La violencia hacia niñas, jóvenes y mujeres existe prácticamente en todos los espacios que habitamos. Todas sabemos que en el hogar, la escuela, el trabajo, la calle y los diferentes espacios públicos, el ser mujer es una condición de riesgo; es terrible comprobar que ningún lugar es seguro para nosotras y que nuestra vulnerabilidad se hace patente a cada a paso que damos.
Ante las protestas en las calles y las denuncias públicas de mujeres, organizaciones y colectivos, hay una tendencia marcada y particular de minimizar la problemática, con una condescendiente pregunta: ¿por qué no denuncian?
Es tiempo de hablar de las razones esenciales de la no denuncia. En primer lugar, es importante señalar que las formas de violencia son distintas – y por lo tanto se tipifican diferente- dependiendo del espacio en el que se produzcan. Ello también implica que las personas que nos violentan sean distintas en cada espacio y por tanto, existen diferentes tipos de obstáculos para la denuncia y la acción de la justicia que dependen de ello.
En el hogar – por ejemplo- la violencia puede ser verbal, económica, física y/o sexual, siendo ejercida por parte de un miembro de la familia o del entorno cercano. Este vínculo dificulta la denuncia, ya que para una mujer no es fácil señalar como agresor a la pareja, el padre, los hermanos, tíos o primos. Lo más grave es que al convertirse en un “secreto de familia” se normaliza la violencia e impide evidenciarla y sancionarla de manera efectiva.
En el ámbito laboral, la violencia puede presentarse como acoso y hostigamiento, que tampoco se denuncia por temor a perder el trabajo. Tomemos en cuenta que el acceso a trabajos estables y bien remunerados sigue siendo una de las dificultades reales del empoderamiento femenino. Además, el acoso y hostigamiento laboral generalmente es ignorado por las empresas y centros de trabajo, por lo que no hay protocolos o procedimientos adecuados para su atención y eliminación.
El acoso callejero y en el transporte público es quizá el más difícil de evidenciar y sancionar. Las mujeres que se han enfrentado al laberinto jurídico de denunciar a quien las agredió, describen una gravísima espiral de negación de derechos, revictimización, burla y discriminación. En todo momento hay intentos de desalentar la denuncia, de culpabilizar a la víctima por “exponerse al peligro”, argumentar que miente o que no tiene pruebas de lo que sucedió, porque no hay testigos.
"Es importante que los niños se vean reflejados en el producto y que todos se animen a jugar con juguetes diversos que no luzcan para ellos para ayudarles a comprender y celebrar la inclusión" (Lisa McKinght, 2022)
A este panorama hay que agregar que en general, en nuestro país existen altos índices de impunidad y falta de confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia. De acuerdo a la ENVIPE (Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción, INEGI, 2017) solamente el 10.4 por ciento de las personas que afirmaron ser víctimas de algún delito decidieron denunciarlo. Entre las razones que dieron para no hacerlo, la falta de confianza en las autoridades ocupa el primer lugar.
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La indefensión a la que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos exigir nuestro derecho a una vida libre de violencia y al acceso efectivo a la justicia, es de hecho otra forma de violencia: la institucional.
Policías, autoridades, jueces, médicos y ministerios públicos, colaboran con un sistema patriarcal en el que el maltrato hacia niñas, jóvenes y mujeres, se minimiza y oculta, dejando en indefensión a miles de víctimas.
Ante esta situación algunas mujeres y colectivos han pensado en otras estrategias ya sea la denuncia pública en redes, como en el caso del movimiento #MeToo, o los eventos públicos con manifestaciones y actos de protesta. Si bien la sanción social derivada de exhibir a los acosadores, violadores y potenciales feminicidas ha sido efectiva en algunos casos, en otros ha expuesto a las denunciantes a agresiones de muchos tipos, que también las revictimiza y coloca en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Por todas estas razones, la respuesta a la compleja pregunta que se plantea aquí como título, admite más de un argumento. Lo triste es que todos ellos nos llevan al doloroso lugar común en el que la violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres, no se considera grave y no se le presta atención. Quien tiene el valor de denunciar deberá enfrentar al sistema patriarcal que por todos los medios de los que dispone, hará lo posible para que el miedo y la frustración acaben por desalentarte.
La estrategia es tan efectiva, que la mayoría de las mujeres prefieren no denunciar. Sin embargo, los estudios demuestran que la violencia siempre continúa de modo ascendente. Lo que empieza con agresiones verbales, pronto se convierte en golpes y puede llegar a ocasionar la muerte. Detrás de cada feminicidio hay mujeres que no fueron atendidas en sus denuncias de maltrato, que nadie las cuidaba y que alguna autoridad o familiar, desestimó la gravedad de su situación.
Es necesario para las víctimas vencer el miedo, pero también saber que todo tipo de agresión y maltrato será debidamente sancionado y castigado. Necesitamos y por ello exigimos, que para todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia sea efectivo y no otra de las muchas promesas dolorosamente incumplidas que se nos han hecho a lo largo de mucho tiempo.
El acoso callejero y en el transporte público es quizá el más difícil de evidenciar y sancionar. Las mujeres que se han enfrentado al laberinto jurídico de denunciar a quien las agredió, describen una gravísima espiral de negación de derechos, revictimización, burla y discriminación. En todo momento hay intentos de desalentar la denuncia, de culpabilizar a la víctima por “exponerse al peligro”, argumentar que miente o que no tiene pruebas de lo que sucedió, porque no hay testigos.
A este panorama hay que agregar que en general, en nuestro país existen altos índices de impunidad y falta de confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia. De acuerdo a la ENVIPE (Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción, INEGI, 2017) solamente el 10.4 por ciento de las personas que afirmaron ser víctimas de algún delito decidieron denunciarlo. Entre las razones que dieron para no hacerlo, la falta de confianza en las autoridades ocupa el primer lugar.
La indefensión a la que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos exigir nuestro derecho a una vida libre de violencia y al acceso efectivo a la justicia, es de hecho otra forma de violencia: la institucional.
Policías, autoridades, jueces, médicos y ministerios públicos, colaboran con un sistema patriarcal en el que el maltrato hacia niñas, jóvenes y mujeres, se minimiza y oculta, dejando en indefensión a miles de víctimas.
Ante esta situación algunas mujeres y colectivos han pensado en otras estrategias ya sea la denuncia pública en redes, como en el caso del movimiento #MeToo, o los eventos públicos con manifestaciones y actos de protesta. Si bien la sanción social derivada de exhibir a los acosadores, violadores y potenciales feminicidas ha sido efectiva en algunos casos, en otros ha expuesto a las denunciantes a agresiones de muchos tipos, que también las revictimiza y coloca en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Por todas estas razones, la respuesta a la compleja pregunta que se plantea aquí como título, admite más de un argumento. Lo triste es que todos ellos nos llevan al doloroso lugar común en el que la violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres, no se considera grave y no se le presta atención. Quien tiene el valor de denunciar deberá enfrentar al sistema patriarcal que por todos los medios de los que dispone, hará lo posible para que el miedo y la frustración acaben por desalentarte.
La estrategia es tan efectiva, que la mayoría de las mujeres prefieren no denunciar. Sin embargo, los estudios demuestran que la violencia siempre continúa de modo ascendente. Lo que empieza con agresiones verbales, pronto se convierte en golpes y puede llegar a ocasionar la muerte. Detrás de cada feminicidio hay mujeres que no fueron atendidas en sus denuncias de maltrato, que nadie las cuidaba y que alguna autoridad o familiar, desestimó la gravedad de su situación.
Es necesario para las víctimas vencer el miedo, pero también saber que todo tipo de agresión y maltrato será debidamente sancionado y castigado. Necesitamos y por ello exigimos, que para todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia sea efectivo y no otra de las muchas promesas dolorosamente incumplidas que se nos han hecho a lo largo de mucho tiempo.
