La garantía de los derechos humanos es un tema fundamental en todos los ámbitos públicos, aún en los lugares de privación de libertad que dependen de la Procuraduría General de la República.
En virtud de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), ha emitido un informe de seguimiento para determinar los avances emprendidos en dicha materia desde agosto de 2017.
En este sentido, se señala que de los 275 factores de riesgo detectados, 127 fueron atendidos, mientras que 45 presentan avances encaminados a su atención y, 103 aún persisten.
Cabe destacar que la visita de supervisión se realizó en 71 Unidades de Investigación y Litigación, Fiscalías Especializadas y Agencias del Ministerio Público de la Federación, ubicadas en la Ciudad y Estado de México, así como en Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.
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RESULTADOS CONTRASTANTES
Dentro de lo señalado en el informe de la CNDH resalta que factores como las condiciones de privacidad en las comunicaciones telefónicas, con familiares y representantes legales, establecidas como un derecho a la legalidad y seguridad jurídica, se muestra una atención del problema, a la vez que las dificultades aún persisten.
Dicho factor se coloca como el mayormente atendido, con un registro de 26 instituciones que atendieron el problema. Sin embargo, la cifra de los lugares en los que no se ha trabajado sobre ello es de 31.
De igual forma, en cuanto a los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, se observa que el no contar con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física, persiste en 12 instituciones. En tanto, son 11 las que han atendido la problemática.
Asimismo, se informa que el segundo factor que más se ha trabajado es en la falta de capacitación del personal de las instituciones en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, al registrar atención en 23 lugares.
De acuerdo al mecanismo, el fin del seguimiento es instar a las instituciones de privación de libertad a mejorar el trato y las condiciones de las personas ingresadas a ellas, y así prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
djh