La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una guía con enfoque electoral financiero, para facilitar la prevención y detección de delitos de lavado de dinero durante los próximos procesos electorales.
Con apoyo de la guía, se exhorta a las entidades financieras a que el Comité de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral.
En el ámbito de sus facultades, la Secretaría de Hacienda sigue los procesos electorales 2020-2021 con el objetivo de prevenir y sancionar acciones ilícitas de lavado de dinero.
Este año, a través de procesos electorales a nivel municipal, estatal y federal, se elegirán 21,368 cargos públicos en los tres niveles de gobierno.
A través de la guía, y de acuerdo con los riesgos identificados en México, se pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante los procesos electorales 2020-2021, lo que garantiza la precisión en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.
Esta guía se integra por dos bloques:
Uno de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
La guía detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021 y cuáles son las herramientas para mitigar los riesgos de lavado durante los procesos electorales. Asimismo, se enlistan factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como algunos indicadores predictivos de lavado proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.