La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2018, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, por la agresión que una familia sufrió con disparos de armas de fuego durante la persecución que militares hacían a dos vehículos en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, lo que ocasionó la muerte de un joven de 20 años de edad.
Los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2012, hace más de seis años, aun bajo la administración del presidente Felipe Calderón y cuando el titular de la Sedena era el general Guillermo Galván Galván. La Comisión acreditó las violaciones al derecho humano a la vida de la víctima, así como a la seguridad jurídica de su padre y hermana por el uso ilegitimo de la fuerza pública atribuible al personal militar perteneciente a la octava Zona Militar.
De acuerdo con información de la CNDH, el padre de la víctima presentó queja ante la CNDH el 9 de agosto de 2012, en la cual señaló que conducía su vehículo acompañado de sus dos hijos y se dirigía hacia el municipio de Miguel Alemán, por la carretera conocida como “La Ribereña”, en Reynosa, cuando dos camionetas a exceso de velocidad los rebasaron y personal de la Sedena que perseguía a ambos vehículos efectuó disparos hacia la camioneta que él conducía, por lo que decidió detener su marcha y salió de la carretera.
“Saliendo de la superficie de rodamiento, momento en que seguían realizando disparos hacia donde él y sus acompañantes se encontraban. Ante dicha situación VD (el hijo del quejoso y quien fue víctima del uso ilegítimo de la fuerza de los militares), quien se ubicaba en el lado del copiloto, realizó señas para que dejaran de disparar; sin embargo, no se detuvieron, por lo que VD se bajó de la unidad y levantó los brazos al tiempo que gritaba que ‘había familia en el vehículo’. No obstante, personal de la referida Secretaría efectuó alrededor de ‘cuatro disparos’ en el momento en que VD se encontraba en el exterior del vehículo, después los elementos militares rodearon la camioneta apuntándole a él con sus armas de fuego, instante en que se percató que uno de los disparos efectuados por la Sedena lesionó el cuello de VD privándolo de la vida”, de acuerdo con la recomendación, disponible en la página de internet de la comisión.
La hija del quejoso reclamó al personal militar lo ocurrido; en respuesta le indicaron que las personas de las otras camionetas fueron las que dispararon y no el personal militar. Con motivo del fallecimiento del joven se inició una averiguación previa en la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Tamaulipas.
Sin embargo, las investigaciones e inspecciones en el lugar de los hechos efectuadas por la CNDH acreditaron que el vehículo en que viajaba la víctima no estaba en medio de las camionetas de los supuestos agresores y los elementos militares, ya que había salido de la carretera para ubicarse en una zona de terracería y evitar la agresión.
“No hubo fuego cruzado, por lo que no se justificó que el personal militar accionara sus armas contra las víctimas”.
La Comisión Nacional concluyó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ejercieron un uso letal de la fuerza, no atendieron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.
“En todo momento tuvieron conocimiento de la posición de las camionetas involucradas en los hechos; sin embargo, en lugar de abstenerse de disparar cuando la víctima tenía las manos alzadas fuera del vehículo, continuaron haciéndolo, lo que derivó en su fallecimiento”.
Por lo tanto la Comisión en la recomendación pidió al secretario de la Defensa Nacional reparar el daño y que los agraviados reciban atención psicológica y tanatológica; también inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas; además proporcionar copia de dicha Recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR), para que se valore como medio de prueba en la averiguación previa y se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones en que se sustenta, para que se resuelva conforme a lo que a derecho corresponda.
A ello se suma colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formulará ante la PGR, para que inicie una carpeta de investigación e investigue a los militares involucrados, así como en la queja que presente ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría. En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, se deberá anexar copia de la misma al expediente personal de los militares responsables.
Otro tema que forma parte de la recomendación es que la Sedena capacite al personal de la octava Zona Militar en Reynosa, Tamaulipas, sobre lo establecido en el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”, así como en formación en materia de uso de la fuerza pública y derechos humanos.