PACHUCA.- Organizaciones de la sociedad civil (OCS) y colectivas que trabajan en defensa de los derechos humanos de las mujeres rechazaron la resolución del magistrado Ángel Jacinto Abreu Gea, en la que confirmó la decisión del juez de control Pablo Coiffer Martínez de reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de violencia familiar, por el cual se le acusa a Germán M. S.
Germán, hermano de la diputada local Roxana Montealegre Salvador, fue detenido el 22 de septiembre por tentativa de feminicidio en contra de Maritza R. M., quien denunció a su pareja por presuntamente intentarla asfixiar con una almohada. Seis días después, en la audiencia inicial el juez de control reclasificó el delito y el imputado fue vinculado a proceso por violencia familiar.
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Por lo que, a través de un comunicado, las activistas integrantes de las osc y de las colectivas que firmaron el documento, exigieron que en todos los casos de violencia contra mujeres los tribunales de Hidalgo cumplan con la aplicación del criterio obligatorio de impartir justicia con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2016.
Dicho criterio establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo; carencia que detectamos inicialmente en dicha reclasificación y su posterior ratificación, por lo que hacemos un llamado a que se tomen en cuenta para este caso las relaciones asimétricas de poder que enfrenta la denunciante, y así cumplir con la obligación constitucional y convencional de remediarlas”.
Asimismo, advirtieron que seguirán atentas este caso para detectar violaciones a las garantías individuales de la denunciante, y pidieron que se garanticen los derechos a la integridad, una vida libre de violencia y a un proceso con perspectiva de género por parte de los juzgadores.
Por su parte, el viernes pasado la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) señaló que difería de la resolución de magistrado, pues a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Género apeló ante el Tribunal la determinación del juez de control de reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de violencia familiar en contra Germán, exaspirante a síndico en Mineral de la Reforma, quien enfrenta el proceso en libertad.
La PGJH difiere del criterio de minimizar el dicho de la víctima, ya que en cumplimiento al principio de buena fe, debe darse credibilidad por todas las autoridades sin necesidad de que una mujer deba presentarse con signos de violencia extrema para que pueda acreditarse la intención de su agresor de privarla de la vida y mucho menos el privilegiar la posición política del imputado frente a su obligación de garantizar la seguridad de esta, al no dictar la medida cautelar idónea que la garantice”.
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