A dos años de la aprobación y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, no hay evidencia del “cambio de paradigma”, como se establece en dicho documento programático, indica el estudio “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024). Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas” por parte del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
En el marco del proyecto Por un México Seguro, los hallazgos más relevantes señalan que, abundan las contradicciones entre lo prometido y lo realizado, entre lo planeado y lo alcanzado, asimismo destaca la falta de coherencia de la política de seguridad.
El director general, Francisco Rivas, sostuvo que es lamentable que un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores no cumpla con sus promesas de campaña y que, por sus decisiones, propicie un modelo de seguridad fallido.
INCONGRUENCIAS EN ESTRATEGIA
1. La militarización se ha extendido a diversos sectores de la administración pública. Las Fuerzas Armadas no regresaron a los cuarteles y hoy gozan de un poder sin precedentes. En tanto, la Guardia Nacional se consolida como una institución militarizada en los hechos.
2. El uso de la política social para prevenir el delito es un sofisma. No hay correlación alguna entre los apoyos de programas prioritarios y la incidencia delictiva. No hay cohesión ni liderazgo en la agenda de prevención ligada a los programas sociales.
3. El “pleno respeto a los derechos humanos” se contradice y vulnera prácticamente a diario desde el púlpito presidencial. Con la eliminación del Fondo de Protección los defensores de derechos humanos y periodistas están en el desamparo total.
4. Las autoridades federales presumen ser feministas, pero niegan la violencia de género y la familiar. El verdadero feminismo está en las calles demandando la seguridad que el Estado les niega. Pese a los esfuerzos emergentes de planes y programas, no hay rectoría por parte del gobierno federal ni resultados que anunciar.
5. La legalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales es inminente tras la aprobación de la reforma en el Senado, pero no se observa una política de drogas clara de la administración federal. Se pronostican severos problemas en la implementación de dicha reforma, algunos derivados de la falta de presupuesto.
6. La administración federal predica diariamente en contra de las políticas neoliberales. Sin embargo, su política penitenciaria se centra en la continuidad del modelo privatizador de los penales federales.
7. La eliminación del FORTASEG derrumba todo discurso federalista y socava las opciones locales de desarrollo policial. La implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se vuelve prácticamente irrealizable sin recursos presupuestales.
8. La “pacificación del país” por medio de la “regeneración ética” es un soliloquio presidencial. En la práctica, persisten las acciones de persecución e interdicción del crimen al mismo tiempo que un discurso que ve en estas la causa del incremento de la violencia y la inseguridad.
9. La política de combate a los recursos de procedencia ilícita representa la principal ventana de oportunidad para el gobierno federal. Sin embargo, la asignación presupuestal no indica que sea una prioridad. Proyectos improvisados como la Guardia Financiera debilitan la coordinación entre las autoridades del sistema anti lavado y generan dispendios de recursos humanos y financieros.
10. La coherencia no es un atributo de las políticas públicas que se derivan de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La incongruencia entre el discurso y los hechos es una desafortunada constante en un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores y a cualquier voz crítica.
(MJP)