PACHUCA.- La reforma electoral contempla el cambio de modelo de elecciones del sistema de partidos a usos y costumbres; no obstante, las localidades originarias deben realizar la petición con dos años previos a la jornada electoral de ayuntamientos, por lo que no será posible el próximo año.
Según el documento publicado en el Periódico Oficial de Hidalgo (POEH), la petición debe estar suscrita por la mitad más una de las comunidades indígenas del municipio, con el respaldo de sus respectivas asambleas comunitarias.
Cuando se determine la legalidad de la petición, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) realizará una consulta para determinar que los ciudadanos autóctonos están de acuerdo en cambiar de modelo.
Los aspirantes deberán garantizar participación equitativa e igualitaria de hombres y mujeres, respeto a derechos humanos y auto adscripción indígena calificada para ser candidato a síndico, regidor o alcalde.
INDÍGENAS EN SISTEMA DE PARTIDOS
Como norma general, los partidos deberán postular al menos 35 por ciento de aspirantes originarios en planillas de municipios con entre 35 y 50 por ciento de población con esta ascendencia. La cifra subirá a 50 por ciento cuando el nivel de habitantes sea de 50.01 hasta 65 por ciento, y de 65 por ciento de la planilla cuando la proporción sea de entre 65.01 y 80.
En municipios con población por encima de 80.01 por ciento los partidos deberán postular propietarios y suplentes indígenas en al menos 80 por ciento de su planilla"
En aquellos municipios cuyo porcentaje de población indígena sea menor del 35%, pero cuenten con comunidades originarias dentro del catálogo de comunidades indígenas establecido por la Ley de Derechos y Cultura Indígena.
OTRAS MODIFICACIONES
El documento también incrementa el porcentaje de prerrogativas destinado a capacitación y promoción política de las mujeres de cinco a ocho por ciento, elimina la bonificación electoral y mantiene en 25 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la base de cálculo de las prerrogativas para los partidos.
Entre otros temas establece como sanción para quienes incurran en violencia política de género la pérdida del derecho a obtener el registro como precandidatos o candidatos o la cancelación de la postulación en caso de que ya la hubieren conseguido.
Incrementa a 3 por ciento el porcentaje necesario para acceder a una posición de representación proporcional en los ayuntamientos, además de que el candidato a alcalde que no haya ganado también podrá formar parte del Cabildo.
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