El Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación no utilizó todos los recursos que disponía para la reparación del daño de periodistas y de hecho sólo uno obtuvo dicho beneficio, de acuerdo con la tercera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2018, publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Un tema que analizó la ASF fue que de 312 periodistas a los que se les otorgaron servicios, sólo a uno se le reparó el daño, con un monto de 2 millones 189 mil 900 pesos, equivalente al 0.5 por ciento de los 397 millones 563 mil 200 pesos destinados en 2018 a la reparación del daño.
La ASF también halló que en términos de procuración de justicia para defensores y periodistas hay un rezago de 69.5 por ciento en averiguaciones previas y del 56.8 por ciento en carpetas de investigación, “lo que no permitió evitar la impunidad de los agravios en contra de periodistas y no garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas ni su derecho a la libertad de expresión y, por tanto, no fue posible asegurar un Estado democrático de derecho”.
Una de las acciones que estaba planeada para 2018 en materia de prevención era la realización del mapeo nacional de riesgos de los periodistas, pero la Secretaría de Gobernación no acreditó haberlo elaborado.
Las evaluaciones usadas desde 2015 para aceptar solicitudes de protección basadas en el modelo Freedom House, no aseguró que se cumplieran con estándares internacionales. Ello impidió que las evaluaciones tuvieran el mejor método posible.
En 2018 el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales 65 fueron aceptadas y 213 rechazadas, sin que se justificaran las causas de los rechazos debido a la falta de criterios para su determinación; además, para 17 de los casos se otorgaron con oportunidad las medidas urgentes de protección a los periodistas con un riesgo extraordinario, mientras que para 6 se protegió fuera del tiempo establecido por la ley; el envío oportuno de los casos para ser evaluado su riesgo con oportunidad fue del 35 por ciento y el 65 por ciento tardó en evaluarse un promedio de 23 días. Asimismo, para llevar a cabo la evaluación de riesgos el 13 por ciento fueron evaluados conforme a los 10 días que establece la ley, mientras que el 87 por ciento tardó en promedio 73 días para contar con una propuesta de medidas de protección
Durante dicho periodo, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación debieron salir del mecanismo 220 periodistas, de los 549 que se incorporaron al mecanismo; sin embargo, el mecanismo de Protección no contó con criterios ni un procedimiento aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonarlo
El funcionamiento del mecanismo tuvo entre otros obstáculos que la Ley federal de Protección a defensores de Derechos Humanos y Periodistas no consideró en 2018 la concurrencia en el desarrollo de la prevención, protección, atención y procuración de justicia que realizan la Secretaría de Gobernación, las Comisiones Nacional de Derechos Humanos, la Especializada de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República (hoy fiscalía). Ello tiene como consecuencia que no se asegura una protección a periodistas y defensores.
Otro dato detectado es que pese a que la Secretaría, encargada de operar el mecanismo de protección, firmó 25 convenios de cooperación con el mismo número de entidades federativas, sólo Chihuahua y Veracruz cumplieron.
Durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018 la Junta de Gobierno del Mecanismo estableció 2 mil 544 acuerdos pero ninguno fue en materia de prevención. Los convenios se dividieron entre 2 mil 271 relacionados con la protección a defensores y periodistas y 273 a actividades administrativas.
Una falla es que las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno carecieron de elementos para ser sustentadas en cuanto a aprobación de planes de protección, ya que los integrantes de dicho órgano de la Segob, de la CNDH y la PGR que estuvieron en las reuniones no eran los requeridos por la normativa.
Otro aspecto detectado por la Fiscalía es que el Estado mexicano no ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección de periodistas, ya que las entidades fiscalizadas ejercieron en conjunto 736 millones 046 mil 900 pesos, equivalente a 35 por ciento menos de lo aprobado.
(María José Pardo)