PACHUCA.- Por triangular recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) con tres empresas, los exrectores de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (Utec) Gerardo Lara, Arturo Silva, Santiago Cruz y Julio Márquez fueron inhabilitados por seis años.
Asimismo, la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo sancionó a los exfuncionarios de la casa de estudios Edgar Penguilly, Alma Moreno y Margarita Leo con inhabilitación para ejercer en el servicio público por tres años, según la resolución emitida el 30 de marzo.
El 24 de noviembre de 2014 la institución suscribió con el Issste el contrato abierto plurianual número AD-S-DA-SRMS-306/2014 para realizar el “Servicio de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA)” por 99 millones 432 mil 897.57 pesos y del cual derivaron tres subcontratos.
El convenio fue firmado por María Guadalupe Ruiz Rivas, en su carácter de apoderada legal, durante el periodo del rector Gerardo Marcelino Lara Orozco –quien estuvo al frente de la institución del 1 de abril de 2012 al 15 de mayo de 2015–.
La Contraloría identificó que el extitular del centro educativo incurrió en “omisión de dirigir el funcionamiento de la Universidad”, pues el contrato se celebró sin que la institución contará con la capacidad técnica, material y humana para la prestación del servicio, contraviniendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, permitió que dos personas que no se identificaron participaran como miembros del Comité de Adquisiciones de la licitación pública LA-913066991-N8-2015 y rubricaran las actas de la junta de aclaraciones y de notificación del fallo, sin estar facultados para ello.
GS SUMINISTROS Y SERVICIO TI
La Contraloría se basó en el procedimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) DN18001 denominada “Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos con la administración pública federal para el desarrollo de proyectos, adquisiciones y otros servicios de los ejercicios 2015 y 2016”.
El 18 de junio de 2015, el relevo de Lara, Arturo Silva Rodríguez, firmó el contrato PED/RM/LIC/ISSSTE.2/15 con la empresa GS Suministros y Servicio TI A.A. de C.V. por la prestación de “servicios de implantación y soporte técnico de un modelo de gestión y optimización de prácticas que aseguren a la universidad el desarrollo, administración, ejecución integridad y disponibilidad del ciclo de vida de los proyectos”.
Según la promoción de responsabilidad de la Contraloría, se subcontrataron las obligaciones adquiridas originalmente con el Issste a este tercero.
Esto transgredió el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual establece que para entregar un bien o prestar un servicio, las entidades del sector público deberán tener la capacidad para realizar este acto por sí mismas o, de requerir un acuerdo con terceros, éste no debe exceder 49 por ciento del importe total del convenio celebrado con el ente público.
“La Universidad Tecnológica de Tulancingo subcontrató servicios con tres personas morales por el 54.6 por ciento, en relación con el monto máximo contratado con el Issste y el 95.8 por ciento respecto al importe total pagado por el instituto, lo que a todas luces excedió el cuarenta y nueve por ciento del total contratado permitido por la ley”, señala.
El contrato fue autorizado por María Guadalupe Ruiz Rivas, abogada general, y firmado por Silva, encargado de la rectoría y posterior titular de la casa de estudios.
Para esta empresa Alma Moreno Latorre, exdirectora de Administración y Finanzas, autorizó un pago de 10 millones 942 mil 67.02 pesos. Posteriormente, su sucesora, Margarita Martha Leo Cuevas, avaló cinco erogaciones por 28 millones 14 mil 627.1 pesos.
CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA APLICADA
El 11 de marzo de 2016, Santiago Abel Cruz Lemus, –quien arribó a la rectoría el 17 de noviembre de 2015– firmó el contrato CON/RM/ADJ/ISSSTE.1/16 con la firma Consultoría en Tecnología Aplicada para el Crecimiento Organizacional S.A. de C.V. El documento también fue suscrito por el abogado general Edgar Penguilly Durán.
Aunque el convenio para que la compañía cumpliera con las obligaciones con el Issste tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, Cruz Lemus determinó concluirlo de mantera anticipada, a partir del 31 de julio de ese año.
Sin embargo, no se emitió un dictamen que precisara las razones o las causas justificadas para la cancelación del servicio.
Leo Cuevas autorizó a esta firma seis pagos por un monto total de 42 millones 714 mil 287.74 pesos por los servicios.
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De estos seis, el último, de 5 millones 303 mil 087.88 pesos fue avalado el 23 de diciembre por Julio Márquez Rodríguez –rector de la Tecnológica desde el 21 de octubre de 2016–; sin embargo, el órgano de control consideró que debió abstenerse del mismo, pues de esta manera no administró debidamente los recursos financieros de la institución.
NAVIT CONSULTORES
La exdirectora Alma Moreno Latorre también autorizó tres pagos por un monto total de 8 millones 8 mil 30.6 pesos a la empresa Navit Consultores S.A. de C.V., derivado del contrato CON/RM/LIC/ISSSTE.1/15.
El concepto fue proyecto de Servicio de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA) Unidad de mantenimiento y desarrollo de software2.
jgp