La pandemia de covid-19 también llegó a las cárceles de todo el mundo, lo que representó un reto para algunos sistemas penitenciarios, como el de México, al momento de garantizar el derecho a la salud de las personas que están en prisión.
En el caso mexicano, a pesar de que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pugnaron porque se garantice el acceso a la vacunación contra el virus en las cárceles, no todos los estados de la República han respondido igual.
Baja California es la entidad que más ha avanzado en la aplicación de vacunas contra el Sars-Cov2, pues ha logrado aplicar el biológico a 12 mil 809 personas, pero también tiene una de las cifras más altas en relación con decesos por la enfermedad, 34 en total.
En segundo lugar, se encuentra Hidalgo, con 2 mil 980 biológicos aplicados; seguido de Guerrero, donde se ha vacunado a 2 mil 489 personas privadas de la libertad.
Hasta el cuarto lugar se encuentra la Ciudad de México, donde se han vacunado a 2 mil 204 personas. Sin embargo, la capital del país tiene la mayor cantidad de decesos, 55 personas han fallecido por contagio de covid-19 dentro de las prisiones.
De acuerdo con información del gobierno federal, hay 6 mil 126 personas procesadas en los CEFERESOS y 6 mil 101 procesadas.
En 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto de amnistía para presos de distintos tipos entre los que se encontraban presos políticos, presos indígenas y mujeres; dicha ley se avaló por la vía rápida en el Congreso, pues el gobierno preveía que la pandemia se complicara, debido a las condiciones de hacinamiento de las prisiones.
Desde entonces, a un año de aprobada la Ley de Amnistía, se han encontrado irregularidades y dificultades para que ésta se aplique y pueda representar beneficios.
El Observatorio de Amnistía, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y centros de Derechos Humanos, ha denunciado la opacidad al momento de la aplicación de la Ley de Amnistía.
Además, han denunciado dificultades para que los presos accedan a este beneficio, con la imposición de multas económicas para resarcir el daño cometido.
El Observatorio apunta que la condición de vulnerabilidad de esos presos es, justamente, lo que propició que fueran procesados de manera injusta por lo que exigirles un elevado monto económico sólo obstaculiza su salida.
El Observatorio también ha señalado que a pesar de que la ley establece que la persona puede solicitar la amnistía en cualquier momento del proceso penal, a los solicitantes se les han desechado solicitudes por tener pendientes resoluciones de amparo o apelaciones.
MJP