es posible iniciar un procedimiento contra él.
Expuso que los ciudadanos a quienes se restringe este derecho tienen diez días, después de que vence el plazo de 20 para la contestación, para promover un recurso de revisión; sin embargo, el portal Infomex no tiene esta opción disponible, sino hasta que existe una respuesta.
En estas situaciones, planteó, deben acudir presencialmente; no obstante, al sujeto obligado que no respetó los tiempos, insistió, no puede tener ninguna amonestación por estos casos, porque, acotó, la ley no lo prevé.
Aunque un ente público pueda evadir la respuesta y si en diez días no se presenta un recurso, que no está disponible en la página, el procedimiento en contra no es aplicable, el comisionado no consideró que la ley sea permisiva ni que tenga vacíos por subsanar.
“Vayan preparando su preguntita de transparencia”
El 20 de diciembre, durante la puesta en marcha del Plan Invernal 2017, el gobernador Omar Fayad dijo: “vayan preparando su preguntita de transparencia” a quienes calificó como “lenguas viperinas, insidiosas”, tras revelar el monto del pago del reguetonero Wisin, la Trakalosa y la conducción de Araceli Ordaz, Gomita, y sus hermanos, los comediantes Lapicito y Lapicín.
Lo anterior, sugirió, para cuestionar sobre los gastos por las festividades decembrinas, en las cuales intervino la empresa Autica –y hay solicitud omitida al respecto–, que obtuvo contratos desde su campaña a la gubernatura.
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia expuso que cuando se realiza una solicitud, el sujeto obligado no debe hacer del conocimiento quién la realiza, porque esto lo pondría en vulnerabilidad, además de violar la secrecía en cuanto a datos personales. Asimismo, coincidió, el saber quién cuestiona puede propiciar que se hagan contestaciones electivas, lo cual, remarcó, no debe ocurrir.
“Eso no se debe difundir (la identidad). Quien solicitó no se difunde, porque a la solicitud de información se le asigna un folio y a ese nos atenemos. Podría suscribir la información con cualquier nombre debe darle salida, eso no es optativo”, dijo.
El Instituto, indicó, no tiene registro de ningún procedimiento contra sujetos obligados por incumplir con la normativa.