La reforma a la reforma educativa contiene elementos positivos, como la inclusión de la educación inicial antes de preescolar, la educación inclusiva o el énfasis en la educación superior gratuita. También el hecho de que la rectoría de la educación y del sistema de carreras la tendrá el Estado. Un tema que por cierto no estaba incluido en la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado y que más bien fue fruto del trabajo ente legisladores, académicos y activistas de la sociedad civil.
Pero también deja la puerta abierta a que el sistema de ascensos no sea por evaluaciones sino para allegados a cúpulas sindicales, a través de las comisiones mixtas de escalafón, que este órgano tenga injerencia tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tendrán la mitad de los lugares, y se haga en colusión con la otra mitad, integrada por integrantes de gobiernos estatales.
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Esto podría cobrar mayor relevancia en entidades donde domina la CNTE, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán, o donde hay secciones del SNTE cobijados a su vez por gobiernos que en el pasado han sido corruptos, como Tamaulipas o Nayarit, y así le dejen al sindicato controlar el ascenso y hasta ingreso de maestros, indicó por su parte el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón.
El texto deja interrogantes, como cuáles serán las políticas públicas para la educación inicial antes del preescolar –lo que abrirá el debate nuevamente sobre las estancias infantiles- y sobre el derecho a la educación superior gratuita, que plantea la interrogante de dónde saldrá el dinero para garantizarla, dijo por su parte el director del Programa Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Rodolfo de la Torre.
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“Hay logros de esta iniciativa a rescatar: aparece explícitamente la educación inicial antes de preescolar y eso revivirá el tema de estancias infantiles y qué va a hacer el Estado para proporcionar educación a niños entre 0 y 6 años. El otro es la educación superior gratuita, ahí el tema es ver cómo serán las previsiones presupuestales para hacerlo realidad. Lo que se ve en esto último es que no será en lo inmediato, sino en el curso de los próximos 10 años y ver qué harán de previsiones”.
Por su parte para Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM, la reforma aprobada mantiene “el corazón” de la implementada en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y solo tiene dos artículos transitorios nuevos.
El abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz consideró como relevante que se haya abrogado la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que anula una serie de causales que afectaban de manera grave a los docentes. También destacó como logro la restauración de sus derechos con base en el Artículo 123 de la Constitución.
ACIERTOS Y PREOCUPACIONES
David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero dijo a LA SILLA ROTA que en su opinión la reforma aprobada el 24 de abril en la Cámara de Diputados tiene aciertos.
“Los nuevos aciertos están en esos primeros párrafos del nuevo artículo tercero, por cierto párrafos modificados, distintos o adicionales a lo que el presidente mandó el 12 de diciembre. El grueso se logró con la confluencia de las fuerzas políticas, los académicos y los maestros, más que con ese primer saque que era muy deficiente de parte del Ejecutivo. Entonces está hecho muy explícito la referencia al interés superior de la niñez, a la rectoría del Estado, incluso refiriéndose al sistema de carreras para los maestros y maestras se dice muy claramente que es un sistema sobre el que tendrá rectoría la Federación y en la implementación ya será con la coordinación a los estados. Entonces habla por ejemplo de derechos profesionales de los docentes, como a la formación continua. Es la primera vez que aparece eso en la historia y que la evaluación, promoción y reconocimiento será a través de procesos públicos, transparentes”, explicó.
“Hay grandes avances en cuanto a la educación inicial e inclusiva, incluso en los transitorios se mandata que el Ejecutivo presente en 180 días en ambos casos, la estrategia nacional para la primera infancia y una para la educación inclusiva, van a ser las primeras veces que eso ocurre y eso tiene mucho del insumo que ofrecieron los activistas de la sociedad civil”, continuó.
De las partes que les preocupan es que quedando tan sólido en el texto de la Constitución sobre cuál es el sentido de tener un mejor manejo de las carreras de docentes, ligados al derecho de los niños, el decimoséptimo transitorio parece echar marcha atrás a eso o condicionarlo, añadió Calderón.
“En ese transitorio lo que colocaron es que todo el régimen laboral va a estar regido por el 123 apartado B, excepto la admisión de la promoción y reconocimiento que se da según la ley de servicio profesional docente. Entonces el riesgo que han advertido varios y que dijeron representantes del PAN es que ese transitorio es innecesario porque querían con ello tener la simpatía de la Coordinadora. Ya la CNTE les dijo mentirosos y neoliberales a Morena y al presidente, entonces no sirvió para ese propósito y sí induce a la ambigüedad.
“Si lees las implicaciones de ese 123 apartado B, tiene una ley reglamentaria, y hay un articulo 62 que dice que para las vacantes definitivas la mitad de los candidatos los puede proponer la representación sindical, entonces a pesar de que el texto dice que todas las admisiones y promociones son y según la ley la federación tiene rectoría, el riesgo es que después en la legislación secundaria que se tiene que hacer antes de 120 días (en cuanto el Senado la vote, ya que se fue a periodo extraordinario) ahí quiera meter mano Morena junto con la Coordinadora porque ahí ya no necesitan mayoría calificada. Ahí con los puros diputados de Morena pasan la aplanadora a otros grupos políticos”, alertó.
Criticó que la iniciativa se haya aprobado con esa ambigüedad y deje la puerta abierta para que sea la parte sindical la que apruebe los movimientos de escalafón.
“Pusieron el tema de la rectoría federal sobre el sistema, pero sí se arriesgan a que se entre en conflicto con las leyes de servidores públicos en los estados y esa es la parte más preocupante”.
Otro aspecto criticable es que en la versión anterior del artículo tercero se hablaba con claridad del aprendizaje como centro del sistema educativo. Ahora ya no es el reconocimiento del derecho a aprender, sino la responsabilidad del gobierno sobre el proceso.
“De algo muy fuerte en términos de derechos humanos, ahora quedó en el nivel más bajo y ambiguo y es de las cosas para lamentar”, expresó.
DIFERENTE A LA PROPUESTA POR EL PRESIDENTE
Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias consideró que la reforma aprobada por los diputados es diferente a la enviada en diciembre pasado por el presidente, lo que ayudó a subsanar cuestiones ausentes o imprecisas.
“Da un derecho primordial a los niños y niñas a recibir educación y a partir de ahí se derivan una serie de consideraciones específicas que van fortaleciendo la inclusión de la educación inicial, la bandera de la educación superior, que la educación promueva o persiga la excelencia o que se intente que haya inversión en el sistema educativo y eso es positivo”, dijo a LA SILLA ROTA.
Pero también contiene claroscuros, como el sistema de evaluación que propone y que elimina la llamada evaluación punitiva.
“Muchos especialistas hemos visto que esa evaluación no correspondía, no tenía sentido en estos momentos a adversidades que enfrenta el país en donde no se cuenta con muchos recursos. Eso es positivo pero por otro lado no se alcanza un órgano evaluador e independiente que lo proteja sobre todo de la posible injerencia política, ya sea de grupos privados, el sindicato o el propio gobierno, pero bueno se alcanza un mecanismo o centro de evaluación que tiene cierto grado de autonomía, sobre todo la parte técnica y no depende por completo de la Secretaría de Educación”, añadió.
Pero lo más crítico es que si bien la reforma incluye hacer públicos y transparentes los mecanismos de evaluación y que sean tomados en cuenta para quienes quieran ingresar como docentes o ser ascendidos a cargos de dirección, a su vez la intención se debilita cuando se otorgan facultades al magisterio para regir en cuestiones laborales, como se incluye en el 123 constitucional apartado B, sin ningún tipo de adición o calificación.
“¿Cuál es el tipo de problema con esto? Que mientras por un lado se pide que la evaluación de los profesores sea pública y transparente y tenga ciertas características de concurso, la ley reglamentaria del 123 constitucional habla de que se van a formar comisiones mixtas de escalafón, de la cuales la mitad de sus integrantes corresponde a miembros de sus sindicatos o la otra mitad al empleador, en este caso el gobierno federal”.
De la Torre advirtió que es ahí donde se puede desvirtuar esta idea de que se respeten los mecanismos transparentes de igualdad de oportunidades, pese a que la reforma es una aspiración a tenerlos pero en la práctica el mecanismo es uno donde participan los sindicatos, tanto el de la CNTE como el SNTE.
“Ese es el gran riesgo que presenta la reforma y que podría ser despejada en las leyes secundarias. Pero si estás ahora son aprobadas por mayoría simple y para ello Morena cuenta con votos necesarios, si no hay reafirmación, en la actualidad de este gobierno puede pasar por encima del interés particular por ejemplo de la CNTE y terminar por desvirtuar por completo la reforma y su aspecto laboral. En otras palabras, todo depende ahora de cómo se planteen las leyes secundarias, si esto es verdaderamente la intención de la captura política de los mecanismos de contratación y evaluación de profesores o si morena y el presidente reafirman su autoridad de que la rectoría de los aspectos laborales respectivos corresponde al Estado”.
Cuestionado sobre si después de los cercos que la CNTE hizo a la Cámara de Diputados para impedir la discusión de la reforma, del memorándum enviado por el presidente a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Educación para dejar sin efectos la reforma educativa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la prisa con que fue discutida esta semana, se podía considerar que Andrés Manuel López Obrador haya cedido a la Coordinadora, su respuesta fue que sí.
“Todo parece indicar que sí porque se abrió la puerta para que gire la legislación secundaria y aparezcan mecanismos favorecedores a la determinación de plazas por intervención sindical. ¿Esto es inevitable? No necesariamente pero ya depende de la voluntad presidencial y de la mayoría de Morena.
“Todavía hay la esperanza de que ese ceder no sea tan abrumador, pero también habría que mencionar que no solamente cedió el presidente y su partido. También lo hizo Movimiento Ciudadano y el PRI, que apoyaron estos cambios y todo parece indicar hubo un tipo de negociación política y habrá de investigar qué fue lo que obtuvieron a cambio, porque también ellos cedieron a la presión de la CNTE.
MANTIENE EL CORAZÓN DE REFORMA DE EPN
Para Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM, la reforma educativa aprobada por los diputados federales, mantiene “el corazón” de la implementada en 2013 por Enrique Peña Nieto y que solo le añadieron dos artículos transitorios.
“Le hicieron una especie de corrección de estilo en la SEP y le agregaron dos transitorios que ocasionó que algunos diputados consideraran esto una intromisión del Ejecutivo en tareas que son del Legislativo”.
En esta reforma, dijo, prevalece la desconfianza hacia el docente, ya que es considerado no como un profesional que tiene que ser sometido a evaluaciones diagnósticas cada cierto tiempo para que se establezca cómo será la capacitación que le darán. “Sigue manteniendo una perspectiva del trabajo docente como si fuera un técnico”.
En relación a la creación de una instancia para el mejoramiento de la educación que reemplazará al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE) apuntó que se le darán casi todas funciones que tenía dicho órgano.
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Señaló que si lo que se buscaba era preservar la rectoría del Estado sobre la educación, con este modelo se tendrán dos autoridades educativas: el titular de la SEP y esta junta de gobierno.
“Algo que me parece muy grave es que los transitorios plantean que la junta y el consejo técnico de este organismo se integrarán por convocatoria que organice el Senado pidiéndole a instituciones y asociaciones civiles que presenten propuestas. Si en estos 6 años tuvimos a los organismos empresariales al lado del INEE, hoy los vamos a tener dentro de esta nueva instancia. Se debería regresar a la fórmula de que sea el presidente de la República el que integre la terna”.
Con respecto a la posible venta de plazas que se podría reforzar en las leyes secundarias, consideró que esta práctica no se erradicó con la reforma de Peña Nieto, a pesar de que estaba prohibido en el papel. La autoridad educativa no ha querido resolver este problema de fondo.
Comentó que la CNTE logró que se aprobaran dos transitorios, uno de ellos importante para los maestros disidentes: permanecer en el apartado B del 123 constitucional. No se quitó lo de carrera docente. “Con esto no se cedió ante la CNTE, ya que no está satisfecha. Sus demandas eran otras, por ejemplo, que los egresados de las escuelas normales tengan plaza automática”.
El reto que tendrá el sistema educativo es cómo garantizar una formación docente de alto nivel en las escuelas normales. En este tema, Díaz Barriga anotó una contradicción, que en el cuerpo del artículo tercero constitucional es que el Ejecutivo fijará los planes de estudio, lo cual será un problema. “Porque una normal de Chiapas urbana no tiene las condiciones ni necesidades que una normal del norte”.
LA EVALUACIÓN NO DEBE DE PERMITIR LA DISCRECIONALIDAD
La reforma educativa, que ahora pasará al Senado, representa avances importantes, ya que anuló una serie de aspectos que afectaban a los docentes en todo el país, consideró Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho y profesor universitario.
“La sola decisión de abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente representa un elemento muy importante y que finalmente anula una serie de causales que afectaban de manera grave a los docentes. También el hecho de restaurar sus derechos con base en el Artículo 123 de la Constitución también son logros”.
Sin embargo, destacó que se mantienen limitaciones en todo lo relativo a los ingresos y promoción al salario y reconocimiento derivado de las evaluaciones. Prevalece una posición de control por parte de la autoridad y cancela posibilidades para que pueda haber un elemento de participación de los trabajadores y las organizaciones en esos procesos.
Uno de los aspectos que sí preocupa, añadió el abogado laboral, es que tiene elementos similares a los de la ley de Peña Nieto como que todas las decisiones sean tomadas por el gobierno.
Dijo que habrá que esperar a la ley reglamentaria, donde es importante que todo el proceso de ingreso, promoción y reconocimiento pueda contar con una vigilancia para que no se vulneren los derechos de los trabajadores, así como se tendrán que establecer las reglas para que las plazas no se otorguen con discrecionalidad,
“Obviamente, las condiciones de ingreso las fijan las instituciones, pero también es importante que la forma de evaluación tenga un sentido que no permita discrecionalidad, donde no sea algún funcionario interesado que permita que ingresen sus familiares o amistades o gente cercana o gente que no cuente con lo necesario para eso”.
Fuentes Muñiz agregó que también en los estados es necesario fijar cuál es el papel de las normales en el tema de la contratación de docentes. “Debe haber mecanismos para que los egresados de las normales puedan tener preferencia en la contratación que en la Constitución no se establece. Habría que estar definiendo de esa forma pueda haber un tema de congruencia, de nada sirve fortalecer a las normales si no va a haber una situación que vaya correlacionada con temas de ingreso”.
AJ