PACHUCA.- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que el Poder Judicial ha confirmado que la denuncia interpuesta por él contra Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se realizó en el marco de la ley porque existe la presunta comisión de ilícitos.
Tengo conocimiento de que el tribunal colegiado confirmó que las denuncias presentadas en su momento fueron acordes a derecho, que la información financiera era correcta, que había utilizado los recursos de manera ilícita al generar empresas fachadas y a transferir internacionalmente los recursos.”
Una de las más recientes corresponde al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que negó un amparo en revisión a Natalio Zamudio Isbaile, operador financiero de Sosa Castelán, quien pretendía anular la orden de aprehensión en su contra emitida en 2020 y todavía vigente.
El órgano señaló que hay indicios “razonables y suficientes” de que, en conjunto con Sosa Castelán, se movilizaron recursos de procedencia desconocida a empresas fachada y finalmente se depositaran a los beneficiarios finales, entre los que se encuentra Zamudio Isbaile.
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El exrector estuvo recluido del 31 de agosto de 2020 al 2 de febrero de 2022 –cuando obtuvo prisión domiciliaria con brazalete, por su salud–, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.
Santiago Nieto, quien acudió al Foro Anticorrupción organizado por el equipo de Julio Menchaca Salazar, mencionó que también existe una denuncia por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Hay algunas personas que todavía se encuentran prófugas. Creo que es importante que las fiscalías trabajen de manera coordinada para llevarlos ante los tribunales y creo que es el objetivo para el caso particular de Hidalgo.”
RELACIÓN MORENA-SOSA
El exservidor federal fue cuestionado sobre la relación del grupo político que encabeza Sosa Castelán con Morena, al que arribó en 2018, pero sostuvo que no se pronunciaría sobre esos temas, ya que sus funciones fueron de carácter administrativo.
Los Sosa obtuvieron candidaturas morenistas para los comicios de alcaldes en 2020, respaldaron la revocación de mandato –mediante la participación de actores como el excandidato Damián Sosa o la exdiputada federal Marivel Solís con la filial estatal del ente Que Siga la Democracia AC–, además de que el Partido del Trabajo (PT), donde también tienen influencia, ofreció públicamente el respaldo del “Grupo Universidad” en el arranque de campaña a la gubernatura.
“Yo solo puedo pronunciarme respecto a lo que conozco, que es el caso particular de Sosa Castelán, que fue el que me tocó denunciar, en su momento, ante la Fiscalía General de la República (FGR), inclusive mandar información al gobierno del estado de Hidalgo en cosas que pensaba que podían ser de competencia local. Respecto a los sistemas políticos, yo no soy político, soy técnico. Esa ha sido mi postura en el servicio público”, explicó.
Nieto Castillo aseguró que el aspirante al Poder Ejecutivo estatal buscará implementar mecanismos para eliminar el mal uso del presupuesto público.
“Yo veo al senador Menchaca Salazar comprometido con el tema del combate a la corrupción, creo que forma parte de su agenda política va ser uno de sus objetivos centrales. Para ello, y es una concepción mía, se debe erradicar la impunidad.”
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Cuando era titular del UIF, hace dos años, Santiago Nieto confirmó la operación en Hidalgo de células de Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo; sin embargo, el gobierno del estado ha negado en reiteradas ocasiones su presencia.
El abogado mencionó este jueves en la entrevista con medios de comunicación que la actividad se relaciona con la corrupción de los políticos, pero también de los agentes del Ministerio Público (MP) y la Policía, además de falta de combate a las estructuras financieras de los grupos y al sicariato.
“Los cárteles tienen un amplio nivel de movilidad, hay estados donde tienen mayor presencia como Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, respecto a otros, creo que es importante que se sigan combatiendo los delitos vinculados directamente, como narcomenudeo, en materia de salud, corrupción política que les da cobijo y el robo de hidrocarburos.”
Aseveró que el gobierno federal atiende, con los programas sociales, el problema de que la base social respalde a estos grupos por falta de empleo.
El gobierno federal informó en septiembre de 2020 sobre 19 grupos delincuenciales en el país, entre estos Santa Rosa de Lima, los Beltrán Leyva, la Unión Tepito, Los Rojos, de Tláhuac, La Línea, Nueva Plaza o Guerreros Unidos. Tlaxcala es el único estado donde no se reportó ninguno.
Esos organismos incurren en lavado de dinero para utilizar el recurso ilícito, mediante la creación de empresas fachada y transferencias bancarias que parezcan legales, dijo entonces Nieto.
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