PACHUCA.- Areli Rubí Miranda Miranda, diputada local independiente, presentó una propuesta de decreto para facultar al Gobierno de Hidalgo para que otorgue apoyo económico a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
Para ello, se encomendaría a la Procuraduría General de Justicia (PGJH) de realizar un padrón de hijas e hijos de las víctimas de feminicidios de la entidad, y emitir una constancia que acredite la circunstancia de víctima indirecta.
“Mamá le decía a papá: ¡déjame, déjame! Él respondió que no. Luego llevó las manos al cuello y su boca para asfixiarla. Después, mi mamá se quedó dormida y mi papá me llevó a la cama”, narró la diputada parte del testimonio que contó un niño de cuatro años.
Al día siguiente, continuó la diputada, “la madre de la víctima encontró al niño acostado a un lado de la mamá muerta tratando de despertarla. Este hecho dejó como víctimas indirectas a dos niños, uno de dos y otro de cuatro años”.
Bajo esa narrativa, la legisladora presentó su iniciativa, en la que detalló que de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género de Hidalgo, de 2016 a 2020, se registró la muerte de 263 mujeres, de las cuales 103 han sido tipificados como feminicidio.
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Mientras que en el mismo periodo por el delito de homicidio, 160 de ellas fueron asesinadas sin cumplir con el protocolo de feminicidio, por circunstancias diversas, de las cuales 71 eran madres, mientras que 69 fueron asesinadas por su pareja o expareja sentimental.
Las hijas e hijos de las víctimas por feminicidio no sólo se enfrentan al dolor por la crueldad con la que asesinaron a su madre, sino que se quedan bajo los estragos de las huellas de violencia previa, indefensión económica y en muchas ocasiones bajo la disputa legal entre la familia materna con la paterna en la búsqueda judicial por su custodia”, expresó.
Por ello, el decreto presentado busca facultar al Ejecutivo del Estado para otorgar apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, el cual será determinado por la Secretaría de Finanzas y tendrá vigencia hasta que el beneficiario cumpla su mayoría de edad, prorrogable hasta los veinticinco años de edad siempre y cuando el beneficiario acredite que continúa estudiando.
Además, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) será la encargada de emitir los lineamientos que regularán la operatividad de las y los beneficiarios. La iniciativa fue turnada a la comisión de seguridad ciudadana y justicia.
jgp