Desde 2018, el diario El Universal mantiene un pleito legal por la publicación de un reportaje que reveló parte del patrimonio del entonces aspirante a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Con el tiempo, el tema escaló al Poder Judicial donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en voz de los ministros, ha favorecido en dos ocasiones la posición del medio a favor de la libertad de expresión.
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Sin embargo, el ministro que lleva el caso, Luis María Aguilar Morales, se ha empecinado en seguir proponiendo a sus colegas proyectos de sentencia que de una forma u otra atentan contra los medios de comunicación que se atreven a revelar información que los políticos no quieren hacer pública. El pasado jueves lo hizo de nuevo, sin considerar que el resto de sus compañeros había votado en contra de su última posición. Lleva tres propuestas en el mismo sentido y cada vez más agresivas.
Sumado a este caso, en abril del año pasado el diario publicó un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el cual la institución expuso que durante la administración de Aguilar Morales se autorizó la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal que pone en riesgo de demanda al CJF por gastos no recuperables. De acuerdo con el propio análisis del Consejo, el organismo no cuenta con recursos para continuar con los compromisos de obra pública que suscribió durante la gestión del expresidente de la SCJN, por lo que quedaron obras inconclusas; esto, a pesar de que en ese mismo año el CJF tuvo un subejercicio de casi 5 mil 500 millones de pesos en su presupuesto.
En la actual administración del Poder Judicial se ha emprendido una cruzada en contra de este tipo de dispendios, irregularidades y abusos, que alejan a los juzgadores del bien común al que, también, se deben.
Ante estos hechos, El Universal ha hecho una solicitud formal a la Suprema Corte para solicitar el cambio del ministro Aguilar Morales, debido a que ha elaborado diferentes proyectos de sentencia en el mismo sentido pese a que sus colegas han rechazado sus propuestas. Cada uno de los tres proyectos observa la decisión, sistemática, de resolver en contra de la libertad de prensa, como también en otros textos lo ha hecho el ministro Alberto Pérez Dayán.
Estimamos que la decisión del ministro Aguilar Morales no es interpretar la Constitución en función de un caso concreto, sino afectar a un medio de comunicación que publicó información acerca de su gestión al frente de la Corte.
El ministro desestima que el derecho de réplica y el juicio de réplica no son para que los jueces determinen qué realidad creen falsa o inexacta, sino para que se garantice el derecho del aludido a que su versión sea incluida, lo cual ya ocurrió. Así lo afirmó el propio pleno de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 122/2015, y sus acumulados 124/2015 y 125/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de abril 2018.
Más allá del interés que este medio de comunicación tiene por hacer prevalecer su versión de los hechos, es evidente que el ministro Aguilar Morales busca, bajo las limitaciones de su motivación personal, afectar a un ente privado sin consideración de que, en el camino, se abre la puerta a dinamitar cualquier crítica al poder político, escenario que en nada favorecería a la democracia.
(Karla Alva)