LIMA.- La decisión del Tribunal Constitucional (TC) peruano de excarcelar al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) resolvió una dura tesitura legal que obligaba a liberar al político o bien a meter en prisión preventiva a todos los exdirigentes señalados por haber mantenido relaciones corruptas con Odebrecht.
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La decisión del Alto Tribunal, que suspende la prisión preventiva de Humala y su esposa Nadine Heredia, mientras esperan la apertura de un juicio oral en su contra por corrupción, permite aventurar que ningún otro presidente o alto dirigente político peruano entre en prisión antes de tener una condena en firme en su contra, algo a lo que, dadas las circunstancias, muchos parecía abocados.
En julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho justificó la aplicación de la prisión preventiva contra la pareja por "la muy alta probabilidad" de que hubieran cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, acusación fundamentada en las declaraciones de los brasileños Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, así como por el riesgo de que intentaran huir del país.
Desde ese momento hasta la fecha, confesiones de estos empresarios expandieron la nómina y la intensidad de las supuestas prácticas corruptas a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y a la líder de la oposición, Keiko Fujimori.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció a la presidencia el pasado mes de marzo acosado por sus presuntas relaciones irregulares con Odebrecht, también habría recibido aportes irregulares, entre varios otros.
En consecuencia, si el TC hubiera mantenido a Humala y a su esposa en prisión, sosteniendo tanto los criterios tan duros de riesgo procesal que llevaron a la cárcel a la pareja, como la credibilidad de la acusación de Odebrecht, el precedente hubiera obligado a que todos ellos fueran la cárcel.
"Hace un año solo había una situación que parecía acreditada de donaciones ilegales a partidos. Pero desde hace varios meses atrás, ya son todos: Fujimori, Kuczynski, García. Y así se ve un hecho diferencial, porque esa sería la misma práctica delictiva que llevó a los Humala a prisión", apuntó a Efe Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Rivera, sin entrar a considerar la idoneidad o no de la prisión preventiva para estos casos, apuntó que Humala y Heredia han sido injustamente tratados y que la acción de la fiscalía contra ellos no ha sido igual que ante otros acusados.
A su juicio, esta situación de "inequidad" se "agrava" por el hecho de que en los nueve meses que ambos pasaron en prisión la fiscalía aún no presentó acusación alguna para abrir el juicio oral, en una investigación que ya se prolonga desde hace más de tres años.
Cynthya Montes, portavoz de la pareja excarcelada, fue aún más categórica y en declaraciones a Efe consideró "evidente" el trato desigual sufrido por Humala y Heredia y apuntó que entraron en prisión solo por ser "actores políticos".
"Debe haber pesado también en la decisión del TC el hecho de que todos los acusados por Odebrecht deberían estar en prisión. Eso llevó a la reflexión y que se respeten los derechos", apuntó.
Precisamente, el presidente del TC, Ernesto Blume, afirmó durante el anuncio formal de la excarcelación que si bien esta decisión no establece "precedentes vinculantes", si marca los estándares para la aplicación de la prisión preventiva.
Dicho de otro modo, a partir de ahora será posible aún meter en prisión preventiva a un político o ex presidente, pero solo podrá hacerse si las evidencias son extraordinariamente claras y rotundas.
En cualquier caso, la solución para todos los implicados pasa, según subrayó Rivera, en que finalmente se abra el juicio oral contra la pareja, y contra todo otro político implicado en supuestos actos de corrupción.
"Quiero ser optimista en creer que se puede juzgar (..) y la Justicia peruana ha dado para pensar que sí se puede, pero tiene que haber cambios sustanciales en las voluntades institucionales", concluyó el jurista.
lrc