Hidalgo (La Silla Rota).- Como innecesaria calificó el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Humberto Vieyra Alamilla, el uso de la fuerza policial para la detención de Leonardo García Vázquez, ciudadano que denunció públicamente un posible conflicto de interés del exsubsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo Marco Antonio Rico Moreno.
Asimismo, consideró que con la vinculación a proceso por el presunto delito de difamación en contra de la Constructora Sylma –propiedad de Sylvia Rico Moreno, hermana del exfuncionario–, “se envía un mensaje incorrecto”, debido a que se interpreta como la inhibición del derecho a la denuncia.
“El mensaje no debe de ser que se acote la denuncia pública, lo que debemos hacer es estimular la denuncia pública, no hacer todo lo necesario para ir en contra de ella y hacer una desestimulación. No es un buen mensaje que quien haya tenido el valor para denunciar después sea vinculado a proceso”, expuso.
Vieyra Alamilla coincidió con que en este caso hay una doble afectación, debido a que, aunado a la judicialización del caso, el origen del caso son los daños a la vivienda de Leonardo García, ubicada en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de Zempoala, la cual se inundó por deficiencias en el drenaje y, por ello, tuvo pérdida de sus muebles. El ciudadano hizo público el caso, lo cual derivó en dos publicaciones periodísticas en el diario El Independiente de Hidalgo, el 8 de noviembre y 21 de diciembre de 2016, mismas que, a criterio de la Sissi Anette Rodríguez Fernández, quien lo vinculó a proceso el 15 de enero, contienen comentario “dolosos” del afectado, que dañaron la honorabilidad de la empresa.
“La denuncia pública se debe de fortalecer, debe seguir y debe ser respaldada por todas las instancias”, enfatizó, aunque acotó que ésta debe ceñirse al respeto a los derechos de terceros. “Cuando se cumplen esos requisitos no debe existir ninguna limitación”.
El uso de la Procuraduría General de Justicia del Hidalgo agentes por un delito menor, insistió, no era necesario, y opinó que antes de implementar un operativo para detenerlo el 11 de enero en el Estado de México, debieron emplearse mecanismos de justicia alternativa; “es decir, salidas alternas en asuntos no graves”.
Por este caso, Artículo 19 exhortó a la fiscalía para que “se abstenga de usar el tipo penal de difamación para inhibir libertad de información sobre corrupción de funcionarios”.
En la denuncia de García Vázquez se basó una investigación de Animal Político, la cual reveló que Sylma obtuvo 91 licencias de construcción mientras Marco Antonio Rico –hermano de Benjamín Rico Moreno, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Omar Fayad– desempeñó el cargo de subsecretario en la administración de Francisco Olvera Ruiz. Asimismo, Constructora Crimsa, de la que Marco Rico es accionista mayoritario, obtuvo 181 más.
El procurador Ramiro Lara Salinas justificó que utilizaron a los elementos de la corporación porque Leonardo fue citado a declarar, pero no asistió. En entrevista, el funcionario consideró que el ahora vinculado a proceso “excedió” los límites de la libertad de expresión, y atribuyó “dolo” en las denuncias que hizo públicas en medios de comunicación.
Aunque el 22 de agosto la contralora Citlali Jaramillo Ramírez confirmó que no iniciaron procedimiento contra el entonces subsecretario de Obras Públicas, por no recibir una denuncia, un día después de la vinculación a proceso de esta persona el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, informó que investigarán si se benefició del cargo público para que las empresas de su familia recibieran licencias.
La contralora había afirmado: “No podemos actuar con base a rumores, porque sería una ‘cacería de brujas’ que no tendría sustento”.
El responsable de la política interna también afirmó que Marco Antonio Rico renunció aproximadamente hace mes y medio “por cuestiones personales”. La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial la fecha en la que dejó el cargo y los argumentos expuestos; no obstante, no tuvo respuesta.
Con base en un comunicado de la Firma Jurídica Diaz, a cargo de la Constructora que acusa que fue difamada, el 3 de mayo de 2017, con Rico Moreno como subsecretario, inició el procedimiento de acción penal por particular por el delito de calumnia, tipificado en el artículo 194 del Código Penal del Estado de Hidalgo, con lo cual inició la causa penal 138/2017. El 5 de septiembre concluyó esta acción penal por particular y optó por acudir a la procuraduría estatal, la cual integró la carpeta 12-2017-12113.
Otro hermano de Marco Antonio, además de Benjamín, secretario de Medio Ambiente, y Silvia, dueña de constructora Sylma, es Mario Rico Moreno, quien el 18 de septiembre de 2016 fue designado por subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.