PACHUCA.- Hugo Pérez Ramírez, aún síndico hacendario de Tepeapulco, no se presentó a la sesión secreta del pasado viernes donde diputados locales aprobaron su destitución e inhabilitación por seis años para desempeñarse en puestos públicos.
Así lo informó Noé Hernández Bravo, secretario de la Comisión Instructora del Congreso local, quien, pese a la ausencia del asambleísta, procedió el juicio político ya que estuvo su defensa.
El legislador informó que una vez que encontraron al asambleísta responsable de haber firmado contratos fuera de sus atribuciones (indebidos), derivado de los cobros ilegales que efectuó a comerciantes del mercado de Ciudad Sahagún, la destitución e inhabilitación pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH).
A juicio de los integrantes de la comisión instructora encontramos algunas acciones que no correspondían a sus funciones establecidas en la Ley (sic); son alrededor de 70 fojas del expediente… no puedo dar mayor detalle, pues este asunto aún está vigente, ahora en el TSJH”, expresó el diputado en entrevista.
Por parte del ayuntamiento de Tepeapulco, se presentó la sindica jurídica Martina Elvia García, en su calidad de presentante legal, para hacer los señalamientos contra Hugo Pérez Ramírez.
La sesión secreta, en la que el pleno del Congreso de Hidalgo se erigió como órgano acusador, se realizó el pasado viernes, la cual duró cerca de cuatro horas. La procedencia del juicio político fue con 22 votos a favor y dos abstenciones.
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El pasado 24 de noviembre de 2021, un grupo de comerciantes de Tepeapulco se manifestó en el Congreso estatal para pedir la destitución del síndico Hugo Pérez, luego que no vieran avance a la petición que se ingresó a mediados del año pasado.
Los comerciantes inconformes acusaron a Hugo Pérez de pedirles dádivas para la regulación de permiso de arrendamiento en el mercado de la localidad, contratos para los que no tenía facultad y por los que presuntamente pedía entre 20 y 40 mil pesos.
Asimismo, el asambleísta acusó que los señalamientos eran consecuencia de una persecución política por pate de la alcaldesa Marisol Ortega, a quien señaló de presionarlo durante las campañas electorales para que renunciara a cargo de síndico hacendario.
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