El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó de la administración de Enrique Peña Nieto 79 mil 357 elementos de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno que no son aptos para laborar en sus puestos de trabajo al carecer de controles de confianza vigentes.
Ello representa el 19.6% del total de los elementos que trabajan en instituciones de seguridad pública.
Según el último reporte de la “Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de Seguridad Pública” elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 403 mil 428 funcionarios que laboran en Secretarías de Seguridad Pública, Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, en el Instituto Nacional de Migración (INM), así como del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), sólo 324 mil 70 tienen vigentes las evaluaciones, es decir, el 80.32 por ciento.
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De acuerdo con el informe, con corte al 31 de diciembre de 2018, los estados e instituciones con más elementos no certificados son Jalisco, seis mil 966; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cinco mil 60; Ciudad de México, cuatro mil 610; Guerrero, cuatro mil 370; Sinaloa, tres mil 901; Estado de México, tres mil 892; Chihuahua, tres mil 639; y Chiapas, tres mil 384.
En contraste, las entidades con más personal certificado para trabajar son: Campeche, Querétaro, Colima, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas.
Las pruebas que se aplican a los elementos incluyen exámenes toxicológicos; psicológicas, médicas, investigación socioeconómica -para determinar que su estilo de vida corresponda al salario que perciben-, así como de poligrafía.
El incumplimiento de las evaluaciones se presenta a pesar de que se incrementaron los centros de aplicación de las pruebas, ya que en cada estado, por lo menos hay una instalación para aplicar los exámenes.
De acuerdo con autoridades de la Policía Federal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los principales motivos por los que los elementos no aprueban los exámenes, es porque no tienen las capacidades psicológicas y físicas adecuadas, o porque su calidad de vida es mayor al sueldo que ganan. También, por suministrarse sustancias toxicológicas.
En algunos casos se ha detectado que los elementos tienen casas, departamentos, autos o lujos que no son costeables con el sueldo que perciben.
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Las fuentes consultadas aseguraron a pesar de que los elementos no aprueban los exámenes, no son separados de su cargo porque se carece de personal, por las demandas laborales presentadas en contra de las instituciones, así como por la carencia de recursos para poder liquidarlos conforme a la ley.
ELEMENTOS DEBEN DE SER SEPARADOS
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 2 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece como un requisito indispensable para poder trabajar en instituciones de seguridad y procuración de justicia del país, aprobar y tener vigentes los Controles de Confianza.
Sin embargo, a pesar de que son obligatorias, los 79 mil 357 elementos (administrativos y operativos) continúan trabajando.
“Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización”, menciona el Titulo Quinto, articulo 74 de la Ley.
El Titulo Cuarto, Artículo 56 en el que se detalla el Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia refiere que “los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable”.
AJ