Usuarios pidieron al Congreso del Estado participar como observadores en el análisis de la solicitud de revocación del título de concesión a las empresas Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río, que fue turnada a las comisiones de Agua Potable y Hacienda.
El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) son las empresas privadas que actualmente tienen la concesión para suministrar el servicio de agua potable y saneamiento en la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
El 18 de agosto la Comisión Permanente del Congreso del Estado dio entrada a la petición elaborada por el Movimiento Civil Independiente (Moci), en la que se solicitó la revocación de la concesión a ambas empresas, por diversas irregularidades en la prestación del servicio.
La presidenta de la Asociación de Residentes Unidos del Fraccionamiento Floresta e integrante del Moci, María Teresa Aguilar Bravo, señaló que integrar a usuarios en la discusión legislativa, permitirá dar certeza a la decisión que sea tomada por los legisladores.
“Vamos hacer la petición a las comisiones de Agua Potable y la de Hacienda, para coadyuvar, en ese proceso de revisión, para que sea de la manera más transparente posible y en apoyo a la ciudadanía, ante tantas irregularidades que estas empresas han cometido, en altas de tarifas, muy mala calidad del agua, altos costos de servicios”, añadió.
La integrante del Moci destacó que actualmente existen mil quejas que procedieron en contra del Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Señaló que por el momento la dependencia federal se encuentra en el proceso sancionatorio, en el que se han impuesto multas de entre 50 mil hasta 140 mil pesos a las empresas privadas responsables del servicio de agua potable a usuarios de la conurbación.
Lo anterior permitió que la autoridad certificara que existe un mal servicio por parte de las empresas privadas, lo que sirvió a los usuarios para sustentar la petición de revocación al título de concesión, añadió María Teresa Aguilar Bravo.