Capítulo 15
Los mil cómplices del Chapo
Había sido un sábado apacible, aunque caluroso. Pero la noche del 11 de julio de 2015 Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, se alteró cuando recibió una llamada de emergencia a su teléfono celular.
“¡Que los detengan a todos, desde el director hasta el último afanador; nadie sale del penal!”, ordenó, casi gritó, tras escuchar el informe que le hacían llegar. De inmediato se sintió ridículo al recordar que la misma instrucción, bajo circunstancias idénticas, había sido girada en enero de 2001 por Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública del presidente Fox, sin ningún resultado práctico.
Sí, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, se había vuelto a fugar, por tercera vez desde mayo de 1993. Por segunda ocasión en 14 años, desde un penal federal “de máxima seguridad”, completó con ironía Zerón la frase de uso general, en medio de una mueca amarga.
Horas después, instalado en el penal del Altiplano, escenario de la evasión de Guzmán, Zerón terminaba una primera inspección de la celda de donde Guzmán había escapado. Se enteraba, por testimonios recogidos, sobre alertas, en las semanas previas, pidiendo cambiar al reo de área ante versiones de una fuga. Todas habían sido ignoradas.
Supo que durante los días anteriores a la evasión era imposible no escuchar el ruido de martillos y barrenos provenientes del subsuelo. Las carcajadas que despertaban esos trabajos en las celdas vecinas, desde donde incluso había quejas porque el traqueteo de herramientas impedía a otros reos conciliar el sueño. No dejó de llamarle la atención el escaso grosor que exhibía el piso en el área del boquete por donde se había evadido el narcotraficante. Recordaba haber leído textos que describían a ese penal con suelo de concreto armado, de varios metros de espesor y con sensores para registrar movimientos subterráneos.
Recibió el informe inverosímil de que nadie se dio por enterado de la fuga hasta casi después de 20 minutos de que la misma se hubiera producido.
El Chapo Guzmán había utilizado esos minutos de margen para descender por un espacio abierto con equipo especializado, presuntamente desde debajo del piso de la regadera de su celda, hasta un túnel de 1 500 metros de largo, que había recorrido a bordo de un vehículo similar a una motocicleta improvisada sobre rieles. Así logró alcanzar una construcción abandonada donde por meses había laborado un equipo sin ser descubierto por autoridades. El famoso narcotraficante abordó un automóvil que lo trasladó a una avioneta en la que viajó a un destino en ese momento desconocido. Según calculó Zerón, cuando el primer guardia entró a inspeccionar la celda vacía del capo, éste se hallaba ya a varios kilómetros de la zona.
Zerón estimó, igualmente, que al menos una veintena de personas debió haber estado previamente enterada directamente de lo que ahí estaba por ocurrir, entre custodios, vigilantes asignados por la Policía Federal dotados de un monitor conectado las 24 horas sobre la celda del narcotraficante. También, empleados del Cisen cuya única tarea era reportar cualquier anomalía en torno al conocido mafioso. Jefes de vigilancia, supervisores, directivos, funcionarios de la Secretaría de Gobernación responsables del sistema penitenciario… Su recuento mental se detuvo en el nombre del titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido, que entre sus tareas contaba el control de los penales federales.
“A estas horas debe andar borracho”, dijo el jefe de la AIC, según confió a este autor uno de los colaboradores que lo acompañó durante la inspección.
Pero la cabeza del sistema de seguridad del país no era otro que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Si se sabe lo que ocurrió aquí, Osorio se jodió… ni Gobernación, ni candidatura, ni nada”, expresó Zerón a sus colaboradores.
Cerró su libreta y con un gesto de fastidio dispuso que todos se retiraran.
“Que otro pendejo escriba el reporte oficial”, indicó como anticipo de que nada de lo ahí visto y escuchado saldría de su escritorio.
En esos mismos momentos, a miles de kilómetros de distancia, en vuelo hacia una visita de estado en Francia, el presidente Enrique Peña Nieto acababa de recibir una llamada telefónica de Osorio Chong, quien se hallaba en Londres y planeaba tomar un vuelo hacia París para acompañar al mandatario en una jornada que se anticipaba luminosa.
Peña Nieto decidió continuar con la agenda oficial de la visita, pero ordenó a Osorio Chong regresar de inmediato a México para coordinar las tareas de búsqueda y posible reaprehensión del Chapo, como lo diría horas después durante un mensaje televisado en México.
Trece años había permanecido evadido Guzmán Loera luego de fugarse en enero de 2001, en las primeras semanas del gobierno del panista Vicente Fox, desde el penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Como en aquella ocasión, la fecha para esta nueva fuga parecía haber sido calculada por alguien con el ánimo aparente de tener mayor impacto, fuera político o, simplemente, mediático, popular.
“Querida amiga, consigue a Coppola”
Esta última hipótesis —la búsqueda de fama pública— pareció confirmarse pocos días después de la evasión de Guzmán, cuando el sistema de inteligencia estadounidense reveló a sus pares del gobierno de México haber interceptado comunicaciones entre el narcotraficante (que había vuelto a ser el criminal más buscado del mundo) y la actriz mexicana Kate del Castillo.
De acuerdo con los mensajes detectados, ambos personajes mantuvieron algún tipo de contacto, generado inicialmente por el capo, desde meses posteriores a que, en 2012, la señora Del Castillo difundiera una carta dirigida a él en la que le decía: “Señor Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien?” La actriz había salido meses antes de un relativo anonimato tras protagonizar una serie basada en La Reina del Sur, la novela del escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte que describe las aventuras de una mujer narcotraficante con origen en Sinaloa cuyo poder se extiende a otras regiones del mundo.
Del Castillo y Guzmán Loera habían seguido en contacto tras la fuga de éste en 2015 e incluso tuvieron al menos una reunión mientras él se hallaba en la clandestinidad, en octubre de ese año, en la serranía de Sinaloa.
Según reportes de inteligencia compartidos con el autor, la actriz le mostró a Guzmán un video en donde aparece en la región de Arandas, Jalisco, visitando una destilería como presunta dueña de una marca de tequila denominada Honor del Castillo, en aparente alusión a su apellido. En el video, ella elogia el proyecto y establece: “Yo no tuve hijos [pero] este es mi hijo”.
Los investigadores, tanto de México como de Estados Unidos, asumieron que la artista mexicana había solicitado al capo fondos para apuntalar su proyecto tequilero, pero pese a las pesquisas desarrolladas, no pudieron encontrar dinero irregular en las cuentas de la señora Del Castillo.
De lo que sí hubo profusas evidencias fue que ambos habían acordado producir una película biográfica sobre el mafioso, con la participación del actor estadounidense Sean Penn, quien incluso acudió a la referida cita con el capo y Del Castillo. En un aparente deslinde para evitar consecuencias legales, Penn publicó su testimonio sobre esa reunión en la revista Rolling Stone. Los investigadores mexicanos, en consonancia con lo publicado por la prensa estadounidense, dijeron a este autor estar convencidos de que en todo este proceso Penn fue un informante de la justicia estadounidense, como lo refirió igualmente la prensa norteamericana.
Tres meses después de esa reunión entre el trío de personajes y luego de una intensa cacería, Guzmán fue reaprehendido como resultado de un confuso operativo extraoficialmente conjunto entre policías y militares mexicanos y efectivos de la DEA.
Posteriormente al arresto, los investigadores estadounidenses compartieron con su contraparte un hallazgo singular. En uno de sus mensajes a diversos números telefónicos de la actriz, Guzmán profundizó sobre la importancia de que la película sobre su vida fuera un suceso internacional, por lo que debía ser encomendada a un director de fama reconocida. “Querida amiga — le indicó el capo a la actriz—, yo creo que quien dirija mi película debe ser Francis Ford Coppola [el director de la saga El Padrino, entonces de 76 años]. Creo que debes buscarlo para proponérselo”.
El efímero triunfo de Osorio Chong
En febrero de 2014, cuando la administración de Peña Nieto parecía aún rozar el cielo con la mano gracias a sus altos niveles de popularidad, nacional e incluso internacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció con alborozo el arresto del capo.
Quienes en esa época visitaban al funcionario en la casona de lo que alguna vez fue llamado Palacio de Covián, sobre la avenida Bucareli en el centro de la Ciudad de México, eran frecuentemente conducidos a una sala de juntas donde una pantalla se hallaba conectada directamente a la celda del narcotraficante, en el penal del Altiplano. Era un morboso timbre de orgullo de Osorio ante sus interlocutores, pero quizá reflejaba también el temor oculto de que el criminal volviera a escaparse.
A las 20:40 horas de aquel sábado de julio de 2015 esa preocupación se tornó en una pesadilla para Osorio Chong. La imagen de Guzmán Loera humillando al Estado mexicano marcaría la hoja de vida de este funcionario que en el último lustro había enfrentado otros escándalos con potencial de desbarrancar su carrera.
Osorio cumplió 51 años en esas semanas posteriores a la fuga, cargando el triste logro de ser responsable de la vergüenza de su jefe, el presidente Peña Nieto, durante una gira por Francia que recordó otro bochorno presidencial, en noviembre de 2014, cuando el mandatario realizaba un viaje a China mientras en México estallaban las revelaciones periodísticas de la “Casa Blanca”.
El balance inicial sobre los responsables de la fuga del líder del Cártel de Sinaloa apuntaba hacia el sistema de inteligencia mexicano, en particular al Cisen, que conducía Eugenio Ímaz, un operador estratégico de Osorio que en los años ochenta tenía una modestísima vida pública como camarógrafo en el gobierno estatal —incluso intentó ser actor— hasta que fue tomado de la mano por el que desde entonces fue su jefe.
Tras la evasión de Guzmán, fuentes mexicanas y estadounidenses aseguraron extraoficialmente que durante meses alertaron al gobierno mexicano sobre un singular relajamiento de la seguridad en torno a Guzmán Loera, lo que incluyó coloquios con sus abogados fuera de control, menores escuchas sobre su familia directa y licencias dentro del penal del Altiplano que no se concedían a otros reos.
La prensa internacional y el gobierno estadounidense empezaron a sugerir que esas alertas fueron canalizadas al Cisen, definido desde inicios de la administración de Peña Nieto como la “ventanilla única” de interlocución con agencias como la DEA y el FBI en materia de inteligencia sobre grupos criminales. Incluso hubo indicios de que Washington había pedido en los meses previos la extradición de Guzmán, encontrando resistencias en algunas instancias del gobierno mexicano, que criticaban el “excesivo” número de extradiciones otorgadas durante la administración anterior, del panista Felipe Calderón.
Ese clima de desconfianza hizo resurgir viejos señalamientos levantados contra Osorio Chong cuando, siendo gobernador de Hidalgo, líderes de oposición lo acusaron de delincuencia organizada y lavado de dinero. La PGR lo exoneró en marzo de 2012. En ese año se registraron las primeras imputaciones contra sus hermanos Luis y Eduardo Osorio por operaciones bancarias sospechosas en HSBC —una institución acusada internacionalmente de lavado de dinero—, lo que también fue legalmente desestimado.
En los años posteriores, ya en el gobierno de Peña Nieto y con Osorio como secretario de Gobernación, se multiplicaron los señalamientos contra Eduardo Osorio por presionar a funcionarios federales y locales para hacer negocios, con lo que ganó, a pulso, el carácter de “hermano incómodo”. En abril de 2015 Osorio rechazó ser propietario de una residencia que habitaba en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, ligada con Carlos Aniano Sosa, un contratista en Hidalgo y a nivel federal.
Tras la fuga del Chapo prevalecieron las sospechas que despertaba la figura del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, que fue destituido tras estos hechos sin fincarle ninguna responsabilidad legal.
En esas semanas se recordó la extensa trayectoria de Rubido en temas de inteligencia sobre grupos criminales. Se refirió que en 1994 un grupo de colaboradores cercanos a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República (asesinado en marzo de ese año en los suburbios de Tijuana), le mostró un expediente con indicios de que podía ser víctima de un atentado mortal. El sonorense desestimó el hecho. “No se van a atrever”, aseguró, según confió un testigo directo de la reunión.
Colosio preguntó quién había integrado el expediente y surgió el nombre de Monte Alejandro Rubido. Este último no era ajeno al primer círculo colosista. Meses antes, desde su oficina en el Cisen, había surgido la alerta contra la intención de que la campaña presidencial arrancara en Chiapas, donde desde meses antes se multiplicaban reportes de un inminente levantamiento guerrillero armado.
El episodio constituía apenas una anécdota en la controvertida trayectoria de Rubido García, a lo largo de casi tres décadas, dentro de los sistemas de espionaje y seguridad nacional en el país. Una presencia que creció y se fortaleció bajo cinco presidentes, de diversos partidos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Esa influencia le permitió permanecer lejos de indagatorias judiciales formales en torno a la escandalosa fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano.
Investigadores federales revelaron en ese entonces a este autor que el excomisionado nacional de Seguridad decidió retener, bajo su personalísimo control, evidencias —entre ellas varios videos— cruciales para entender qué ocurrió la noche en que oficialmente Guzmán Loera desapareció de su celda.
En el expediente del caso, integrado bajo la supervisión de a la sazón procuradora general, Arely Gómez, abundan declaraciones según las cuales hubo reiterados reportes de que el capo no era objeto de las políticas carcelarias en materia de seguridad y que, por ejemplo, se le permitía, efectivamente, intercambiar con sus abogados notas manuscritas de las que se desconocía su contenido. Las fuentes consultadas aseguraron que la mayor parte de esos reportes llegaron hasta la oficina de Rubido García, sin que atrajeran los correctivos esperados.
Investigaciones adicionales detectaron también una red de complicidades en torno a la escandalosa fuga. Decenas de presuntos implicados fueron arrestados pero paulatinamente liberados. Diversos testimonios apuntaron en un sentido distinto al que la autoridad había querido orientar la explicación de los hechos. La fuga del Chapo no habría sido producto de un genio criminal que construyó un túnel capaz de burlar los controles más sofisticados del mundo, sino resultado de una corrupción enorme de funcionarios públicos de todos los niveles.
Rubido (Ciudad de México, 1954) había habitado desde 1986, casi la mitad de su vida, oficinas del espionaje gubernamental, desde antes de que fuera creado el Cisen, del que fue fundador y cuyos más altos cargos ocupó más de una vez.
Veterano personaje en el escenario político del Estado de México, fue señalado de establecer sistemas de espionaje para las administraciones estatales encabezadas por Emilio Chuayffet y Arturo Montiel, el padrino político de Enrique Peña Nieto. El peso del que Rubido hizo gala durante el priismo no sufrió demérito sino que incluso se amplió en los gobiernos panistas de Fox y Calderón, a los que entró de la mano de su anterior compañero en el Cisen, Genaro García Luna.
Rubido fue destituido finalmente el 27 de agosto de ese 2015, 46 días después de la fuga de Guzmán, como titular de la CNS. Su relevo fue Renato Sales. El personaje más notorio en la historia de la evasión del narcotraficante más conocido en el planeta optó por la discreción y el bajo perfil que imponen las leyes no escritas del sector. Hasta el cierre del gobierno de Peña Nieto no había sido incomodado por algún fiscal sobre el espinoso episodio de la fuga del Chapo.
La extraña recaptura de Guzmán
La saga de incongruencias oficiales en torno al Chapo no cesaría. Alcanzaría a la historia oficial de la detención del capo, la madrugada del viernes
8 de enero de 2016.
Un video difundido el miércoles siguiente por la entonces procuradora de la República, Arely Gómez, impulsó una versión insostenible sobre lo ocurrido con la llamada Operación Cisne Negro.
Informes facilitados a este autor dan cuenta de una estrategia diseñada por agencias de seguridad del gobierno estadounidense, en particular la DEA. Ello incluyó rastreadores colocados en vehículos que se presumió eran usados por el capo y colaboradores cercanos para sus traslados. Uno de esos vehículos fue incautado por la PGR sin conocer la existencia de esos rastreadores, pero la DEA solicitó que fuera regresado porque formaba parte de la investigación.
Ese rastreo permitió detectar una serie de casas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a las que esos vehículos ingresaban. Con base en esos datos fue armado el operativo, bajo la presunción de que serían arrestados importantes operadores del Chapo. La DEA consideraba remoto que en una de esas casas estuviera el propio Guzmán, según los reportes difundidos posteriormente.
El día del operativo presuntamente liderado por la Marina (en realidad conducido por la DEA) diversas casas fueron allanadas en busca de narcotraficantes, en una estrecha calle de Los Mochis, dentro de la colonia Las Palmas, una nueva urbanización de la ciudad. Se detectó que varias de estas viviendas estaban conectadas por túneles subterráneos.
Pero Guzmán sí se hallaba en una de esas casas, y al enterarse del operativo en marcha entendió que las casas circundantes conectadas por túneles podían ya haber sido allanadas o “reventadas”, como se alude en el caló policiaco. Por ello se introdujo en el drenaje urbano, que sin embargo se hacía más angosto según iba avanzando hasta obligarlo a avanzar a rastras, acompañado sólo por su pistolero de más confianza, Iván Gastélum, “el Cholo”. Se estima que permanecieron dentro del drenaje al menos cuatro horas.
Contra lo informado, la Marina no vigilaba previamente la red de alcantarillas por la que escapó el narcotraficante. De acuerdo con un recorrido hecho entonces directamente por este autor acompañado de especialistas en la materia, se trataba de una red de drenaje nueva, de poco más de un kilómetro en línea recta. Al menos 24 horas después de la evasión, periodistas encontraron en una de las rejillas un rifle automático, abandonado por Guzmán y su escolta. Las omisiones en el reporte de los marinos eran evidentes.
La historia ofrecida por la PGR —que inicialmente erró hasta en el día de los hechos— suprimió la existencia de un segundo vehículo robado a mano armada por el capo y su pistolero. La dueña de ese vehículo, un Focus rojo, reportó el asalto, lo que, según fuentes disponibles, atrajo una alerta policial de carro robado en el llamado C-4 de coordinación. Ese reporte fue el que permitió la detención del vehículo y sus ocupantes.
Contra lo informado oficialmente, nunca se supo por qué los policías federales que detuvieron al Chapo y su escolta —al sur de Los Mochis— lograron hacerlo sin violencia (Gastélum portaba una pistola) y los resguardaron en el motel Doux, a ocho kilómetros de distancia, hacia el norte, cuya propiedad era atribuida a un narcotraficante de la plaza, “El Chapo Isidro”.
Pasaron frente a la ciudad, donde había un cuartel de la Policía Federal y un destacamento de la Marina, donde habrían estado mejor protegidos, pero siguieron de largo. Si ya estaban en la salida norte, pudieron seguir de frente unos kilómetros más, hasta la base militar del Ejército en el vecino poblado de Zapotitlán, pero tampoco lo hicieron.
Posteriormente a los hechos, el comisionado estatal de la Policía Federal, Nicolás González Perrín, habló de que un convoy de vehículos sospechosos se acercaba a la zona con el aparente propósito de rescatar al Chapo, por lo que los agentes se refugiaron en el referido motel, un inmueble de fácil acceso, totalmente vulnerable ante un asalto armado.
Los policías federales no reportaron a la Marina la detención ni el resguardo en el motel Doux. Reportes disponibles y versiones difundidas localmente permiten suponer que sus comunicaciones de radio fueron interceptadas por operadores militares, lo que atrajo a la Marina a la zona. Y que una vez ubicados hubo un largo regateo entre policías y marinos, hasta que desde la capital del país se ordenó entregar a estos últimos a Guzmán.
El capo fue conducido de inmediato a una pista aérea. Expertos consultados identificaron a agentes de la DEA usando chamarras de la PGR en las imágenes en donde se ve al narcotraficante subiendo a la aeronave que lo llevaría a la capital del país y, según se asumía ya entonces, a una pronta extradición hacia Estados Unidos, lo que ocurrió justo un año después, en enero de 2017.
Los problemas de la versión difundida por la PGR de Arely Gómez no se agotaron en lo que dijo sino que se extendieron a la pobreza que exhibió la tarea que le correspondía a la procuraduría en este caso.
Por segunda ocasión Guzmán Loera se había fugado de un penal de alta seguridad y se lograba arrestarlo de nuevo. También por segunda ocasión, la autoridad no reportó ni dio indicios de que tuviera declaraciones del capo sobre los implicados en sus evasiones, de las autoridades a las que sobornó, de los empresarios que le ayudan a lavar dinero ni de otros muchos cómplices que necesariamente debían existir.
En lugar de ello, el país asistió al morboso festín en donde se colocó a la actriz Kate del Castillo, como amiga del Chapo Guzmán. Los especialistas preguntaban en esas semanas sobre la seriedad de versiones que buscaban desestimar las destrezas de un narcotraficante cuyo cártel opera en 56 países y en al menos 200 ciudades de Estados Unidos.
Nueve meses después de haber sostenido estas versiones y sujeta a una dinámica de desgaste, en particular con el equipo de Los Pinos, la procuradora Gómez dimitió de su cargo. Fue relevada por Raúl Cervantes.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, perdió por este caso su calidad de “político teflón” que le permitía no registrar daño en su imagen pública pese a diversas crisis en las que se vio implicado. Con su fuga, Guzmán Loera impuso en adelante al funcionario la calidad de no confiable.
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Capítulo 1
El origen. El pacto con Calderón
El estilo político de Enrique Peña Nieto no lo llevó jamás al debate en la tribuna ni en las plazas, a la batalla a campo abierto. Lo suyo fue el acuerdo en discretos coloquios. A su tutor, el exgobernador Arturo Montiel, le debe haberlo impuesto primero como diputado local, líder del Congreso estatal y luego gobernador en el Estado de México, por lo que no debió librar aduana alguna en el partido donde militaba por tradición familiar y de clase política: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su ascenso fue rápido, relativamente fácil y aceitado por un caudal irrefrenable de dinero —código esencial de la política mexiquense—.
Una vez en el palacio de gobierno estatal, Peña Nieto tejió una urdimbre de acuerdos con los gobernadores que fueron electos en coincidencia con los años de su gestión (20052011). Con ellos construyó su postulación presidencial, apoyado por dos mandatarios estatales: Humberto Moreira, de Coahuila, y Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo.
La actividad partidista nunca lo cautivó. Receló de los dirigentes del PRI con los que se debió cruzar. Un antecedente obligado en su biografía política fue Isidro Pastor Medrano, quien usó la dirigencia en el PRI estatal para disputarle a Peña Nieto en 2004 la candidatura a la gubernatura.
De esa misma época data una guerra de baja intensidad, que se ha prolongado por años, una batalla tras otra, contra Roberto Madrazo, expresidente del PRI nacional, y su grupo cercano, en el que militaron Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y coordinador de la campaña presidencial de Madrazo en 2006; Elba Esther Gordillo, secretaria general del PRI con Madrazo (20022005), aunque en 2003 rompió ruidosamente con él; el gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz y César Augusto Santiago, entre otros. El pragmatismo político pudo haberlo acercado circunstancialmente con alguno de ellos, como Beltrones Rivera. Pero incluso en esos momentos ambos supieron que se profesaban una mutua desconfianza.
En 2004 y 2005 el grupo de Madrazo lo había despreciado como aspirante a suceder a Arturo Montiel en la gubernatura del Estado de México. Alentaron al exdirigente priista y entonces diputado local, Pastor Medrano, a hacerse de la candidatura, por las buenas o por las malas. En las semanas previas a la definición sobre quién sería postulado, en el municipio de Naucalpan hubo un acto multitudinario a favor de Pastor, que el equipo de Peña Nieto identificó como organizado a trasmano por la dirigencia nacional del PRI, en particular la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y César Augusto Santiago.
En la primavera de 2005, ya arrancadas las campañas y con Peña Nieto como candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una reunión en Toluca los congregó a él, al gobernador Montiel, a Madrazo, dirigente nacional del PRI, y a Jesús Murillo Karam, designado delegado del partido en el estado a solicitud del exgobernador Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto.
“Gobernador, nuestro candidato arrancó 12 puntos atrás de [Rubén] Mendoza Ayala” (postulado por el Partido Acción Nacional —PAN— y Convergencia). “No lo conoce nadie; me temo que nos va a hacer perder”, dijo Madrazo, quien había evitado asistir a la ceremonia de postulación de Peña Nieto, como lo haría el resto de su campaña. Girando la mirada hacia Murillo Karam, le subrayó: “Te lo dije, Chucho, fue mala idea que vinieras acá”.
Meses atrás, antes de asumir la representación partidista en el estado, Murillo se había reunido en Toluca con Del Mazo y Peña Nieto cuando éste era un inquieto aspirante a la gubernatura. Conversaron largamente. Al regresar a la Ciudad de México, Murillo les dijo a sus cercanos: “Este muchacho, Peña, puede llegar a ser algo. Si sólo dejara de ser tan formalito, con esas corbatitas”.
Cuando Madrazo se había retirado de aquella tensa reunión, en el salón continuaron conversando Montiel, Murillo y Peña Nieto. El gobernador reveló tener una estrategia para sobornar a la dirigencia del PAN, por conducto del polémico líder Ulises Ramírez, conocido por su venalidad, con el fin de que se le quitara la candidatura a Mendoza Ayala y poner en su lugar a José Luis Durán Reveles. Éste había sido alcalde de Naucalpan (19972000) y subsecretario de Gobernación (20002003) bajo la presidencia de Vicente Fox. En 1999 fue derrotado por el propio Montiel en la contienda por la gubernatura.
Murillo se opuso. Argumentó que las campañas son para contrastar personajes y propuestas. Y que no imaginaba mayor contraste que el que ofrecían Peña y Mendoza Ayala.
“Yo me hago cargo —advirtió—. Pero tú —le dijo a Peña— a partir de mañana te remangas la camisa, te olvidas de las corbatas y te entregas a la gente. Déjanos lo demás a nosotros”. “Lo que digas, Jesús”, contestó el interpelado.
“Lo demás” —como lo había llamado Murillo Karam y como lo publicó reiteradamente la prensa mexicana— fue un flujo incesante de dinero público y privado en favor de la campaña de Peña Nieto, estimado en 1 000 millones de pesos, cuando el tope de gastos autorizado fue de 216 millones. La consultora Ibope calculó que sólo en medios de comunicación la campaña oficial había erogado 300 millones de pesos. El día de los comicios, 4 de julio de 2005, Peña Nieto ganó la gubernatura con 47.5% de los votos. Rubén Mendoza obtuvo 24.7% de los sufragios. Yeidckol Polevnsky, del PRDPT (Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo), logró 24%.
Peña Nieto había arrasado en las urnas. Pero cuando los vítores comenzaron a acallarse, el escenario nacional reclamó su atención. Traía en carne viva las humillaciones de Roberto Madrazo, que seguía siendo presidente nacional del PRI, y en noviembre de ese mismo 2005 se hizo de la candidatura para las elecciones presidenciales de 2006.
Para consumar su propósito, Madrazo aplastó las aspiraciones de Arturo Montiel (el tutor político de Peña Nieto) pues, según todas las evidencias, fue él quien filtró a medios información sobre la riqueza del exgobernador mexiquense, sus residencias en el extranjero, lo que incluyó un departamento de lujo en París, donde protagonizaba una amorosa historia con la periodista francesa Maude Versini, que lo volvió tema de escarnio nacional.
La intentona previa de Arturo Montiel de integrar un grupo de gobernadores y exgobernadores que formaron lo que fue bautizado popularmente como el “Grupo Tucom” (Todos unidos contra Madrazo), no pudo frenar al político tabasqueño en su ruta hacia la postulación presidencial con la dirigencia del PRI como plataforma.
El episodio no sólo hundió a Montiel, sino que lesionó la imagen de la clase política del Estado de México, y en particular la del gobierno de Peña Nieto. Desde el primer momento se dio a la tarea de sellar compromisos con gobernadores y futuros candidatos, muchos de ellos agraviados por Madrazo. Peña sabía que si Madrazo llegaba a Los Pinos su gubernatura se tambalearía y no habría futuro posible. En esta estrategia no podría acercarse al PRI, donde era un extraño y, además, sus dirigentes estaban al servicio de Madrazo.
La táctica desembocó naturalmente en urdir la derrota de Madrazo en la contienda presidencial, en la que se enfrentaba a Felipe Calderón, postulado por el PAN, y Andrés Manuel López Obrador, por el PRD. Había que escoger entre estos últimos a un aliado. La opción natural era el PAN, con el presidente saliente, Vicente Fox, y con el aspirante Felipe Calderón. Peña Nieto y los suyos se entregaron a la labor de derrotar al abanderado de su partido, aun cuando el PRI siguiera fuera de Los Pinos seis años más.
Estaba por consolidarse la historia de lo que fue denominado el “PRIAN”, que había tenido sus primeras expresiones desde la administración de Carlos Salinas de Gortari (19881994). Un pacto profundo entre ambos partidos, en diversos órdenes, que incluyó una virtual cohabitación de figuras del PRI y del PAN durante los gobiernos de Vicente Fox (20002006), Felipe Calderón (20062012) y el tramo inicial del propio Peña Nieto (20122018).
En su libro El amasiato (Ediciones Proceso, 2016), el periodista Álvaro Delgado establece que hacia finales de la campaña presidencial de 2006 se estableció un acuerdo personal entre Peña Nieto y Calderón, lo que incluyó un encuentro en el hotel Nikko de la Ciudad de México, con la intermediación del alcalde con licencia de Tlalnepantla, Ulises Ramírez. Habrían acudido Peña Nieto acompañado de Luis Videgaray, así como Calderón Hinojosa junto con Juan Camilo Mouriño. En esa reunión se habría pactado, dice el periodista Delgado, “el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones […] y el respaldo del michoacano al entonces gobernador para los comicios de 2012”. Delgado establece que dicho acuerdo buscó también expresamente impedir el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador.
Informes generados en los años recientes arrojan perspectivas adicionales y dan señales de una compleja urdimbre desarrollada por Peña Nieto y el grupo de gobernadores que cada día comandaba con mayor claridad.
El acercamiento entre Peña Nieto y Calderón Hinojosa también fue catalizado por versiones de que importantes líderes gremiales desarrollaban negociaciones con el equipo de López Obrador para una eventual alianza con rumbo a las elecciones. Entre esos dirigentes sindicales se encontraban Elba Esther Gordillo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Carlos Romero Deschamps. Ambos sostuvieron pláticas con Manuel Camacho Solís. Sin embargo, López Obrador rechazó reunirse con ellos y la propuesta se canceló. Eventualmente Gordillo apoyó a Calderón y Romero Deschamps se integró a la causa de Madrazo.
El esquema de acercamiento partió de la base de acuerdos previos con el presidente panista Vicente Fox, que emprendió, de la mano de las bancadas del PRI en el Congreso federal, reformas legales para transferir a los estados —bajo un superficial modelo de supervisión— partidas del presupuesto federal en montos nunca vistos bajo presidencias encabezadas por el PRI.
Fuera cual fuese la motivación para ello, las administraciones estatales comenzaron a experimentar una bonanza inédita y mayor autonomía sobre el ejercicio de esos dineros, que rayaba en la discrecionalidad. Pronto los gobernadores empezaron a no echar de menos la presencia de un presidente priista en Los Pinos. Comenzaba a construirse el hoyo negro de las enormes deudas estatales y los escándalos por el saqueo de fondos públicos. El país presenciaba cómo el perfil de los gobernadoressúbditos del presidente viraba hacia la asunción de “virreyes” estatales.
Gobernadores priistas consultados por este autor dieron cuenta de que el equipo del mandatario mexiquense Peña Nieto los contactó en las semanas previas a la elección de 2006 con la misma indicación: “Busca a Felipe, vía Camilo. Ofrece apoyo. Y pide lo que necesites, que te será concedido”.
A partir de ahí se multiplicaron los encuentros de gobernadores priistas (y de otros partidos) con Juan Camilo Mouriño, el hombre más cercano a Felipe Calderón. Un panista de nuevo cuño del que recelaban los panistas tradicionales. En el arranque del gobierno entrante, en diciembre de 2006, fue designado jefe de la Oficina de la Presidencia, luego secretario de Gobernación y al momento de su trágica muerte, en el avionazo del 4 de noviembre de 2008, tenía virtualmente en la bolsa la candidatura presidencial del PAN en 2012.
Yarrington y los pactos
CalderónPeña Nieto para 2006
Eugenio Hernández Flores, que había asumido la gubernatura de Tamaulipas en febrero de 2005, figuró entre los mandatarios cercanos a Peña Nieto que formó fila para pactar con Juan Camilo Mouriño, ofrecer apoyo a la campaña del PAN y pedirlo para sí y su propio grupo, con la confianza de que “te será concedido”. Lo que ocurrió durante el gobierno de Calderón demostró las dimensiones que pudieron alcanzar esos pactos.
En este caso, el tema puesto en la mesa fue Tomás Yarrington, tutor político de Hernández Flores y su antecesor en la gubernatura (19992005). En esa condición, Yarrington había figurado en el Tucom alentado en 2005 por el mexiquense Arturo Montiel para frenar a Roberto Madrazo. Yarrington mismo se presentó al país como un prospecto atractivo de candidato presidencial. Al mismo tiempo, sin embargo, autoridades judiciales en Estados Unidos estaban abriendo un expediente penal en su contra al considerar que durante su gestión el mandatario tamaulipeco actuó como cabeza de cárteles de la droga en la región que gobernaba, como posteriormente documentó la prensa de ambos países.
Fuentes de la nación vecina y del sector judicial mexicano revelaron a este autor que entre finales de 2011 y principios de 2012 la administración de Calderón recibió evidencias que presuntamente involucraban a Yarrington, pero rehusó proceder en su contra bajo el argumento de que funcionarios fiscales ligados al PRI se negaban a colaborar en las indagatorias.
El argumento con el que el gobierno mexicano se excusó de intervenir, y que compartió con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), estuvo dirigido al entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, designado posteriormente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y figura cercana a Emilio Gamboa Patrón, un veterano personaje del PRI que ha desempeñado múltiples cargos, entre ellos líder senatorial de su partido entre 2012 y 2018.
El cuestionamiento sobre Gutiérrez Ortiz Mena ante la DEA no pareció corresponder con las aparentes ligas del gobierno de Calderón con este personaje. En noviembre de 2012 Gutiérrez Ortiz Mena fue postulado por el propio Calderón para la Corte. Se dijo que ello había sido producto de un acuerdo del gobierno saliente panista con el equipo del entonces ya presidente electo Enrique Peña Nieto.
Los testimonios judiciales indican que la PGR, dirigida por Marisela Morales (abril de 2011noviembre de 2012), pudo iniciar sólo acciones menores en contra de Yarrington con el fin de incautarle propiedades que mantenía con prestanombres, pero quedó atada de manos para actuar sobre tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
Testimonios recogidos por este autor entre colaboradores de la entonces procuradora Morales indican que ella recibió instrucciones directas del presidente Calderón para mostrar a abogados cercanos al ya candidato presidencial Peña Nieto todos los expedientes que inculparan a exgobernadores o gobernadores priistas en activo.
Las fuentes estadounidenses consultadas dijeron que la procuradora Morales participó en diversas reuniones en Estados Unidos en las que recibió las referidas pruebas, pero careció de respaldo en la administración de Calderón para levantar cargos como los esgrimidos por fiscales estadounidenses. Se ignora si la señora Morales compartió con sus homólogos la instrucción presidencial de poner sobre alerta a posibles implicados en las averiguaciones.
Información proveniente del ámbito diplomático mexicano y europeo indica que tras la detención de Yarrington en Florencia, Italia, en abril de 2017, personajes de su entorno hicieron llegar amenazas a la exprocuradora Morales, quien en mayo de 2013 fue designada cónsul en la ciudad italiana de Milán y no se le removió sino hasta diciembre de 2018, al inicio de la administración de López Obrador.
Funcionarios estadounidenses consultados dijeron que el señor Yarrington llamaba la atención de fiscales del vecino país desde mediados de los años noventa, tras ser alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros (19931995). Antes fue diputado federal (19911992). En 1995 se incorporó al gabinete del entonces gobernador Manuel Cavazos. Las primeras indagatorias de lavado de dinero usando a prestanombres para comprar propiedades en territorio estadounidense surgieron en 1998. Pero entonces fue designado candidato del PRI a la gubernatura y todo entró en suspenso.
“Creemos que el señor Yarrington fue por años no sólo un colaborador de los cárteles del Golfo y Los Zetas, sino una de sus cabezas […] y así lo informamos a México”, dijo una de las fuentes consultadas.
De acuerdo con las mismas fuentes, la DEA contaba con una radiografía completa de la estructura de poder criminal de Yarrington, incluido el financiero y empresario Fernando Cano, ligado por años a los negocios inmobiliarios de políticos priistas en Tamaulipas y quien fue acusado de operar para Yarrington cuentas bancarias y compras de residencias en Estados Unidos utilizando dinero sucio. Cano fue hundido por su exesposa, que rindió testimonio ante la justicia estadounidense.
El otro operador clave de Yarrington, a quien la DEA atribuyó haber sido el canal con los narcotraficantes, fue Antonio Tony Peña Argüelles, el cual habría pactado con un cártel de las drogas la entrega de una cifra millonaria en dólares para la campaña del candidato priista a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, quien de acuerdo con los informes recabados fue ajeno al trato.
Torre Cantú (Ciudad Victoria, 1964), médico de profesión, inició su carrera política a los 25 años como coordinador de campañas sanitarias de Banrural. Llegó a ser secretario de Salud estatal y diputado federal bajo el ala protectora del gobernador Eugenio Hernández, quien en marzo de 2010 logró hacerlo candidato y su muy posible sucesor.
Tres meses después, en la mañana del 28 de junio, el convoy de dos camionetas que trasladaba a Torre Cantú al aeropuerto de Ciudad Victoria fue emboscado por un comando que empleó al menos ocho vehículos e incluyó a 16 sicarios que portaban uniformes similares a los de la Marina y actuaron en forma cronométrica, con tiradores profesionales.
Los vehículos utilizados, que en videos aparecen desplegados en forma estratégica horas antes de los hechos, interceptaron las camionetas del candidato. Según sobrevivientes de los hechos, Torre Cantú pensó que se trataba de un operativo militar de inspección y dijo a sus acompañantes: “Déjenme bajar para que los marinos me reconozcan”.
En sólo tres minutos, cuatro de sus acompañantes yacían muertos en el piso. Torre Cantú fue obligado a arrodillarse al pie de la carretera y ejecutado con tiros en la cabeza. En lenguaje del crimen, se cobraba así el incumplimiento de un trato.
En noviembre siguiente, el cártel que habría pagado para que se le garantizara protección difundió una carta en la que señaló a los hermanos Antonio y Alfonso Peña de un engaño. El 29 de ese mes, en Nuevo Laredo, el cadáver de Alfonso apareció junto a un mensaje que acusaba a Tony Peña de haberles robado cinco millones de dólares. Este último huyó del país, se entregó a la DEA y se convirtió en un testigo protegido —entre otros, en este caso— que aportó documentos y testimonios sobre Yarrington y su estructura criminal.
En 2016, por primera vez en casi 90 años de historia, el PRI fue derrotado en Tamaulipas por conducto del panista Francisco García Cabeza de Vaca. Eugenio Hernández, el sucesor de Yarrington en la gubernatura estatal, fue detenido en 2010 por vínculos con el narcotráfico y hacia finales de 2018 tenía otras acusaciones penales pendientes de ser desahogadas.
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Con todo ese antecedente de un camino pavimentado por un intenso cruce de intereses, Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012. Acumuló la convicción de que su historia personal demostraba que, en México, una buena estrategia de campaña, los amarres adecuados y el dinero necesario son suficientes para encumbrar a un candidato poco conocido y hacerlo remontar 30 puntos o más en las encuestas para vencer a sus adversarios. Él lo había logrado primero para conquistar su gubernatura y luego la presidencia, con el apoyo de un amplio bloque de gobernadores (del PRI y otros partidos), que a su vez ayudó en una cadena de favores que en sí misma explica en parte los escándalos que dominaron el sexenio 20122018.
La misma creencia pareció seguir acompañando a Peña Nieto en 2018, cuando se inclinó por su colaborador José Antonio Meade, que ni siquiera militaba en el PRI, para ser el candidato a sucederlo en la presidencia de la República.
En esta última ocasión el resultado fue desastroso. La noche del día de los comicios Peña Nieto convocó a sus colaboradores a Los Pinos para esperar los resultados oficiales. Una vez que se confirmó que Meade Kuribreña había logrado apenas un lejano tercer lugar, el silencio se extendió en torno al presidente. En algún lugar del salón alguien sollozaba. Todos esperaban una frase de él, una reflexión sobre la derrota, acaso una autocrítica. Peña Nieto tomó una copa, dio un sorbo, y dijo, en voz apenas audible, como hablando para sí mismo: “No tuvimos suficientes gobernadores”.
La Silla Rota te regala dps capítulos del libro La historia detrás del desastre de Roberto Rock L. con autorización editorial de Penguin Random House.