PACHUCA.- El consejero Alfredo Alcalá Montaño señaló que la ruta para garantizar el voto a personas que enfrentan un proceso penal al interior o fuera de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), pero no han recibido sentencia, tardará cuatro años.
Recordó que en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las personas que llevan su proceso penal en libertad no pierden su derecho al voto.
De ahí, vienen una serie de casos, como el tema de los indígenas tzotziles que estaban privados de su libertad sin tener una sentencia y esta situación derivó a que exigieran que si no tienen una sentencia condenatoria tenían derecho a poder elegir a sus gobernantes”.
El 29 de febrero de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que las personas en esta condición estaban amparadas en el principio de presunción de inocencia y ordenó al INE valorarlas formas en la que se pudiera considerar su participación en los comicios.
Se estima que para el 2024 esta solicitud del Tribunal Electoral que le hace el INE pueda abarcar las diferentes circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios”.
Indicó que las autoridades electorales y el Congreso local deberán construir a los lineamientos técnicos y procedimentales para su implementación.
PILOTO EN SAN LUIS POTOSÍ
La Junta Local del INE en San Luis Potosí lleva a cabo el levantamiento de censos en las penitenciarías de esa demarcación para conocer cuántos internos son susceptibles de participar bajo esta modalidad, informó el vocal de ese estado, Pablo Aispuro Cárdenas.
“Es un tema inédito en materia de ejercicio de derechos políticos, debido a que nunca hemos instalados casilla dentro de las prisiones”. Señala en un comunicado emitido por el organismo autónomo.