La Secretaría de la Función Pública sancionó con 10 años de inhabilitación y una multa de 57 millones 192 mil pesos a Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Chiapas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La SFP, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, aplicó la sanción al exfuncionario al detectar irregularidades en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016.
Detalló que las anomalías fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.
La SFP señaló que estas irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos.
Recordó que en diciembre de 2019 el Órgano Interno de Control en Sader le impuso al ex funcionario una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de 10 años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.
En 2020, Cruz Alberto Uc Hernández inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); sin embargo, esta instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.
Sandoval Ballesteros dijo que “la Función Pública tiene la firme convicción de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes. He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas.
“La resolución que estamos informando es una evidencia más del sólido trabajo que estamos realizando para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, sobre todo en un área tan afectada por el régimen neoliberal como el campo. De esta manera contribuimos a su rescate”, enfatizó.