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Fast track, Morena empuja idoneidad para terna de ministro de la SCJN

Pese a que el PAN solicitaba tiempo, los tres volverán a comparecer, esta vez frente al pleno del Senado para ser votados por todas y todos los legisladores

Escrito en NACIÓN el

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó un dictamen en el que se considera que los tres aspirantes de la terna enviada por el presidente para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son elegibles. 

Esto a pesar de los cuestionamientos de la oposición que, en voz del panista Damián Zepeda, afirmara que se necesita tiempo para analizar las capacidades, trayectoria y profesionalismo de los aspirantes a pesar de que reconoció que se trata de buenos candidatos. 

"Estamos viviendo un momento muy difícil de la vida pública nacional", afirmó Zepeda y argumentó que Andrés Manuel López Obrador está invadiendo "groseramente" las funciones de los demás poderes de la Unión.

Zepeda llamó finalmente a que la oposición asuma las consecuencias de votar a favor de los candidatos porque el presidente ya tiene garantizados tres votos de ministros favorables a su posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

"Evidentemente hay una cercanía política en los perfiles. No hay duda de ello. ¿Alguien puede ser independiente a pesar de tener cercanía política? Sí. ¿Quiero tomar ese riesgo? No. No quiero correr ese riesgo", afirmó Zepeda. 

Sin embargo, la participación del senador panista no modificó la tendencia y el dictamen finalmente fue aprobado.

Luego de ser considerados elegibles, los tres volverán a comparecer, esta vez frente al pleno del Senado para ser votados por todas y todos los legisladores.

LA COMPARECENCIA

Las y el aspirante a la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado de la República. 

Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz son los nombres que integran la terna enviada al Senado de la República por parte del ejecutivo federal; Bátiz fue el primer aspirante que compareció ante las y los legisladores. 

En su primera participación afirmó que no solicitó ser parte de la terna para la elección y que tampoco ha realizado trabajo de cabildeo entre las y los senadores para obtener su voto. 

“Es un honor haber sido invitado a integrar la terna de parte del que considero que ha sido el mejor presidente de México en los últimos años”, dijo el aspirante.

Bátiz afirmó que gracias a las cualidades del presidente, es que aceptó ser parte de la terna y aseveró que lo largo de su carrera profesional ha buscado mejorar los espacios en los que se ha encontrado; también informó que no ha buscado a ningún senado ni, mucho menos, a los coordinadores de las bancadas para solicitar apoyo. 

El abogado rememoró a algunos de los que fueron sus maestros durante su formación profesional como Wenceslao Roces, traductor al español de “El Capital” de Carlos Marx, el abogado Mario de la Cueva o Erasmo Castellanos Quinto y su participación en las legislaturas del Congreso de la Ciudad de México durante los gobiernos de izquierda como el del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

“De llegar a la Corte pondré atención a los temas relacionados con los Derechos Humanos”, afirmó Bátiz y reivindicó que México ha sido pionero también en temas relacionados con los derechos sociales cuando quedaron consignados en la Constitución de 1917. 

Bátiz también lamentó que algunos de los derechos sociales y humanos se han violado por la prevalencia del individualismo y la llegada del neoliberalismo como parte de una política guiada por el nepotismo y la corrupción. 

“Estos males sociales, especialmente la corrupción, que llegó a formar parte de la estructura del poder, nos hace estar más atentos a resolver y atender lo que la opinión pública necesita”, dijo el aspirante al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“Si llego a ser ministro, seré respetuoso de los procedimientos, de las leyes vigentes y procuraré que todas las resoluciones que se tomen en forma colectiva se hagan conforme a derecho, pero que no se pierda de vista que uno de los fines esenciales del Estado es la justicia más allá de las formalidades y eso no es otra cosa que dar a cada quien lo que le corresponde”, afirmó Bátiz.

Durante una primera ronda de participaciones, las y los senadores le preguntaron cuáles son los principales retos del poder judicial, preguntas técnicas en materia de derecho penal como qué opina de las situaciones en las que pueden entrar en contradicción las leyes, los derechos de los presuntos culpables de un delito y las víctimas o si la prisión preventiva oficiosa la considera violatoria de derechos humanos.

El senador panista, Damián Zepeda, le cuestionó el grado de autonomía del Poder Ejecutivo, su opinión en torno al aborto y la militarización del país; además reconoció la formación profesional de Bátiz y la “valentía” que demostró al ser el único que se opuso públicamente a la ampliación de mandato de diversos puestos del poder judicial. 

Bátiz afirmó que es consciente de que es necesario garantizar la equidad de género por lo que a pesar de que sabe que la terna debió estar compuesta únicamente por mujeres, decidió aceptar ser parte de la terna para que las y los legisladores tuvieran opciones para elegir.

Además afirmó que jamás ha trabajado bajo las indicaciones de ninguna autoridad superior por lo que está garantizada la independencia y autonomía de sus decisiones respecto del poder ejecutivo; también afirmó que los derechos no están a consulta por lo que su voto, si llega a ser ministro, siempre estará guiado por la defensa de éstos. 

En relación con la prisión preventiva oficiosa afirmó que no es procedente. 

“Creo que nunca debe ser oficiosa la prisión preventiva. Hay criterios, es discutible. En mi opinión es el juez el que debe tomar esas decisiones”, afirmó Bátiz.

“En cuanto al aborto, para mí es una pregunta muy difícil porque yo creo que el aborto no es nada bueno, que en sí mismo encierra un mal, una interrupción de una vida con unos genes que la hacen única, individual, distinta a cualquier otro ser, al producto que ya está con vida propia”, discutió Bátiz. 

Sin embargo, el aspirante afirmó que debe ser una decisión individual y que las instituciones que se oponen, como la Iglesia, no deben exigirle al Estado que castigue por una decisión de este tipo. 

Estoy en contra del aborto pero con más razón en contra de sus acciones. Que cada quien tome su decisión, que quienes crean que se está quitando la vida a un ser humano como si fuera ya un niño nacido, pues que convenzan a sus feligreses a que no cometan esa decisión individual pero que no pidan que el Estado sea el que sancione si no se cumple con esa determinación”, afirmó Bátiz.

"LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, ÚLTIMO RECURSO, PERO NECESARIO"

La maestra en derecho, Verónica de Gyvés, afirmó que la prisión preventiva oficiosa debe ser el último paso pero que no es anticonstitucional; también explicó que sí es necesaria debido a que en muchas ocasiones los grupos del crimen organizado aprovechan los vacíos legales para evitar la cárcel.

Durante su comparecencia reivindicó su carrera en la vida judicial del país y su participación en transformaciones constitucionales y judiciales que permitieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtiera un verdadero espacio de discusión constitucional.

Además, refirió que sabe bien que formar parte de un tribunal constitucional es un desafío y afirmó que buscará garantizar la autonomía de la SCJN y garantizar que sea un espacio de justicia para la población.

“Soy una mujer de retos que hoy busca seguir sirviendo a mi país en una nueva encomienda. Me siento orgullosa de mi origen, soy istmeña”, afirmó de Gyvés en su participación.

La oaxaqueña se graduó de la licenciatura en Derecho por la UNAM, se ha especializado en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana, además de que ha cursado estudios en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona además de una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Ius Semper.

Ha sido consejera de la Judicatura Federal, Ministerio Público, Magistrada de la Primera Sala Penal en el Juzgado Sexagésimo Tercero Penal del Tribunal Superior de Justicia y ha sido parte de la International Association of Women Judges.

Luego de una ronda de preguntas en las que las y los legisladores le hicieron cuestionamientos relacionados con la práctica legislativa y judicial, la aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó algunas de sus posiciones respecto a discusiones jurídicas como el conflicto de intereses en su participación en la judicatura federal.

“Ahorita, con la reforma judicial, se están estableciendo la cuestión que la escuela judicial se haga cargo de toda la tramitación de los exámenes para todos los niveles de los empleados del poder judicial y que no sea únicamente con familiares de los titulares o por amistad”, afirmó De Gyvés.

También afirmó que es necesario agilizar los procesos judiciales con el objetivo de resolver los asuntos penales que llegan a la Suprema Corte.

De Gyvés reivindicó que su paso por el poder judicial inició desde abajo, cuando fue Ministerio Público en donde se enfrentó a víctimas, a detenidos, familiares de víctimas, lo que le permitió conocer gran parte del proceso judicial desde las entrañas.

“Decidir sobre la libertad es pesado. No es sencillo. Uno no tiene un compañero juez que va a resolver y que vaya a firmar en conjunto. Uno decide solo, uno decide en ese momento en el que va a imponer una pena de 7 años, de 18 años y eso pesa mucho, pero con la responsabilidad que el cargo da, puede poner una pena alta o dar una libertad si los elementos no dan para condenar, uno lo tiene que dejar en libertad”, afirmó la aspirante ante el cuestionamiento de las aptitudes con las que cuenta para ser ministra debido a que es una muestra de su independencia y autonomía.

Además, reivindicó que su experiencia de más de 26 años como juzgadora, la capacitan para tomar decisiones importantes como la resolución de casos.

En relación con el combate a la corrupción y el nepotismo, Verónica de Gyvés afirmó que parte de las acciones ha sido sacar de los cruces entre conocidos y personas enjuiciadas para evitar que si bien los a los jueces no se les asigna un procesado que sea su familiar, los jueces pueden llegar a cruzar acuerdos con el juez que va a juzgar a su familiar; para evitarlo, hacen cambios de adscripción de los jueces.

En relación con el aborto, la aspirante afirmó que entiende que si bien hace algunos años estaba en contra, después de ser juzgadora y conocer casos de mujeres que perdieron la vida por realizarse abortos clandestinos, ha cambiado su posición y ahora está de acuerdo. 

Respecto de la militarización, De Gyvés opinó que es necesario que se preparen las condiciones necesarias para garantizar que la seguridad del país esté en manos civiles y que los militares se preparen para garantizar la defensa de las personas.

De Gyvés también afirmó que su independencia del poder ejecutivo está garantizada porque su trabajo le ha enseñado a resolver sola. 

"Somos muy dados a criticar la resolución de un compañero que decidió tal o cual cosa pero las decisiones las tomamos solos", agregó ante el cuestionamiento de su supuesta cercanía con el poder ejecutivo federal.

"Yo no me puedo considerar cercana, cercana, pues no. He tenido la fortuna de que pueda haber visto mi trayectoria y esto haya hecho que pueda tener la confianza como para que yo pueda estar aquí en este momento, pero yo espero poder responder con hechos mi independencia y mi autonomía", afirmó De Gyvés.
LA ÚLTIMA COMPARECENCIA

Loretta Ortiz, fue la última compareciente de la terna que presentó el ejecutivo federal al Senado de la República para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La doctora en derecho ha sido profesora, catedrática y parte del comité redactor de la Constitución de la Ciudad de México también ha sido parte de la Judicatura Federal; desde el anuncio de su nombre como parte de la terna para ocupar la vacante, se le ha visto en el Senado de la República en, al menos, dos ocasiones.

“La construcción de una teoría sólida sobre el contenido y alcance del sistema constitucional de interpretación de Derechos Humanos no es una tarea estática ni acabada. Mi ejercicio jurídico se ha basado precisamente en el estudio del derecho internacional público”, afirmó Ortiz.

La aspirante afirmó que uno de sus principales compromisos será el de abogar por la defensa de los Derechos Humanos de los y las ajusticiados; además afirmó que luego de que fuera seleccionada de entre cerca de 100 personas para ocupar un puesto en la Judicatura Federal, comprobó en carne propia los retos que implica mejorar el proceso judicial en el país. 

Además afirmó que es necesario avanzar en las reformas necesarias para avanzar en el combate a la corrupción y se comprometió a desempeñarse bajo la premisa de consolidar los cambios de fondo al poder judicial de la federación. 

“Tengan la seguridad que de ser investida con esta función, las y los mexicano contarán con una jurista responsable”, afirmó Ortiz que también agradeció la oportunidad de participar en el proceso de designación. 

Las y los legisladores coincidieron en reconocer la trayectoria de la aspirante y, como en los otros casos, le preguntaron cuál es su posición en torno a algunos temas como la prisión preventiva oficiosa, la legalización del aborto, la militarización del país y la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo federal para garantizar el acceso a la justicia. 

“Cuando revisamos las cuestiones disciplinarias de los jueces, magistrados, secretarios, de los que integran el poder judicial, no se puede poner sanción alguna, que son sanciones de carácter administrativa, cuando el juez actúa con independencia y autonomía”, afirmó Loretta Ortiz en relación con la defensa de la autonomía del poder judicial. 

En relación con la consulta popular, la aspirante a ministra afirmó que se oponía a la realización de este tipo de mecanismos. 

“Cuando está de por medio al responsabilidad de cualquier persona, eso no se puede someter a consulta. Prisión preventiva oficiosa, como defensora de los derechos humanos, no voy a estar de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, hay que ver caso por caso pero lamento que se haya extendido la lista de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, afirmó Loretta.

“Mis fobias, filias, mis sentimientos, mi ideología, mi religión, es mía. Lo que sí es que como juzgadora estoy obligada a aplicar el ordenamiento jurídico mexicano, principalmente la Constitución, también abarca la jurisprudencia y la SCJN determinó la despenalización del aborto. Yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto porque no creo que sea la solución”, afirmó Loretta Ortiz en su comparecencia. 

Ortiz afirmó que no sólo se debe proteger al niño no nacido sino a las mujeres que recurren a mecanismos para abortar que no son seguros. 

Sobre la militarización de México y la Guardia Nacional, Loretta felicitó que la Cámara de Diputados y de Senadores actuó con responsabilidad en relación con la aprobación de las modificaciones constitucionales y la Ley de Guardia Nacional.




 


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