Durante la última década se han agudizado los abusos de los que son víctimas las comunidades indígenas de México, principalmente de aquellas ubicadas en la Sierra Tarahumara, al sur del estado de Chihuahua, las cuales padecen –entre otras problemáticas- la tala excesiva provocada por la presencia del narcotráfico, que usan las tierras para la siembra de droga como amapola y marihuana.
A lo anterior se suma la indiferencia por parte de las autoridades, las cuales, incluso, llegan a otorgar concesiones para la extracción de recursos mineros en zonas ocupadas ancestralmente por las comunidades. Ante el alzamiento de voz, los indígenas se han topado con la muerte o el exilio.
“Sin ese territorio, dicen, ellos no son nada. Por eso lo protegen. Por eso se niegan a que se talen sus bosques y a que sus manantiales se sequen. Por eso enfrentan a quienes buscan cortar sus raíces”, apunta el texto de Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga, para el proyecto colectivo de investigación “Tierra de Resistentes”.
(La Sierra Tarahumara)
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Un ejemplo del riesgo que viven los defensores de estas tierras (que en su mayoría son “indígenas cuya identidad se forjó entre montañas, barrancos, pinos y manantiales”) es el de Julián Carrillo Martínez, asesinado el 24 de octubre de 2018.
Carrillo Martínez vivía en la comunidad rarámuri Coloradas de la Virgen, donde fungía como presidente de bienes comunales, cuya principal tarea era “cuidar todo aquello que es de la comunidad: árboles, agua y territorio”.
Su muerte derivó en que su familia tuviera que salir de su localidad por el miedo de que ellos también sean asesinados. Semanas antes del homicidio de Carrillo, este se había enterado de la emisión por parte del gobierno mexicano de unas concesiones otorgadas a empresas para la implementación de proyectos mineros. Hecho que comenzó a denunciar.
María, esposa de Julián, se ha hermanado con la muerte, pues en febrero de 2016 asesinaron a su hijo Víctor Carrillo; año en que también quemaron su casa. En 2017 mataron a dos de sus sobrinos y en julio de 2018 a su yerno. Al dejar Coloradas, lo hizo con sus cuatro hijos, dos nueras y cuatro nietos. Ahora viven en una ciudad del norte de México por la que no tienen ningún arraigo.
NARCOTRÁFICO SERRANO
Entre los permisos concedidos destacó el otorgado a Mario Humberto Ayub Touche, un importante empresario de Chihuahua, y a dos hijos de Artemio Fontes Lugo, cacique local que desde la década de los 70 se instaló en la región.
Fontes Lugo y su familia han sido denunciados por los propios indígenas por su responsabilidad en la tala de su bosque.
Se destaca, de las acciones que dicha familia ha permitido en los ejidos, el uso de las tierras para la siembre de droga. De acuerdo con ancianos de la comunidad “la gente de ese tiempo lo dejó quedarse… Después ya no se quisieron ir”.
A partir de entonces, llega gente de afuera de la comunidad, elige el lugar que les gusta para sembrar marihuana y amapola y empieza a tumbar. A veces le prenden fuego al lugar arrasado. Pero la mayoría de las veces sacan la madera en rollo y la venden en aserraderos de la ciudad de Parral.”
A partir de 2008, año en que el gobierno de Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico, la región serrana de Chihuahua se convirtió en zona de disputa para diferentes grupos que, además de buscar el control en la siembra de droga, despojan a las comunidades de su territorio y recursos naturales.
En concordancia al Diagnóstico y Propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara que la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) publicó en 2018, en 1996 se tenían identificados cinco municipios de la sierra en donde se sembraba droga, en la actualidad se contabilizan 20.
En adición, en 2007 las autoridades ambientales mexicanas otorgaron al ejido, bajo el control de Artemio Fontes Lugo, permisos de aprovechamiento forestal para hacer uso del bosque de Coloradas de la Virgen.
Desde entonces, indígenas rarámuri y ódami, asesorados por la organización Alianza Sierra Madre, defienden una lucha legal para solicitar la cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal. En adición, piden el reconocimiento de su derecho al territorio que han ocupado por generaciones.
UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE
“Antes de que empezaran a talar todos los años había buena agua, había mucha nieve, había una vida para nosotros: una buena cosecha, llovía mucho, no se secaban los arroyos. Si se acaba la madera se secan los manantiales que hay en el campo. Se acaban hasta el animal que es silvestre. Todo se acaba. Y si hay madera, todo vive”, detalla un médico tradicional, quien solicitó el anonimato.
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Por su parte, un grupo de mujeres rarámuri recuerda que el 26 de octubre de 2018 -cuando ya se habían talado 5 mil árboles dentro de un área de 226 hectáreas- recibieron la visita de funcionarios federales y estatales, entre ellos el gobernador del estado, Javier Corral.
El mandatario estatal prometió crear una estrategia para combatir la tala ilegal en la Sierra Tarahumara. “No pasaron ni quince días cuando los ‘talamontes’ regresaron”.
Además, las mujeres comentan que sus padres les enseñaron que los árboles que están cerca de los manantiales no se deben tumbar, al hacerlo “se va el agua”. En tanto de sus abuelos aprendieron a alimentar a los manantiales con pinole y tortilla.
Le decimos que no se vaya. Le damos de comer para que tenga fuerza y no se vaya de ahí. Para que sigamos teniendo vida nosotros, toda nuestra familia y también los animales. Todo eso le platica uno al manantial”.
Al igual, no aseguran que los pinos que las propias comunidades han sembrado lleguen a crecer, por la falta de pinos grandes que los protejan del frío.
Por su parte, José, hermano de Isidro Baldenegro, rarámuri asesinado el 15 de enero de 2017, dice: “Defendemos lo que muchas personas antes también defendían, lo de uno, el territorio, el bosque. Al defenderlo ahorita, en este tiempo, es defender (para) los que vienen después de los hijos y de los nietos de uno”.
INDIFERENCIA
En enero de 2019, Amnistía Internacional informó mediante el informe “Entre balas y olvido”, que el Estado mexicano “ha fallado en garantizar un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras, en particular debido a que las medidas no son adecuadas para el riesgo enfrentado por la comunidad (Coloradas de la Virgen) dado que ésta cuenta con una baja presencia estatal y una fuerte presencia de grupos del crimen organizado”.
En una de las tantas caravanas de defensores de sus tierras que arriban a la ciudad de México, en concreto la que en 2014, con 35 gobernadores tradicionales de comunidades indígenas, logró exponer su problema de saqueo a los integrantes del Senado de la República.
Del encuentro resultó la firma de un acuerdo –en 2016- en el que los legisladores de la cámara alta exhortarían al jefe del Ejecutivo, entonces Enrique Peña Nieto, a atender la violencia que atraviesa la Sierra.
“Hay que estar insistiendo que ya no se siga talando el bosque. Eso es lo primero”, son las palabras de Julián Carrillo con la que tanto su comunidad como su familia lo recuerdan.
djh