De enero a marzo de 2019, 17 por ciento de los policías estatales no aprobó sus exámenes de control de confianza, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 00398719, que clasificó como reservado el número de elementos de la corporación.
Según el documento, 28 por ciento de los elementos asignados a las áreas de prevención y reinserción no pasó la prueba, tampoco 25 por ciento de los efectivos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y 20 por ciento de los uniformados municipales.
Las evaluaciones permiten comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los artículos 73 y 93 señalan que para permanecer en las instituciones de seguridad pública el personal de confianza y el que pertenece a la Carrera Policial tienen la obligación de obtener la certificación por el Centro de Control respectivo.
La Silla Rota Hidalgo solicitó información sobre el número de despidos de los oficiales desde el inicio de la administración hasta abril de este año y los motivos más frecuentes; no obstante, no hubo respuesta de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo.
El 31 de julio de 2017, con base en declaraciones del secretario de Seguridad de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, medios publicaron que al menos 70 elementos fueron dados de baja por diversos delitos, entre estos nexos con la delincuencia organizada, dedicada al huachicoleo.
Hasta mayo del año en curso, según Transparencia, no existían procesos vigentes contra efectivos estatales en la Comisión de Honor y Justicia.
INFORMACIÓN RESERVADA
Asimismo, respecto del número de policías que había en septiembre de 2016 y los que actualmente existen, señaló que el artículo N110 de la ley mencionada considera como información reservada aquella relacionada con el personal de seguridad pública.
De acuerdo con la respuesta, proporcionar la información puede poner en riesgo la integridad de cualquier persona, debido a que publicarla lesionaría la capacidad de defensa de las autoridades, al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia.
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