La clave para que institutos armados de naturaleza militar intervengan en tareas de seguridad pública es delimitar sus funciones, dijo a La Silla Rota el general auditor Ángel Serrano Barberán, representante del Ministerio de Defensa de España.
Explicó que las acciones de seguridad pública corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado en la generalidad de los países, pero hay naciones como Italia, España y Francia con institutos armados de naturaleza militar, que sin formar parte de las fuerzas armadas, sí desempeñan funciones de seguridad pública.
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“Son la Guardia Civil en el caso de España, la Gendarmería en el caso de Francia, los Carabinieri en el caso de Italia y la Guardia Nacional Republicana en el caso de Portugal”.
Cuestionado sobre el desempeño de dichos institutos, Serrano Barberán consideró que en España se trata de un caso de éxito y dio la razón.
“Tiene delimitadas sus funciones, hay buena coordinación con la Policía Nacional en el caso de España. En el caso de Francia la Gendarmería, en el caso de Italia tienen delimitadas sus funciones e intervienen con mucha eficacia, con buena coordinación, tienen distribuidas las funciones a nivel territorial.
La Guardia Civil interviene en poblaciones rurales y en centros pequeños de población, mientras que la Policía Nacional interviene en zonas o núcleos urbanos más grandes y tiene competencias comunes en temas de drogas y algún otro delito, como los económicos. Ahí hay un organismo que las coordina a ambas y funcionan muy bien”.
El general dijo que en la mayoría de los países, la seguridad pública no es una tarea que corresponda a las fuerzas armadas, y eso debería ser lo ideal.
“Las fuerzas armadas, por lo menos en España, están dedicadas a las misiones que tienen asignadas constitucionalmente. En casos excepcionales se pueden atribuir más, pero en periodos normales la seguridad pública es una competencia de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, la Guardia Civil o de Vigilancia Aduanera”.
Pero también hay excepciones como es Brasil y la propia Francia, donde las Fuerzas Armadas intervienen en asuntos de seguridad pública.
“Las Fuerzas Armadas hacen tareas de seguridad pública en Brasil y en Francia. En España hacen tareas de seguridad pública sólo en apoyo de fuerzas de seguridad del Estado que nos lo piden y no es normal que lo hagan. En principio las fuerzas armadas tienen una misión que no es intervenir en tareas de seguridad pública. Lo ideal es que se mantenga en ese marco”, consideró.
Cuestionado sobre el caso mexicano y si su combate al crimen organizado lo coloca en una situación jurídica distinta, evitó opinar.
“Ahí no me atrevo a opinar porque no lo conozco a profundidad”, concluyó.
BRASILEÑOS PIDIERON AYUDA A MILITARES POR CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO
Los militares han estado presentes en casi toda la vida de los brasileños. Primero como quienes controlaban la vida política durante la dictadura, después dejaron de tener presencia con la transición democrática. Pero ante el incremento de la inseguridad, la presencia del narcotráfico, los escándalos de corrupción de la Policía y sus bajos sueldos, la propia población pidió el regreso del Ejército a la vida pública.
Así lo afirmó la ministra del Tribunal Superior Militar de Brasil, María Elizabeth Teixeira Guimaraes Rocha, durante su participación en el seminario “La defensa nacional del Estado mexicano: marco jurídico para las Fuerzas Armadas”, realizado en el campus norte de la Universidad Anáhuac y organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dicha casa de estudios.
Teixeira Guimaraes recordó, en la Sala de Exposiciones de la universidad a la que acudieron estudiantes y elementos castrenses, que sólo con la llegada de la democracia al país amazónico, al inicio de la década de los 80 del siglo pasado, la presencia militar disminuyó.
“Se delegaron a las policías militares las tareas y fueron las encargadas de la seguridad interna”, recordó.
El retorno de los militares lo hicieron bajo otro contexto. Además de combatir al narcotráfico y hacer labores de contención durante manifestaciones sociales como huelgas, han estado presentes en la seguridad de eventos del calibre de las protestas globalifóbicas en 2012, el Mundial de Futbol 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
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Pero de acuerdo con la experta, su mayor desafío es la defensa de la seguridad interna, un reto que es común con México, enfatizó.
Explicó que, además, la intervención de los militares se da en un contexto donde las alternativas presentadas por los gobiernos civiles no convencen a la población sobre la resolución del problema de inseguridad, agregó la también profesora de derecho constitucional.
“El incremento del crimen organizado y desorganizado es devastador y la gente de bajos recursos es rehén de una especie de guerrilla, pero sin ideología”.
Se trata de una batalla donde fuerzas armadas se enfrentan contra delincuentes, dijo, pero la sociedad se encuentra en medio, vulnerable e indefensa que clama por medidas radicales que en ocasiones están al margen de las garantías constitucionales.
“Un tema inquietante es cómo combinar una visión constitucional con el poder y la fuerza de la Policía para combatir a la delincuencia y si los derechos de los habitantes deberán sufrir violaciones”, planteó.
“El miedo ocasionado por los delitos contra la sociedad es preocupante no sólo en Brasil sino en América Latina. La violencia conectada a la pobreza y a la exclusión social. Se debe definir con cautela el concepto de seguridad. ¿Cuál o qué especie de seguridad buscan los estados?”, cuestionó.
Añadió que hay manifestaciones de que la sociedad podría permitir el relajamiento a las garantías constitucionales, pero eso es un riesgo, advirtió.
“Algunas medidas pueden erosionar las libertades civiles y en casos extremos se puede decir no sólo por las amenazas, sino por las medidas tomadas contra esas amenazas”.
Pero también la intervención de los militares en labores de seguridad interna, ocasionó en Brasil que ellos pidieran detener una ley que buscaba juzgarlos ante juzgados civiles por crímenes cometidos en su labor, y la ley no pasó, ya que ellos querían esa garantía para seguir con las tareas de seguridad pública.
La analista reconoció que si bien el éxito depende menos de la institución que de un plan firme contra la inseguridad, la población demanda la presencia militar. Eso se traduce en la creciente participación de elementos castrenses en las elecciones, donde 71 contendieron por cargos de representación popular, y pese a su inexperiencia fueron bien vistos.
“La mayor parte no posee experiencia, pero la inexperiencia no es vista como negativa y son vistos como políticamente no contaminados”, aseguró.
Eso genera dudas sobre si la sociedad debería renunciar al control de la seguridad por parte de los militares, o permitirles que accedan al poder.
“De ahí el desorden de politizar a los militares o de militarizar la política”, resumió.
ams