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Vinculan a proceso a cuatro funcionarios del INE

Se les acusa por el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al otorgar un contrato por 105 millones de pesos, del cual sólo se pagaron 15 millones

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Cuatro integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron vinculados a proceso por el delito de uso Indebido de Atribuciones y Facultades previsto en el artículo 217 Fracción I, Inciso D del Código Penal Federal al otorgar un contrato por 105 millones de pesos, del cual sólo se pagaron 15 millones.

“El órgano institucional, dependiente de la Fiscalía General de la República, acreditó ante el Juez, la probable comisión del delito referido, luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, presentara una denuncia ante esta FGR, debido a una licitación pública que dio origen a un contrato por parte de dicho Instituto, el cual fue anulado por el mismo OIC, en agosto del 2019”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el expediente, las cuatro personas vinculadas a proceso son: Bogart Cristobal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Miguel Ángel Romero Castillo, Subdirector de Servicios; José Carlos Ayluardo Leo, Director de Recursos Materiales y Servicios y Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones.

“Se les impuso la medida cautelar de presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la vigilancia del OIC del INE, con relación al contrato en controversia”.

SIGUEN EN FUNCIONES

El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo conocimiento de un procedimiento abierto contra cuatro funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), a partir de una acción interpuesta por el Órgano Interno de Control (OIC) de la institución.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –ante la que el OIC interpuso la acción-, pidió la suspensión de los cuatro funcionarios; el juez no la concedió y otorgó un plazo de seis meses para verificar si las imputaciones tienen lugar. Mientras tanto, priva la presunción de inocencia de los funcionarios como el mismo juez lo señaló en la audiencia.

El OIC no ha informado si la investigación sobre el caso ha concluido y si hay lugar a alguna responsabilidad administrativa.

rgg