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Por inundación, Derechos Humanos inicia quejas contra alcaldes de región Tula

Las quejas están dirigidas a las autoridades de Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama y Tepeji del Río

  • LORENA ROSAS
  • 13/09/2021
  • 18:48 hrs
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Por inundación, Derechos Humanos inicia quejas contra alcaldes de región Tula
Alcaldes contra quienes la CDHEH inició quejas de oficio tras inundaciones del 7 de septiembre. (Foto: Collage)

PACHUCA.- Para investigar si las autoridades municipales de Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama y Tepeji del Río aplicaron los protocolos correspondientes durante las inundaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició cuatro quejas de oficio.

A través de un comunicado, el organismo autónomo precisó que las indagaciones se empezaron para revisar si existió vulneración de los derechos humanos al momento de salvaguardar la integridad y seguridad personal.

Así como revisar si hubo suficiente protección de persona, debida diligencia y buenas prácticas de la administración pública.

La queja contra el municipio de Tlahuelilpan se radicó en el expediente CDHEH-TA-0178-21 y se inició contra el alcalde José Alfredo Díaz Moreno.

El señalamiento contra el presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón, se asentó en el expediente CDHEH-TA-0179-21. Ambas quejas de oficio están en la Visitaduría Regional de Tula de Allende.

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Las quejas se suman al expediente CDHEH-VdRO-0321-21, correspondiente a la visitaduría regional de Tepeji del Río contra el titular del ayuntamiento, Salvador Jiménez Calzadilla.

Mientras que la queja restante asentada en el expediente CDHEH-IXM-0257-21 fue la Ixmiquilpan dirigida a la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras.

En todos los expedientes, la Comisión de Derechos Humanos también señaló a los titulares de Comunicación Social y los directores de Protección Civil Municipal de los cuatro ayuntamientos en mención.

El organismo autónomo explicó que solicitará a las autoridades involucradas a que rindan sus informes para determinar la presunta vulneración de los derechos humanos de los habitantes.



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