El Senado de la República, en plena pandemia y con un gobierno que anuncia una política de austeridad, ha otorgado 76% de sus contratos de 2021 por la vía de la adjudicación directa y sin justificar la razón de no abrir una licitación pública.
Tras una revisión, se detectó que del total de contratos hechos durante 2021, 177 hasta el momento, solo se han abierto 33 licitaciones públicas, concursos de los contratos para al menos tres invitados solo en ocho casos. El resto de los contratos, 136, corresponden a adjudicaciones directas.
El monto total de las adjudicaciones directas asciende a 383 millones 895 mil 447.59 pesos, lo que es casi el triple de lo que representan las licitaciones públicas, que corresponden a 129 millones 932 mil 782.26 pesos. Por otra parte, el Senado únicamente estableció que ocho contratos se concursaran entre al menos tres invitados. El monto de estos contratos asciende a 30 millones 245 mil 875.39 pesos, lo que es menos del 10% de lo que fueron adjudicaciones directas.
Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, asegura que el problema principal ni siquiera consiste en que se haya tantas adjudicaciones directas, sino que no con claras las razones por las cuales el Senado los asignó por adjudicación directa y no por licitación pública.
"La ley establece los supuestos sobre los cuales se puede hacer estas asignaciones, pero, lamentablemente, nadie verifica si realmente esos supuestos se cumplieron para justificar el asunto", explica Fernández.
En el caso de los contratos revisados por La Silla Rota, en la información que acompaña a éstos, no se especifica la razón por la cual se decidió adjudicar directamente al proveedor. Únicamente se cita de manera general el artículo 21 del manual de Normas de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores que contiene 25 fracciones de razones por las cuales se podría adjudicar de manera directa un contrato.
El contrato con la mayor cantidad de dinero es un contrato por mantenimiento a los inmuebles ocupados por la Cámara de Senadores y el monto de la contratación asciende a los 87 millones 805 mil 689.51 pesos; en este caso, tampoco se informa la razón por la cual se decidió otorgar por adjudicación directa.
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El siguiente más alto es un contrato por concepto de limpieza de las instalaciones de la Cámara de Senadores y el monto del contrato asciende a 54 millones 711 mil 008.57 pesos.
Ambos contratos fueron adjudicados en enero por lo que corresponden al ejercicio del presupuesto del primer trimestre del año y significan un gasto de 142 millones 516 mil 698.08 pesos durante el sexenio que ha tenido como bandera la austeridad.
En contraste, durante el primer trimestre de 2017, La Silla Rota documentó que el Senado de la República gastó 17 millones 542 mil pesos para la remodelación de su antigua sede y la modernización de algunas áreas de su sede actual ubicada en Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Es decir que el gasto que se ejerció en dos contratos durante 2021 es casi nueve veces superior a todo el gasto de un trimestre en remodelaciones de 2017.
Además, la remodelación y el mantenimiento que la actual sede del Senado ha significado para el gasto público ha sido ampliamente cuestionada por las irregularidades que presentó en su momento.
"En el caso del Senado ha sido siempre controvertida la forma en la que se ejercieron los recursos para la famosa construcción y luego reparación de la sede que obviamente evidencia que las obras no se construyeron bien. Todas las inundaciones que ha habido y otra vez no hay una rendición de cuentas ni el pasado ni en el presente bajo una mayoría que dice tener un comportamiento distinto a los partidos mayoritarios de antaño, pero en los hechos lamentablemente no es así", firma Fernández.
Si bien no necesariamente representa un acto de corrupción una asignación directa de un contrato millonario, lo cierto es que la administración actual no es transparente al momento de mostrar las razones por las cuales se toman estas decisiones.
"El Órgano Interno de Control que tiene el propio Senado tendría que ser el primer interesado en transparentar la información y que pudieran informar los supuestos en la ley que llevaron a justificar sus asignaciones directas", aplica Fernández.
De acuerdo con el especialista es un problema que no haya ningún organismo de control que verifique la información que transparentan los organismos de gobierno, en este caso el Senado, y esa tarea deberían realizarla además del Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación.
"Por eso es importante también la labor de la Auditoría Superior de la Federación porque dentro de las tareas que puede realizar es justo la manera en que se ejercen los recursos públicos tanto por el lado del Senado como por el lado de la Cámara de Diputados", explica el especialista.
Uno de los grandes pendientes de la actual administración en materia de combate a la corrupción y una aplicación cabal de la política de austeridad republicana, ha sido la de transparentar la información pues el gobierno actual ha sido muy opaco.
Según un estudio de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, basado en datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a los primeros 10 meses de 2020, de los 120 mil 102 contratos que en el corte de ese estudio constaban en la base de datos oficiales, 95 mil 887 fueron entregados por vía de la adjudicación directa, es decir, 79.8%. y en el caso del Senado, la tendencia de priorizar las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones públicas es una tendencia constante.
MJP