Raúl Montero de Alba, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, entregó esta mañana al Congreso local el XXVI Informe, que describe las actividades ejecutadas durante el 2019.
Durante la entrega que se realizó vía remota ante la contingencia del coronavirus, se enfatizó que durante el 2019 las autoridades estatales y municipales aceptaron el 100 por ciento de las recomendaciones emitidas. Además, destacan que hubo la aplicación de 341 medidas disciplinarias a servidores públicos, dirección de 35 recomendaciones por desaparición forzada y capacitación especializada a 148 mil 941 personas.
En el informe, se explica que durante este periodo se abrieron mil 188 expedientes de queja a través de las subprocuradurías con sede en Acámbaro, Celaya, Irapuato, León y San Miguel de Allende, lo que se traduce en 264 expedientes más que el 2018, significando un aumento de 28.5 por ciento.
Asimismo, la Procuraduría dio a conocer las instancias que más recibieron quejas. Encabezando esta lista, se señala a la Fiscalía General del Estado con 241 quejas, después la la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 147, siguiendo la Secretaría de Educación de Guanajuato con 110, y la Secretaría de Salud de Guanajuato con 67.
En el caso de las autoridades municipales, en primer lugar se encuentra León con 86
quejas, después Celaya con 53, Irapuato con 50, San Miguel de Allende con
36, Guanajuato capital con 29 quejas y Acámbaro con 25. En todos los municipios mencionados, los cuerpos policíacos son los más señalados en las quejas.
De lo anterior, destaca que los principales hechos violatorios señalados en las quejas fueron aquellos que implicaron un ejercicio indebido de funcionarios públicos, pues incurrieron en la violación del derecho a la integridad física, la violación del derecho a
la seguridad jurídica, la violación del derecho a la libertad personal y la violación del derecho de protección a la salud.
Derivado de estas recomendaciones, las autoridades estatales y municipales aplicaron medidas disciplinarias contra los servidores señalados, lo que se determinó en 98 elementos, 90 suspensiones, 82 amonestaciones, 18 arrestos, 13 cesados, 13 apercibimientos, 9 notas malas, 5 multas, 3 separaciones de cargos, 3 sanciones económicas 3 remociones y 2 llamadas de atención.
Por otras parte, se destaca la atención a 8 mil 229 personas dentro del programa de capacitación a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este es una acción permanente que tiene presencia en la mayoría del territorio estatal. De éstos, la Coordinación de Educación instruyó a 5 mil 634 personas y a través del Centro Estatal de Derechos Humanos se impartió a 2 mil 595.