La carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 exrectores, académicos, físicos e investigadores que trabajaron en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), busca acreditar distintos delitos con el agravante de autores materiales, coautores y por “querer y conocer” relacionados con el supuesto desvío de 471 millones de pesos en beneficio del Foro Consultivo y Tecnológico A.C., entre 2012 y 2019.
Según la primera orden de captura que solicitó el 24 de agosto pasado el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o alteración de Moneda (UEIORPIFAM), y la cual fue negada, cada una de las personas mencionadas en la investigación tuvieron una presunta participación en cuatro delitos tipificados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Silla Rota informó de la orden de aprehensión que pidió la FGR contra las 31 personas el 20 de septiembre de 2021. En la misma investigación se aclara que la solicitud fue negada porque las autoridades no aportaron datos de prueba claros, sólo suposiciones. La petición hecha a un juez, fue rechazada 24 horas después (25 de agosto de 2021).
Fuentes cercanas al caso y consultadas por La Silla Rota, mencionaron que la FGR tenía como plazo las siguientes semanas para presentar un recurso en los juzgados del Poder Judicial Federal (PJF), para que se modificara la negativa de la orden de detención.
Este nuevo recurso fue presentado este martes; sin embargo, fuentes consultadas por este medio informaron que alrededor de las 13:30 el mismo juez volvió a rechazar la petición para realizar la orden de captura.
Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que abrió la FGR el 10 de julio (la cual consultó La Silla Rota), el Ministerio Público consideró que existían elementos suficientes para integrar el expediente y presentar acusaciones a partir del Oficio 12100/224/2020 que escribió y presentó el área jurídica del Conacyt.
En el expediente que inició el Ministerio Público, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, se asegura que el Foro Consultivo y Tecnológico A.C obtuvo más de 471 millones de pesos, los cuales fueron utilizados en gastos ajenos en el fomento y apoyo para la Ciencia y Tecnología del país.
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“Desde su constitución, el Foro Consultivo y Tecnológico, A.C se ha ostentado como el Foro que por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología debía erigirse dentro del Conacyt y ha recibido a través de 2 fondos del Conacyt, más de 471 millones de pesos los cuales han sido gastados en una casa residencial, viajes nacionales e internacionales, sueldos, impuestos, cuotas al IMSS, aportaciones para el SAR e Infonavit, banquetes, gasolina para autos particulares, servicio de telefonía móvil, servicios de tintorería, seguros, finanzas, etcétera, es decir gastos completamente ajenos en las reglas de operación del Conacyt (Foins) y en los Lineamientos del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”.
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Las pruebas que presentó la FGR ante un juez adscrito al penal federal del Altiplano para que concediera las 31 órdenes de captura, el Ministerio Público federal buscó sustentar la petición de aprehensión en 39 informes. Ninguno de ellos fue aceptado por Gregorio Salazar Hernández, juez de Control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, adscrito a Almoloya de Juárez, Estado de México.
LAS ACUSACIONES
Los supuestos delitos que la Fiscalía General de la República busca acreditar en contra de 31 exrectores, académicos, físicos e investigadores que laboraron en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, son: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado.
En un primer bloque por peculado (distracción de recursos públicos), se encuentran: Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagueña Parga, David García Junto Machado y Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
Por uso ilícito de atribuciones y facultades (coautores). (31) : Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Elías Micha Zaga, Enrique Cabrero Mendoza, Francisco Salvador Mora Gallegos, Gabriela Dutrénit Bielous, Inocencio Higuera Ciapara, Jesús Arturo Borja Tamayo, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, José de Jesús Franco López, José Rodrigo Roque Díaz, Julia Tagüeña Parga, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, Luis Mier y Terán Casanueva, Marcial Bonilla Marín, María Dolores Sánchez Soler, María Mónica Ramírez Bernal, Mauricio Francisco Coronado García, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Miguel Gómez Bravo Topete, Pablo Rojo Calzada, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, Rafael Ortega Reyes, Rafael Pando Cerón, Regina María Alarcón Contreras, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Salvador Emilio Lluch Cota, Teresa de León Zamora, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
En un tercer bloque, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (coautores) (cinco personas): Julia Tagüeña Parga, Adriana Ramona Guerra Gómez, José de Jesús Franco López, Gabriela Dutrenit Bielous y Patricia Zúñiga Cendejas y/o Patricia Zúñiga Bello.
El doctor Enrique Cabrero Mendoza, la doctora Julia Tagüeña Parga y Luis Mier y Terán Casanueva (Cuartoscuro)
En cuarto bloque, (delincuencia organizada, autores materiales) (9 personas): Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, David García Junco Machado, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, Adriana Ramona Guerra Gómez, Gabriela Dutrenit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas y/o Patricia Zúñiga Bello, José de Jesús Franco López y Francisco Salvador Mora Gallegos.
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Según la solicitud de aprehensión, en el mismo bloque (delincuencia organizada, en la agravante de querer y conocer) (22 personas), se enlista a Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodrigo Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, Elías Micha Zaga, Inocencio Higuera Ciapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García y Marcial Bonilla Marín.
LAS PIFIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
El pasado 24 de agosto, el Ministerio Público solicitó al Juez Gregorio Salazar Hernández que otorgara la orden de aprehensión en contra de los 31 científicos investigados por la FGR; sin embargo, le fueron negadas porque no logró sustentar los delitos que presuntamente se les imputan.
En respuesta, el juez indicó que la investigación no fue exhaustiva como para contar con el sustento necesario que permita determinar la responsabilidad de cada uno de los presuntos implicados.
“El legislador estableció un listado de requisitos mínimos que debe observar la fiscalía para elaborar las solicitudes de órdenes de aprehensión, el cual el órgano jurisdiccional debe evaluar y emitir resolución, pero no impuso un análisis extensivo de los elementos del tipo y la probable responsabilidad de los imputados”, expresó.
“Entonces, para un sano desarrollo y la efectiva ejecución de este tipo de solicitudes, es esencial que la fiscalía haga un primer análisis de los datos de prueba que soportan su solicitud, los filtre según su pericia y refiera únicamente aquellos que se relacionan con estos elementos básicos que justifican su decisión”, añadió.
El juez con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, señaló que carece de competencia legal para emitir la orden de captura porque los hechos acontecieron aparentemente en la Ciudad de México, y destacó que no le correspondía a pesar de las imputaciones por presunta delincuencia organizada.
Asimismo, indicó que no está bien fundamentado el caso, por lo que le pidió justificar las razones o motivos por los que se pone a consideración y por los que se solicita que sean ingresados al penal de El Altiplano, que es uno de los de mayor seguridad en el país.
“En cuyo caso considere la posibilidad de judicializar la correspondiente carpeta de investigación ante diverso Centro de Justicia Penal Federal que ejerza jurisdicción, sobre centro federal de readaptación social con las características de seguridad que requiere para el asunto en concreto”, recomendó el juez.
De esta manera, el Juez dio al Ministerio Público 15 días hábiles para que realizara un estudio de cada uno de los elementos de la solicitud, analizara los datos de prueba, argumentara y justificara la existencia de los presuntos delitos y estableciera la probable intervención de cada uno de los imputados justificando su presunta intervención.
“Es menester indicar, insisto, que de la misiva se advierten afirmaciones categóricas y dogmáticas tendentes a indicar que se acredita cada uno de los elementos de los hechos señalados por la Ley como delitos; sin embargo, no cita los datos de prueba en que apoya esas aseveraciones”, enfatizó el juez.
CONACYT CRITICA A MEDIOS POR “POLARIZAR”
Dos días después de que se dio a conocer la investigación contra 31 científicos, el Conacyt emitió una postura en la que señaló que se trata de una ola de desinformación de los medios y que sólo hizo la denuncia, sin señalar implicados.
El Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, expresó “su total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales, en alusión a unas ‘órdenes de aprehensión en contra de científicos’. Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”.
Respecto al Foro Consultivo mencionó que en 2019 mantuvo diálogo con la asociación civil, que exigía 50 millones de pesos anuales. Dijo que se ofreció apoyar con un monto modesto, debido a la austeridad republicana de la 4T, el cual fue rechazado.
“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, manifestó el Consejo.
Ante esta situación, el Conacyt señaló que corresponde a las autoridades administrativas y penales investigar y dar seguimiento jurídico al caso y que las acciones que se desprenden de esto no son su responsabilidad y no están dentro de sus atribuciones.
REACCIONES A LA DEMANDA CONTRA CIENTÍFICOS
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) apuntó que está atenta al curso del procedimiento penal en el que un juez federal no halló elementos para proceder con la emisión de órdenes de aprehensión en personajes que formaron parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt o comisiones de este.
La UAM manifestó en un boletín, en apego a la presunción de inocencia, su confianza en la integridad de las y los académicos que enfrentan esta acusación y se pronuncia por el recto actuar de las instancias encargadas de resolver este conflicto.
A su vez, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, protestó contra la persecución de científicos con una pancarta: “La ciencia no es delito, el narco sí”.
El senador de Morena, Armando Guadiana, expuso que pidió una investigación los fondos federales y estatales que van a dar a todas las universidades autónomas del país, incluida la UNAM.
Declaró que la Fiscalía es autónoma y tiene que actuar en contra de quien sea, ya sea el presidente, un diputado o un senador, y más en contra de “falsos investigadores” que “despilfarran mucho dinero en turismo internacional científico”.
??EXTRA?? Morena en @senadomexicano quieren que la UIF investigue a la @UNAM_MX y a todas las universidades, por el uso de dinero de “falsos investigadores”, que “despilfarran mucho dinero en turismo internacional”. Habla Armando Guadiana. pic.twitter.com/dmnxJNVPvk— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 23, 2021
Por otra parte, los senadores de Acción Nacional manifestaron su respaldo y solidaridad a la comunidad científica del país por la persecución a integrantes del CONACYT desde la Fiscalía General de la República (FGR).
Señalaron que la acusación penal por la cual la FGR solicitó a un juez girar órdenes de aprehensión contra 31 personas de la comunidad académica nacional del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un exceso.
Recordaron que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentenciado que el otorgamiento de recursos públicos al Foro Consultivo Científico fue legal.
“La insistencia de la Fiscalía en perseguir a científicos, pese a lo anterior, evidencia que se trata de una persecución que atiende a otros intereses, pero no a la justicia”, acusaron.
Afirmaron que “no es una novedad que Morena desprecie la ciencia, la academia, la cultura y la educación, pues han sido reiteradas las acciones y los mensajes que así lo demuestran, desde la desaparición de fondos y fideicomisos, la reducción de recursos, la desaparición de instituciones, hasta llamarlos mafiosos”.