PACHUCA.- El gobierno de Hidalgo tiene pendiente solventar irregularidades por 141.9 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al periodo 2013-2018, de acuerdo con el informe del primer año de la administración federal.
El ente revisó con las contralorías estatales el debido ejercicio de los recursos públicos en las entidades y municipios. Entre las anomalías más frecuentes se encontró falta de documentación comprobatoria, recursos no devengados, conceptos de obra pagados y no ejecutados e inobservancia de disposiciones normativas aplicables.
Debido a que no se aportaron mayores elementos para solventar 40 señalamientos, el gobierno de Hidalgo debe reintegrar 41 millones de pesos, menciona el documento disponible en la página del gobierno federal.
Además, para subsanar 36 irregularidades por 30.9 millones de pesos está obligado a acreditar el inicio de procedimiento administrativo contra los servidores públicos responsables.
Un total de 27 anomalías, equivalentes a 2.6 millones de pesos, se encuentran en situación de posible prescripción; es decir, el órgano de control debe presentar el dictamen sobre que el tiempo legal para efectuar acciones administrativas ya pasó.
Por último, la SFP se encuentra en revisión de los proyectos de dictámenes de solventación de 54 observaciones, por 67 millones de pesos.
EMPRESAS ANÓMALAS
El 7 de junio, SFP inhabilitó por dos años y multó con 206.6 millones de pesos a firmas que trabajaron en México con la brasileña Odebrecht por proporcionar información falsa para obtener beneficios, entre ellas, Construcciones Industriales Tapia (Citapia), con sede en Tula.
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El 14 de mayo, el contralor estatal, César Román Mora Velázquez, informó que la dependencia indagaba por irregularidades a 126 firmas inscritas en el padrón de proveedores. Estas provenían 84 de Hidalgo, 12 del Estado de México, 18 de Ciudad de México, cuatro de Puebla, tres de Tlaxcala, tres de Guanajuato y dos de Querétaro.
El 5 de agosto, tras solicitar la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría canceló el registro a 90 empresas porque no cumplían con la normatividad, de las cuales 51 fueron vetadas de participar en procedimientos de contratación con recurso estatal: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres y licitación pública.
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