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Suprema Corte de EU admite acceso a Internet a acosador

Los argumentos de la justicia dictaminan que la sentencia establece que una ley de Carolina del Norte vulnera la libertad de expresión

Escrito en MUNDO el

Ahora los menores de edad que están expuestos a las redes sociales y a la web en general se pueden encontrar legalmente con un acosador, gracias a que el Tribunal supremo de Estados Unidos anuló una ley de Carolina del Norte  que prohíbe que personas condenadas por agresión sexual tengan acceso a la red.

La Corte consideró por unanimidad que la norma vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, que blinda la libertad de expresión.

La máxima autoridad judicial estadounidense da la razón a Lester Packingham Jr., que recurrió ante el alto tribunal y que es una persona registrada como acosador sexual (una base de datos en la que debe estar inscrito durante 30 años) después de ser condenado en 2002 a 10 meses de cárcel por abusar de una menor.

En 2008 Carolina del Norte ya había convertido en delito que las personas registradas como acosadores sexuales utilicen páginas web que puedan llevar a interacciones con menores.

Packingham incumplió esa ley en 2010 cuando escribió un mensaje en Facebook para celebrar que no había sido multado por una infracción de tráfico: “Ninguna multa. Ningún coste judicial. Nada de nada. Gracias a Dios. Wow. Gracias, Jesús”.

Un policía descubrió que Packingham lo había escrito con un seudónimo y acabó condenado a un cargo con libertad condicional.

El juez que rechazó el argumento del gobierno de Carolina del Norte en el que impide que un agresor sexual pueda acercarse a zonas en las que hay niños, como un parque. El Estado también alegaba que las restricciones no afectaban al conjunto de Internet.

La defensa de Packingham alegaba que es inconstitucional vetar por completo a una persona el acceso a páginas como Facebook. Su causa recibió el apoyo de organizaciones sociales, como la conservadora Cato Institute y la progresista American Civil Liberties Union, que criticaban la ley porque puede impedir buscar trabajo o leer noticias en Internet.

EL PAÍS

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