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Cuestionan que Poder Judicial cierre audiencia de Lozoya

Pide Transparencia abrir en tiempo real la audiencia del exdirector de Pemex

Escrito en NACIÓN el

El inicio del procedimiento legal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), considerado uno de los casos más grandes de corrupción en los últimos años no será público y estará sujeto a las limitantes informativas que imponga el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Transparencia Mexicana mostró su preocupación por las limitantes que se impondrán, por lo menos en la audiencia inicial de Emilio Lozoya, quien tiene abiertas dos causas penales, una de ellas por el caso Odebrecht que ha llevado a juicio, e incluso a prisión a exfuncionario y expresidentes de Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, El Salvador y Argentina.

La organización envío una carta al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, en la que reconoce las limitantes que puede haber por el virus covid-19.

Sin embargo, dijo la ONG, es necesario que los mexicanos conozcan el fondo del caso, según lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución.

“Estamos conscientes que el Poder Judicial de la Federación ha tenido que implementar medidas para proteger la salud, pero también de que el principio de publicidad constitucional de las audiencias penales no debe afectarse por esas medidas. Esto es especialmente importante es un caso que podría estar vinculado a una red trasnacional de corrupción asociada con la empresa Odebrecht”, menciona el escrito.

En el documento, la organización menciona que “la transparencia de este procedimiento resulta de interés público a nivel nacional e internacional. Es de destacarse que los procesos penales del caso Odebrecht han sido completamente públicos en países como Perú, Brasil, e incluso han sido transmitidos en tiempo real por medios digitales de fácil acceso a la sociedad”.

De acuerdo con una de las causas penales en contra de Emilio Lozoya, antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mexicanos se comprometió con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex otorgara “ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.

Entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó cinco transferencias en dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario es Lozoya.

La segunda causa señala que en el año 2009 Lozoya ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto D.M., director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país.

De acuerdo con la Audiencia Nacional Española, “a cambio de la ayuda prestada al Director Superintendente de Odebretch para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en el mes de marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI, llevando a cabo la mercantil en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta 8 transferencias por un total de 4.000.000,00 dólares USA a empresas ‘Latin América Asia Capital Holding LTD’ y ‘Zecapan S.A.’ vinculadas al reclamado o a su familia”.

Periodistas lazan carta #NoAlApagónDeLaJusticia

Un grupo de periodistas criticó la medida del CJF y estimó que su decisión de realizar la primera audiencia de uno de los posibles casos de corrupción más importantes de México a puerta cerrada, aun argumentando motivos sanitarios, viola gravemente el derecho de la ciudadanía a la publicidad de los procesos penales.

"La publicidad de la actuación de jueces, fiscales y defensores es el fruto de una lucha social larga y constante que poco a poco ha logrado ir abriéndose y quedar plasmada en la Constitución y en un sistema basado precisamente en audiencias abiertas al público", indicó en un documento.

Ayer, se lee en la carta, ignorando la Constitución y las leyes sobre transparencia y acceso a la información pública, "el CJF determinó que nadie —salvo funcionarios del gobierno cuya actuación quedará fuera del ojo público— podrán estar en la audiencia de Emilio Lozoya".

"Exigimos el cumplimiento del derecho de publicidad, para lo cual el Consejo, en vez de tomar la salida más fácil al llevar las audiencias “a puerta cerrada”, disponga las medidas sanitarias y los recursos tecnológicos que corresponda para que la mayor cantidad posible de periodistas podamos comunicar a la ciudadanía lo que estará sucediendo en TODAS las audiencias de este proceso —como lo ha manifestado ya dicho Consejo, el uso de la tecnología garantiza el acceso virtual a las salas de justicia".


(María José Pardo)