Cuatro personas han sido detenidas, hasta el momento, por las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en contra de Gerardo Sosa Castelan ex rector y Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
De acuerdo con fuentes ministeriales, ayer fueron capturados Gerardo Sosa Castelan, así como María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso.
Las cuatro personas fueron ingresadas al Penal de El Altiplano en el Estado de México, donde se encuentra adscrito el juzgado federal donde son requeridos.
Durante la audiencia, que inició esta mañana, se espera que el Ministerio Público presente datos de prueba para imputar los delitos a las cuatro personas que hasta el momento ha sido capturadas.
Las fuentes ministeriales consulados informaron que hay más personas vinculadas al caso, por lo que faltan de cumplimentar ordenes de captura. Entre ellas, las de Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto.
El 4 de marzo de 2019, LA SILLA ROTA informó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo entregó, según el rubro becas y otras ayudas para programas de capacitación, cerca de 800 mil pesos a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato universitario, área de la universidad investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito público.
Esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República tres denuncias contra Gerado Sosa por los delitos de Lavado de dinero, Peculado y Defraudación Fiscal. A la fecha la UIF tiene congeladas diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en el sistema financiero los cuales ascienden a 151 millones de dólares.
“La UIF solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los procesos jurídicos de todos los casos. De esta manera la institución refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”.
mai