La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes inconstitucional diversas modificaciones legales de 2019 que imponían prisión preventiva oficiosa contra delitos fiscales relacionados con las factureras.
Por mayoría calificada de 8 votos, el pleno de la SCJN invalidó las modificaciones legales que se hicieron para convertir delitos como contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas en delitos de prisión preventiva oficiosas.
Lo anterior, al conocer de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición.
Los ministros consideraron que estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de las argumentaciones legislativas en cuanto a la magnitud del daño que generan al Estado Mexicano, y consideraron -a pesar de los millones de pesos de ingresos que se dejan de percibir- que estos delitos no afectan a la seguridad nacional.
Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, que fue uno de los que votó a favor por la invalidación, advirtió que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos.
No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional
Asimismo, aseguró que es “inconvencional” y no es posible estar ampliando delitos que la ameritan aun cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, señaló durante la sesión del pleno de este lunes.
El bloque de opositor en el Senado de la República, integrado por el PAN, PRI, PRD y MC, celebró la decisión del Pleno de la Suprema Corte la determinación declarar inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación reformados el 8 de noviembre de 2019.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática que integramos el Bloque de Contención en el Senado se congratulan por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratifican su compromiso con el Estado de Derecho, el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia
Hay que recordar que, el asunto llegó a la Corte luego que senadores de oposición y la CNDH interpusieran una acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las reformas al artículo 5, fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional; el artículo 167 párrafo séptimo, fracciones I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Con estos cambios, que ya habían sido publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019, el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ameritaban prisión preventiva oficiosa.
ASÍ VOTARON
Los ministros que votaron por la inconstitucionalidad de la reforma para combatir a las factureras: Gutiérrez, González, Aguilar, Pardo, Piña, Laynez, Pérez, y Zaldívar.
Los ministros por la constitucionalidad de la reforma: Esquivel, Ríos y Franco (ponente).
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, así como el ministro José Fernando Franco, argumentaron que estas conductas delictivas sí impactan en la seguridad nacional, pues datos oficiales muestran que en los últimos cinco años se han facturado operaciones inexistentes por más de 2 billones de pesos, cifra que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que demuestra que estas empresas consuman un daño patrimonial al Estado Mexicano; también señalaron que otras medidas implementadas no han podido limitar estas prácticas ilegales, pues por el contrario, se han incrementado.
MJP