"Sé que la victoria nos pertenece, ¡hasta la victoria siempre!". Nicolás Maduro celebró el miércoles con entusiasmo revolucionario que ya tiene al alcance de la mano su reelección presidencial en los comicios programados para el 22 de abril. Una fecha impuesta por el oficialismo vía exprés al aplicar de forma unilateral uno de los documentos no acordados en la mesa de negociación de Santo Domingo.
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Otra cosa muy distinta es que la comunidad internacional y buena parte de su país vayan a legitimar o reconocer su triunfo cantado. La investigación abierta por El Tribunal Penal Internacional (TPI) y la nueva andanada del Parlamento Europeo adelantan la casi unanimidad frente al chavismo ante la ausencia de garantías democráticas, con la excepción de los aliados revolucionarios y de los socios Rusia y China.
La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha anunciado la apertura de un examen preliminar sobre las violaciones a los Derechos Humanos y el uso excesivo de la fuerza cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, durante la crisis política que tuvo lugar en Venezuela entre el 30 de marzo y el 30 de julio de 2017. La funcionaria anunció que se abrirá un procedimiento similar en contra del Gobierno de Filipinas, presidido por Rodrigo Duterte, por denuncias sobre desafueros judiciales en el combate al narcotráfico en ese país.
Corte Penal Internacional examinará gobierno de Maduro (Tomado de Noticia Al Día)
Esta medida significa que la Corte sopesará tras una evaluación si existen o no fundamentos para iniciar una investigación penal de los dos Gobiernos. Las fuentes indican que la Corte, que ha recibido varias denuncias en contra de Maduro por sus excesos represivos, incluyendo las de la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz —depuesta por la Constituyente madurista tras denunciar la ruptura del orden constitucional— centrará su atención sobre el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano en el trato dado a los manifestantes en estas protestas, que estremecieron la vida del país el año pasado.
El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", sostuvo Bensouda.
La resolución se materializa el mismo día en el que la Eurocámara, con 480 votos a favor, 51 y 70 abstenciones, ha aprobado solicitar nuevas sanciones y restricciones a Nicolás Maduro, su entorno político y los mandos claves de la petrolera estatal, PDVSA. Europa le reprocha al gobierno de Maduro nuevas violaciones a la legalidad con la convocatoria anticipada y unilateral a las elecciones presidenciales que fueron anunciadas en Caracas este jueves. También condenó la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.
Al razonar su decisión, la mayoría parlamentaria europea declaró que únicamente reconocerá "unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de (...) partidos políticos", con “unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes".
Los disturbios de 2017, de cuatro meses de duración, dejaron un saldo de 120 víctimas fatales, miles de heridos y varios centenares de detenidos e hicieron emerger la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro por cuenta propia, con apoyo militar, saltándose varias exigencias constitucionales que lo obligaban.
Las investigaciones han sido promovidas por la destituida fiscal Luisa Ortega, quien llevó a cabo una visita a ese organismo con pruebas y documentos de supuestos abusos cometidos contra los ciudadanos. Desde que salió de Venezuela advirtió que llevaría a instancias internacionales los casos que ella investigaba en el país
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que no hay un tiempo determinado establecido sobre la duración de un régimen de investigación preliminar y advirtió que seguirá recabando información sobre las denuncias contra el gobierno de Maduro, con el objetivo de formar una opinión fundamentada en torno a la conveniencia de proceso judicial penal.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados.
mlmt