Expertos aseguran que la instalación de la planta de termovalorización en la Ciudad de México y la quema de 4 mil 500 toneladas de basura al día, durante 30 años, violará las leyes nacionales de protección al medio ambiente y convenios internacionales, y por ello externaron su rechazo a la obra.
La Agencia de Gestión Urbana capitalina otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4 mil 500 de las casi 13 mil toneladas de basura que genera la urbe.
La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y con el vapor producido lograr la generación de energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción.
“México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, indicó Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes, en entrevista con esa agencia.
En el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometieron a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos.
Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética.
Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, señaló Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México.
El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia.
Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”.
Asimismo, las organizaciones ambientalistas han denunciado que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medio ambiente sano garantizado por la Constitución y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente.
Gustavo Ampugnani, el director de Greenpeace México, aseguró que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina, con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero.
“Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, indicó.
Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos.
Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denunció además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo Poniente –que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)–, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI.
“Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales, y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advirtió Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.
Con información de Proceso
fmma